Un modelo en crisis cada vez más caro: la herencia franquista de Muface que nadie se atreve a tocar

Corría el mes de junio del año 1975 cuando una ley creó la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocida como Muface. Prácticamente a la vez, uno un poco antes y otro un poco después, se crearon dos modelos prácticamente idénticos: Isfas para las Fuerzas Armadas y Mugeju para el personal de la administración de justicia. El objetivo fue aglutinar lo que hasta entonces era una mutualidad "dispersa, fragmentada y desigual" que provenía de la etapa anterior a la creación de la Seguridad Social. Entre las tres mutuas se preveía dar cobertura a 300.000 funcionarios. Pero cuando el modelo cumplió once años, la Ley General de Sanidad de 1986 estableció que las tres debían integrarse en el régimen general, igual que hicieron otras. Sin embargo, han pasado 38 años y no se ha hecho. Y no parece que ocurra, al menos en el corto plazo. No será, sin embargo, porque Muface, que hoy da cobertura a 1,5 millones de personas, no se cuestione nunca. La última vez, esta misma semana.

Este 2024 ha tocado renovar un convenio que había sido aprobado en 2022 y que las aseguradoras que dan servicio a los funcionarios y funcionarias de Muface —SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV— pretendían mejorar. Y mucho. En concreto, su objetivo era lograr que el Gobierno incrementase en un 40% la prima, un porcentaje que el Consejo de Ministros rebajó este martes a un 17% que, según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se repartirá entre un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026. En números redondos, supone que lo que se pagará por mutualista pasará de 1.032 euros al año a 1.208 en 2026. Son 176,69 euros más. En total, entre los dos próximos años, 304 millones más de subida.

Pero las aseguradoras todavía no han dicho esta boca es mía. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo que el Ejecutivo ya está "en contacto" con ellas, porque son las que tendrán que decidir ahora si continuar trabajando bajo las nuevas condiciones o retirarse, algo con lo que ya amenazaron la semana pasada. Lo hicieron después de conocer que la primera intención era la de ofrecer un incremento de la prima de un 14%, tres puntos por debajo de lo finalmente planteado este martes.

"La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe). Puso además una amenaza sobre la mesa: con la financiación ofrecida tendrían que dejar de dar asistencia sanitaria. A su juicio, el deseo del Ejecutivo: "El fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública está firmado en los despachos del Gobierno de coalición".

Sin embargo, en ningún momento se ha manifestado esa intención. La ministra de Sanidad, Mónica García, que no obstante no tiene competencia en esta materia, ya desmintió que la posibilidad de acabar con Muface esté en la hoja de ruta del Gobierno, a pesar de considerar que éste sea un "subsistema anacrónico" que ni siquiera dispone de atención primaria. "Defiendo la sanidad pública, pero insisto en que esto no es mi competencia y en que creo que no hay ninguna intencionalidad más allá de, como en cualquier negociación, llegar a un punto común", señaló en una entrevista en la Cadena Ser. Su número dos, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, añadió que la intención del departamento es que los funcionarios sean tratados en el régimen general que, defendió además, sí podría absorber a ese millón y medio de pacientes nuevos.

Un traspaso constante a la sanidad pública

Según el informe Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario, publicado por el lobby de la sanidad privada Fundación IDIS, el número de mutualistas de Muface ha pasado de ser 1.187 en 2018 a 1.096 en el año 2023. Se trata de una bajada del 7,6% de pacientes producida, en cualquier caso, de manera paulatina, igual que ha sucedido con los acogidos a Isfas y Mugeju. En total, ha pasado de haber 1.829 mutualistas a 1.680. Un 8% menos.

¿Cuál es el motivo? Hay una letra pequeña en estos datos. "El problema de Muface es eso que se llama selección adversa", explica al otro lado del teléfono Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y atención primaria. "Los que abandonan el modelo son aquellos pacientes que tienen más patologías o más graves y que, por ello, prefieren ser tratados en el sistema público", explica. Un reciente estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le da la razón. Según pudieron comprobar los investigadores, entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.

