Corrupción política
‘Operación Térmyca’: el grupo empresarial investigado se dedica a recaudar impuestos para decenas de ayuntamientos
La Operación Térmyca, iniciada en Cataluña y que este martes se ha saldado con no menos de 11 detenciones, entre ellas la de dos exalcaldes de Convergència Democràtica (CDC), y el registro o el requerimiento de contratos en 23 ayuntamientos de seis comunidades, ha colocado en el ojo del huracán a un grupo empresarial que se dedica a recaudar e inspeccionar impuestos municipales en todo el país. A última hora de la noche de este martes los once arrestad
Ese grupo es CGI, siglas de Coordinadora de Gestión de Ingresos SA. Su último informe público, de mayo de este año, cifra en "más de 120" las entidades locales a las que presta servicios de colaboración en gestión tributaria.
Tres de las 11 personas cuya detención estaba confirmada a media tarde pertenecen al staff de CGI y así lo confirmaron a infoLibre fuentes de la investigación. El primero es su presidente, Ramón Solé; el segundo, su director de consultoría, Toni Martos; y el tercero, su director territorial en Madrid, Blas Acosta. Pasadas las seis de la tarde, nadie atendió el teléfono en la sede central del grupo, ubicada en Barcelona. CGI posee filiales en Madrid, Andalucía, Baleares y Canarias.
Los 15 ayuntamientos a los que la Guardia Civil ha requerido documentos se cuentan entre las 120 entidades locales a las que CGI declara prestar servicios. Y son estos: Barcelona, Llinars del Valles y Masquefá (Barcelona); La Seu d'Urgell (Lleida); Calonge y Girona (Girona); Cambrils (Tarragona); Alaior y Sóller (Baleares); Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid); Benicàssim (Castellón); Armilla (Granada) y Palos de la Frontera (Huelva).
Lo mismo ocurre con, al menos, cuatro de los siete consistorios donde se han practicado registros: Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la Comunidad de Madrid; y Tortosa, en Tarragona. Los otros consistorios en los que la Guardia Civil ha buscado papeles son los de Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar, en Cataluña, así como el de Trillo, en Guadalajara.
Lo que a primera hora del día comenzó como una operación que parecía exclusivamente centrada en el presunto amaño de contratos a cambio de mordidas en ayuntamientos gobernados por CDC adquirió dimensión estatal cuando trascendieron los registros en ayuntamientos de otras comunidades y la detención de Lucía Mora, quien, según la Cadena SER, fue hasta enero la interventora de Torrejón de Ardoz, uno de los municipios madrileños investigados.
Algunos aspectos de la operación, que permanece bajo secreto de sumario y cuenta con el amparo del juez de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), se presentan todavía confusos. Por ejemplo, por qué la Guardia Civil ha recabado información sobre contratos obtenidos por CGI en diversos ayuntamientos antes de que, según las fuentes del caso consultadas por este diario, el grupo absorbiese a Efial hace pocos meses.
Ese, Efial Consultoría SL, era hasta febrero de este año el nombre de la consultora cuyos contratos a dedo con el Ayuntamiento tarraconense de Torredembarra se convirtieron en uno de los elementos que pusieron en alerta a los investigadores hace dos años. El hilo terminó conduciendo hasta las mordidas del -supuesto- 3% que se embolsaba CDC a cambio de contratos amañados y en muchos casos a través de una fundación del partido, Catdem.
En febrero, Efial cambió su denominación por el de Consultora en Gestión Innovadora SL. No solo sus siglas son igualmente CGI sino que su actual presidente y su expresidente, Xavier Termens y Toni Martos respectivamente, ocupan también cargos en Coordinadora de Gestión de Ingresos SA. Según fuentes del caso, Termens no figura entre los detenidos.
La Guardia Civil también requiere papeles al Ayuntamiento de Barcelona en la macrooperación contra el amaño de contratos
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Cuando todo empezó en junio de 2014 en Torredembarra, Efial todavía no había cambiado de nombre. En aquella primera operación su ahora exalcalde, Daniel Massagué, de CiU, fue detenido. Y el hoy presidente de la Generalitat y entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, terminó investigado por los contratos que su ayuntamiento había adjudicado a Efial.
Las pesquisas sobre Puigdemont se abrieron a iniciativa de la Oficina Antifraude de Cataluña, cuyo prestigio se ha despeñado tras conocerse que su recién dimitido presidente conspiró con el ministro del Interior para rentabilizar políticamente ciertas investigaciones sobre adversarios catalanes del PP.
Aunque la operación se ha extendido a seis comunidades, CDC ha interpretado como otra muestra de juego sucio la detención de dos exalcaldes de CDC -Josep Manel Bassols, que gobernó Anglès (Girona) y dirigió la campaña de Puigdemont en 2011, y Andreu Martí, exregidor de L'Ametlla de Mar (Tarragona)- y el registro o requerimiento de contratos a varios ayuntamientos catalanes. “Sin duda, el autor intelectual nuevamente es el señor Fernández Díaz”, ha dicho la consellera de Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté, en referencia expresa a la operación policial.
