Las ONG exigen al Gobierno que "anuncie el cierre" de los CIE en lugar de "anunciar nuevas aperturas"

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) arrastran, desde su creación, una carga de polémica que parte de organizaciones, instituciones e incluso tribunales a nivel nacional e internacional. Pese a ello, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este martes la creación de tres nuevos CIE: en Madrid, Algeciras y Málaga. Durante su intervención en el Pleno del Senado, Zoido subrayó además que el ministerio estudia "un nuevo modelo" para trabajar sobre un "nuevo diseño" basado en "sacar a los policías de dentro y que otro tipo de persona con otra cualificación sea la que se encargue de los internos", mientras que la policía "se ocupe de sus misiones fuera".

Representantes del Ministerio del Interior han señalado en declaraciones a infoLibre que la propuesta se encuentra aún "en fase muy preliminar", y que "el ministro lo que hizo fue anunciar el inicio de estos estudios", cuyo contenido no detallan.

Los CIE, según la normativa que los regula, funcionan como centros temporales de internamiento, de modo que los inmigrantes a los que un juez ha enviado a uno de estos lugares sólo pueden permanecer en ellos durante un máximo de 60 días. En este tiempo es tramitada su expulsión del país, o bien son puestos en libertad. Aunque esta detención es uno de los procedimientos más comunes, teóricamente se trata de una medida extraordinaria que ha de tomarse únicamente cuando existen sospechas de que el inmigrante puede suponer "un peligro real para el orden público, presenta riesgo de incomparecencia o dificulta su expulsión".

Durante el año 2015, un total de 6.930 personas fueron internadas en régimen de CIE, según el último informe anual elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes de España (SJM-E). No obstante, sólo fueron expulsadas el 41,42% de las personas internadas, menos de la mitad. Según publicó el diario El País, en 2016 un total de 7.597 inmigrantes pasaron por estas instalaciones, pero únicamente se expulsó al 29% de ellos.

Los CIE en tela de juicio

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) denuncia que España practica en la actualidad un uso "desproporcionado y un abuso del internamiento" de personas migrantes. La organización critica que, en lugar de ser entendidos como una "medida excepcional", los centros funcionan como un recurso habitual de "internamiento reiterado de personas procedentes de países a los que su expulsión es inviable", de forma que la privación de libertad es, además, "una medida ineficaz".

La expulsión de únicamente el 41% de personas internadas "pone en evidencia el fracaso del modelo" que, además, se encuentra acompañado de una "clara vulneración del reglamento y su régimen interno", debido a un "incumplimiento sistemático de los derechos y garantías previstos". Cear pone sobre la mesa las lagunas a nivel asistencial, tanto en materia médica como social, jurídica o respecto a las infraestructuras que deben posibilitar las visitas externas. En este sentido, la organización apuesta por un escenario "en el que el internamiento de personas extranjeras que no han cometido ningún delito no tenga cabida", y propone el cierre de los centros existentes y el freno de la construcción de los nuevos. Por este motivo, considera Cear, el Gobierno "en vez de anunciar aperturas" tendría que "anunciar el cierre" de los CIE.

Clara García, coordinadora del grupo CIE de SOS Racismo Madrid, subraya que la ONG "lleva años pidiendo el cierre" y que, por tanto, "no comprende y rechaza profundamente" el anuncio proclamado por el ministro Zoido. A su juicio, "los CIE por su mera existencia vulneran los derechos" al tratarse de "un espacio que priva de libertad" con el objetivo de expulsar a los migrantes. García considera "contradictorio que para dar acogida se generen políticas de segregación como aumentar el número de CIE".

Por el contrario, SOS Racismo aboga por "una política de integración" en un contexto donde cualquier tipo de reforma de los centros de internamiento no tiene cabida: "La única alternativa respetuosa es su cierre y trabajar por políticas de inclusión". García recuerda, asimismo, las vulneraciones concretas que se producen dentro de las instalaciones, y añade que "más allá de que se muestren ineficaces, por encima de todo son inhumanos".

La polémica en torno a los CIE se ha visto alimentada con diagnósticos negativos que han inclinado la balanza hacia el sector más crítico. El pasado mes de febrero, la Defensora del Pueblo también señalaba a los CIE en su informe anual. El análisis afirma que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los CIE "no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias" en esta materia y pide por ello "una revisión profunda" del modelo. Insiste en que "la preocupación de esta institución por la situación de los centros de internamiento de extranjeros ha sido constante desde su creación", en 1985, cuando el Defensor del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Extranjería que los regulaban.