Pero no hace falta fijarse en las peores enfermedades. Como detalla Simó, durante los peores años de la crisis no hubo tasa de reposición, lo que ha hecho que la edad media de los empleados públicos aumente y, con ella, las patologías asociadas al envejecimiento. En concreto, y según un informe realizado por Aspe y la Universidad Complutense de Madrid, el mutualista medio de Muface tenía 57,8 años en 2022 y 54,2 en 2013. "El incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria", señala el estudio de IDIS.

Y en eso se apoyan las aseguradoras para pedir más fondos. Pero lo cierto es que éstos nunca han dejado de subir. Y que el incremento planteado por el Gobierno hasta 2026 supondrá, además, el mayor de la historia, puesto que el porcentaje medio de subida se ha situado por ahora en el 4,4% anual. Entre los dos últimos convenios, y según la Fundación IDIS, fue de un 5,57%. En los últimos diez años, el Gobierno ha incrementado la partida destinada a Muface en un 32%.

Prácticamente en el mismo periodo, según recoge Simó en su blog, el porcentaje de mutualistas de Muface que eligen aseguramiento público se ha casi duplicado de 2005 a 2022, pasando del 13,47% al 26,79%.

Enriquecimiento constante

SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV defienden, en cambio, que las pérdidas entre las primas y las prestaciones son ya cercanas a los 200 millones de euros. Sin embargo, si se observa la facturación se comprueba que las ganancias de estas tres compañías son evidentes. Según el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024 publicado también por la Fundación IDIS —lobby del sector— las tres compañías ganaron en 2023 5.551 millones de euros. Ese año además, de entre todas las compañías aseguradoras, SegurCaixa Adeslas fue la que más beneficio consiguió.

"Si hay ciertas empresas aseguradoras que continúan prestando este tipo de servicios es porque ganan", valora a infoLibre Fernando Lamata, médico y ex secretario general del Ministerio de Sanidad. A su juicio, ya no es sólo por lo que se gana por esta asistencia de manera directa, sino porque la cobertura sanitaria es la puerta de entrada a conseguir contrataciones en otro tipo de servicios. "Con el mutualismo las aseguradoras al final acceden a un mercado en el que participan personas de un nivel adquisitivo medio alto", señala.

Y rechaza, en cualquier caso, el argumento del aumento de la siniestralidad asociada a la edad de los mutualistas. "Decir es tramposo, porque las personas más mayores y con más pluripatología son siempre atendidas en el sistema público", señala. Los últimos datos recogidos por el INE y relativos a 2020 revelan que el 37,7% de los hombres y el 38,1% de mujeres que visitaron al médico de familia tenían entre 75 y 84 años.

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No entra dentro de los planes del Gobierno, aunque las aseguradoras se empeñen en defenderlo así, pero los expertos consultados sí que creen que es momento de acabar con Muface. Sobre todo porque el mandato de hacerlo es del año 1986. "Mantener esta distorsión es una herida que perjudica al conjunto del sistema sanitario, y es en lo que hay que pensar", defiende Lamata, que apuesta por una desaparición progresiva de Muface. ¿Cómo se haría? Impidiendo que los nuevos funcionarios y funcionarias puedan acceder a este sistema.

El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, coincide con él. "Muface debería haber desaparecido hace mucho tiempo, pero cualquier momento es bueno para que lo haga. Se trata de un modelo totalmente inequitativo que genera desigualdad y discriminación. Además, ya ni siquiera tiene sentido, sólo se basa en una ambición irrefrenable de las empresas de seguros", critica.

Si continúa, lamenta Lamata, es únicamente por la resistencia de los colectivos beneficiados. Hace una semana, cuando el debate saltó a la luz, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió cerrar el concierto este mes de octubre con una "financiación adecuada" que impida que el modelo "muera por inanición". "Responderemos con contundencia para defender el derecho a la atención sanitaria de nuestros mutualistas", avisaron. Por ahora, la decisión de todo recae en las aseguradoras.