La ONU cifra en 2.593 las víctimas del conflicto en el este de Ucrania

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció este viernes que los intensos combates, con armamento pesado incluido, entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos han dejado una media de 36 personas muertas al día en el este de Ucrania entre mediados de julio y mediados de agosto. Desde mediados de abril, la cifra de muertos asciende ya a al menos 2.593, precisó.

Su oficina publicó este viernes su último informe, que cubre entre el 16 de julio y el 17 de agosto. El documento expresa malestar por la muerte de civiles o las heridas sufridas por estos al verse atrapados en zonas urbanas o intentar huir de los combates usando los corredores "seguros" establecidos por el Gobierno, informa Europa Press.

En este sentido, Pillay denunció que "atacar de forma deliberada a civiles es una violación del Derecho Internacional Humanitario y por ello hay que hacer más para protegerlos". "Todos los implicados en las hostilidades en las zonas afectadas del este deben acatar en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, especialmente en las zonas densamente pobladas", reclamó.

Pillay defendió la "necesidad urgente de poner fin a los enfrentamientos y la violencia en las regiones del este, antes de que más civiles se vean dañados o forzados a huir, o se enfrenten a las intolerables calamidades de estar atrapados en una zona de conflicto".

En su informe, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documenta un amplio abanico de serios abusos de los derechos fundamentales "cometidos principalmente por los grupos armados" en Donetsk y Lugansk, según el comunicado. Igualmente, documenta violaciones cometidas por las fuerzas ucranianas en sus esfuerzos por recuperar el territorio perdido en estas dos regiones del este.

En concreto, se han podido documentar ataques contra civiles que huían de los combates y casos de civiles a los que los grupos armados han impedido huir de ciudades como Lugansk o Donetsk a medida que el Ejército cerraba el cerco. Asimismo, se han documentado casos de civiles muertos o heridos al huir de estas ciudades a través de los corredores seguros establecidos por el Gobierno y que atravesaban zonas de combate.

Por otra parte, considera que no se ha hecho lo suficiente para evacuar a tiempo de las zonas de conflicto, como las ciudades de Lugansk o Donetsk, a la población civil, en particular a los más vulnerables como los niños, cuya evacuación a otras zonas fue bloqueada en ocasiones por los grupos armados.

Abusos 

En otro orden de cosas, la oficina de Pillay también ha documentado "graves abusos de los Derechos Humanos por parte de los grupos armados" como secuestros, torturas físicas y psicológicas y maltrato a detenidos, a algunos de los cuales se ha sometido a trabajos forzados.

El informe estipula que, aunque la cifra exacta de personas detenidas no se conoce, a fecha de 17 de agosto al menos 468 personas estaban en manos de los grupos separatistas.

También las fuerzas ucranianas han cometido "violaciones de los Derechos Humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzoas y tortura". En este sentido, se pide a las autoridades "más control" sobre ellos y que se les instruya sobre Derecho Internacional Humanitario.

Según el documento, el Gobierno ucraniano ha detenido a más de 1.000 personas en el este argumentando "pruebas irrefutables de su participación en actividades terroristas", pero no en todos los casos se han seguido las reglas de procedimiento y hay datos de malos tratos durante el arresto o bajo custodia.

Por último, el informe advierte de que tres leyes aprobadas por el Parlamento y que dan más poderes a las fuerzas de seguridad en relación con la operación en el este "parecen estar en conflicto con las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos".

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Acabar con la impunidad

"La justicia y la rendición de cuentas deben reemplazar la impunidad para las graves violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en los últimos cuatro meses", reclamó Pillay, que defendió que se debe "aplicar la justicia para todos".

"Es esencial que el Gobierno adopte acciones firmes para evitar represalias y todas las otras formas de castigo ilegal. La aplicación del estado de derecho debe ser meticulosa y plenamente acorde con los estándares internacionales, si se quiere restaurar la confianza en las instituciones del Estado", remachó.