Organizaciones sindicales denuncian la "mala calidad" del empleo en servicios contra la violencia de género como el 016

UGT ha denunciado la "mala calidad" del empleo en los servicios públicos relacionados con la lucha contra violencia de género y ha reclamado recursos porque el sindicato ve "fundamental" que estos servicios sean de "calidad".

Así lo pone de manifiesto en el estudio Esto no es un negocio, la precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género elaborado por el sindicato, con la colaboración de la investigadora Marta Cabezas, de la secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT, Luz Martínez Ten, la secretaria de Igualdad de FeSMC-UGT, Vanesa Barco, y la propia Marta Cabezas, doctora en Antropología Social y jurista especialista en género.

Se trata de una investigación basada en las trabajadoras del teléfono 016 contra el maltrato y el Centro de Control de Medidas Telemáticas (COMETA), que concluye que "la mala calidad" del empleo en estos servicios "está deteriorando la atención a las víctimas" de violencia machista.

"La violencia de género no es un negocio", ha afirmado la vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, durante la ruega de prensa para la presentación del informe. "Es urgente apostar por empleos con derechos, salarios de calidad y condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras de los servicios de atención a la violencia de género", ha incidido.

Según ha lamentado, es un servicio "marcado por las políticas de austeridad y recorte" con "empleos precarios, externalización de servicios, condiciones de trabajo indignas y un empeoramiento de la salud laboral de las trabajadoras".

"No escatimar recursos"

Así, ha exigido que "no se escatime recursos en estos servicios" y ha demandado "servicios de calidad y estatales, que impliquen empleos y salarios dignos". Para ello, ha propuesto "que la Administración General del Estado inicie de inmediato el proceso de prestación directa de estos servicios en cuanto concluyan los contratos que ya están suscritos, para mejorar los niveles de empleo y salarios".

Además, mientras estos contratos estén suscritos, Antoñanzas ha exigido "ejercer desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género la función de control de los contratos, designando los recursos y estableciendo las directrices necesarias". También ha abogado por crear una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, que promueva la evaluación del impacto en la calidad del empleo y de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados.

Asimismo, ha pedido que se garantice que los servicios se presten por "personal cualificado en violencia de género, categorizado y remunerado como tal". "Se debe recategorizar al personal de manera que no se encubran trabajos cualificados bajo categorías profesionales no cualificadas", ha incidido.

"Esta investigación es solo la punta del iceberg de un problema más amplio", ha afirmado. La segunda fase de este proyecto incluirá la precariedad laboral en los servicios sociales de atención a la violencia de género autonómicos, municipales y locales.

"Columna vertebral de la ayuda a mujeres"

Por su parte, la secretaria de Igualdad de FeSMC-UGT, Vanesa Barco, ha defendido la "suma de fuerzas para buscar soluciones para estas trabajadoras" que, a su juicio, "son la columna vertebral de la ayuda a las mujeres que sufren la violencia de género en este país".

"Tanto el 016 como el Centro COMETA se encuentran externalizados, el primero desde 2007 y el segundo desde 2009", ha remarcado, destacando que el estudio de UGT "demuestra que la externalización es un factor de precarización del empleo en estos servicios".

La secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT, Luz Martínez Ten, ha afirmado que "la violencia de género no se puede gestionar desde el ámbito privado", "no se puede rentabilizar" porque "es una responsabilidad del Estado".

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En este sentido, ha manifestado que el Centro COMETA se rige bajo el convenio de Empresas de Seguridad, y el 016 bajo el convenio del Contact Center, "cuando ambos deberían estar bajo el paraguas del Convenio Único de la Administración General del Estado, que rige las relaciones laborales de la Administración Pública titular de estos servicios con sus trabajadoras".

Por su parte, la investigadora del estudio, Marta Cabezas, ha señalado que la externalización de este servicio "ni aumenta la calidad del mismo ni lo hace más eficiente". En este sentido, ha manifestado que "los procesos de gestión de la calidad de estos servicios se rigen por los métodos del call center, cuyos objetivos distan muchos de los servicios de atención a la violencia de género".

Además, ha apuntado que las empresas que llevan esta externalización no están especializadas en la violencia de género y sus objetivos empresariales no están alineados con los objetivos de las políticas públicas".