La oposición madrileña exige cuentas a González por los lazos de Capio con Caimán

Preocupación, indignación y acción. Tres actitudes que recorren la oposición madrileña en pleno después de que infoLibre revelara este jueves, 7 de marzo, que los dueños de Capio, el gigante de la sanidad privatizada –y gestor de cuatro hospitales públicos en la Comunidad de Madrid– se ocultan en las islas Caimán. PSOE, IU, UPyD y Equo coinciden en el diagnóstico, califican la información de "alarmante" y anticipan que no se quedarán de brazos cruzados. Que actuarán. Que demandarán información al Gobierno de Ignacio González sobre los vínculos de la compañía con el país caribeño. 

"Es muy inquietante, un escándalo que se deje la sanidad pública en manos de empresas alojadas en paraísos fiscales. Paraísos fiscales, economía de casino, evasión de impuestos y economía criminal están muy relacionados", aseguraba ayer jueves a este diario José Manuel Freire, portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid. Eddy Sánchez, líder de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, vislumbra una "relación directa entre el proceso de privatizaciones y la corrupción", entiende que "reafirma la sospecha de que tras las privatizaciones están los sobres", en clara alusión a los papeles de Luis Bárcenas, a la conexión entre el presunto cobro de comisiones ilegales y adjudicaciones de la Administración. El coordinador dibuja un "círculo vicioso". A saber: los ciudadanos "pierden la sanidad" y los trabajadores, "sus derechos", a la vez, aumentan los costes del servicio, merma la recaudación en las arcas públicas al sacar el dinero y no pagar impuestos, y todo ello exige nuevas externalizaciones y "sacrificios". 

"Mal está que se privatice la sanidad, pero peor está que se entregue a empresas de capital riesgo con raíces en paraísos fiscales. Estas compañías entran y salen, buscan una rentabilidad muy rápida. Buscan negocio donde no debería haberlo", terció Luis de Velasco, portavoz parlamentario de UPyD. Su juicio sobre la "alarmante" noticia es contundente: otorgar "pedazos de la sanidad" a este tipo de sociedades es, sencillamente, "irresponsable". 

Inés Sabanés, coportavoz de Equo-Madrid –sin escaño en la Asamblea de Madrid– empleaba ayer términos semejantes: es "impresentable que se especule con la salud", una gestión "temeraria y de riesgo que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema sanitario". 

Alerta ante la nueva ola de privatizaciones

Las cuatro formaciones avanzaron medidas inmediatas que se resumen en una: más información, conocer todos los detalles de la estructura de Capio y sus tentáculos en las Caimán y los contratos firmados con el Gobierno regional. Hoy viernes, la diputada socialista Laura Oliva registrará en la Cámara tres preguntas. Una, qué opinión tiene el Gabinete del PP de la "estructura internacional" del grupo. Dos, cómo valora que las compañías que conforman Capio tengan su sede en un paraíso fiscal. Y tercero, y ahí está lo mollar, si sabe "qué personas físicas o jurídicas integran el grupo". 

Freire recordó, por su parte, que el Gobierno de Ignacio González y del consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, preparan la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud. Confió en que el Ejecutivo autonómico no otorgue nuevos contratos a Capio, porque en tal caso el Partido Socialista de Madrid lo denunciaría ante la Comisión Nacional de la Competencia por "abuso de mercado". En la misma línea, Equo, que ya llevó a la Fiscalía el proceso privatizador de González, avisó de que si Capio consigue nuevos contratos, estudiará "acciones legales". 

IU-CM anunció una "batería de preguntas, en comisión y en pleno". Pero no sólo eso. Se apoyará en la "movilización social", convencida de que la protesta en la calle "surte efecto". Sánchez sostuvo que la información de infoLibre encaja dentro de su exigencia de una "auditoría pública y ciudadana", para que se sepa "quién está detrás" de las concesionarias y cuánto cuesta la cesión a medios privados. Sabanés apuntó que también Equo reclama una "auditoría ciudadana" de unas externalizaciones que no son más que un "expolio". Y algo más: cambios en el marco legal, para que la Administración no pueda firmar adjudicaciones con empresas radicadas en paraísos fiscales, y un registro público, accesible a los ciudadanos, para que se conozcan los cambios accionariales y las estructuras societarias de las compañías que firman con los gobiernos. 

UPyD baraja varias posibilidades: preguntas escritas o incluso petición de comparecencia del consejero. Todo ello, previene De Velasco, aunque la respuesta del Gobierno regional sea, "con seguridad, opaca". 

PSOE, IU y Equo lanzaron igualmente una advertencia más: si gobiernan, revertirán las concesiones a empresas privadas de la sanidad madrileña.