Estableció que esa medida tiene además un carácter "excepcional" de modo que "no es la sustanciación del expediente de expulsión, sino las propias circunstancias del caso, por razones de seguridad, orden público, etc., las que han de justificar el mantenimiento de esa pérdida de libertad, siendo el juez, guardián natural de la libertad individual, el que debe controlar esas razones".

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado mes de marzo su intención de precintar el centro de la Zona Franca por falta de licencia, decisión que acompañó con la petición de cierre definitivo. El Ministerio de Interior se ha mostrado ya contrario a la demanda catalana, y el Consistorio dirigido por Ada Colau ha zanjado que, si Interior se mantiene inamovible en dos meses, acudirá a los tribunales.

No es el único episodio reciente que pone a los CIE en el punto de mira. El 27 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid dictó la apertura de juicio oral contra un médico y una enfermera por un delito de imprudencia tras la muerte de Samba Martine, quien falleció en 2011 en el CIE de Aluche (Madrid) sin recibir asistencia médica. Precisamente el centro madrileño también ha sido foco de polémica tras el motín organizado en octubre de 2016, en el que los inmigrantes denunciaron las condiciones en las que se encontraban. La situación en el recinto ha sido denunciada por distintas organizaciones, sindicatos policiales y por el Ayuntamiento de la capital.

Búsqueda de medidas alternativas

La responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, Verónica Barroso, señala en conversación con este diario que "pueden existir vías alternativas", ya que los CIE "han de ser el último recurso". Barroso entiende que "en lugar de abrir nuevos centros", el Gobierno debería "adoptar medidas para buscar alternativas". Amnistía apunta en este sentido a las medidas que se aplican respecto a las personas imputadas por delitos –aunque matiza que no es el caso de las personas migrantes, a quienes únicamente se les achaca una falta administrativa–, como "el depósito de una fianza, o la retención de documentación y pasaporte". 

Barroso recalca que, aunque se les ingresa para ser expulsados, "la gran mayoría se quedan en España en situación irregular", lo que conlleva un "impacto muy negativo en la vida de estas personas", especialmente en aquellas que pertenecen a colectivos vulnerables y "que pueden estar internas en el centro, como mujeres embarazadas, menores, solicitantes de asilo o posibles víctimas de trata". 

Por su parte, Cear se refiere también a la búsqueda de alternativas y propone hacer uso de las medidas cautelares previstas en la Ley de Extranjería. Estas opciones "no conllevan privación de libertad con el cumplimiento de todas las garantías legales, respetándose el derecho de asilo, el derecho a vivir en familia, el interés superior del menor, el respecto a la dignidad humana y todos los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

El relator especial de los Derechos Humanos de la ONU defendió en 2010 la posibilidad de imponer la obligación de presentarse ante las autoridades competentes, medida actualmente prevista en la Ley de Extranjería y que también contempló el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los CIE son "siniestros", "desproporcionados", "costosos" y no cumplen su función, según los jesuítas

Ver más

Otra forma de mantener el control sobre los migrantes sin necesidad de internamiento apunta a la habilitación de un registro de personas extranjeras en situación irregular, iniciativa planteada también por el relator de la ONU, y que incluiría la provisión de documentos oficiales de registro. Asimismo, el relator François Crépeau expuso en su análisis la opción de iniciar diferentes sistemas de garantía, como la entrega de una fianza "para garantizar el futuro cumplimiento de los procedimientos de inmigración por una persona". De este modo, aquella persona "sometida a un expediente de expulsión, tendría que dejar un depósito, y si no comparece lo pierde", con el fin de que "la retención sea el último instrumento y no el primero".

En último lugar, otra de las medidas que ya están contempladas en la Ley de Extranjería es la de una residencia obligatoria en un lugar determinado. Este punto también fue expuesto por el relator de las Naciones Unidas, quien apuesta por la permanencia en un domicilio designado, un centro abierto u otro tipo de vivienda especial como por ejemplo una "red de pisos tutelados con retención de pasaporte en dependencias policiales y con presentaciones periódicas", propuesta respaldada por Jueces para la Democracia.

Pese a la oleada de críticas contra los CIE, Bruselas recomendó el pasado mes de marzo a los gobiernos europeos una ampliación del periodo de detención. Exige que los plazos queden marcados por las normas comunitarias: seis meses como máximo, año y medio en los casos extremos. Aunque Zoido ha declinado una posible variación de plazos, su plan de ampliar el número de centros ha generado un grito unánime de rechazo por parte de la sociedad civil.