El pacto que busca la pareja de Ayuso con el fiscal salvó a Shakira o Mourinho de una dura condena por fraude
La pareja de la presidenta madrileña parece dispuesta a llegar a un acuerdo para zanjar sus problemas con Hacienda. O eso es, al menos, lo que se desprende de un email que su abogado envió a comienzos de febrero al Ministerio Público. En él, el letrado trasladaba la intención de alcanzar una "conformidad penal" que implicaría el reconocimiento de los dos delitos fiscales atribuidos por la Fiscalía, a los que el fiscal del caso añade un tercero de falsedad en documento mercantil. El pacto, según los expertos consultados por infoLibre, podría suponer una rebaja importante de la posible condena. Así ha ocurrido en los últimos años en distintos casos en los que se entremezclaban facturas falsas y fraude fiscal, zanjados con penas que no suponían el ingreso en prisión y multas.
El intercambio de correos electrónicos se conoció el miércoles, horas después de que la líder del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, dijese que su pareja no había cometido "fraude alguno" y de que desde su entorno se intentase colocar el relato de que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a Alberto González. Dos extremos que, sin embargo, desmienten los emails. El primer correo fue enviado a la Fiscalía a las 12.45 horas del 2 de febrero por el letrado de la pareja de Ayuso. "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT", rezaba.
Diez días después, el fiscal encargado del caso respondió. En su email, manifestó que tomaba nota "de la voluntad de su cliente", sin considerar que el hecho de más personas implicadas en la defraudación pudiera ser un obstáculo para alcanzar el acuerdo. Una idea que le reiteró un mes más tarde, cuando trasladó al abogado la denuncia interpuesta contra González por dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil. En concreto, el escrito dice que su sociedad, Maxwell Cremona, se dedujo "indebidamente" gastos en virtud de facturas supuestamente falsas para bajar "su tributación" ante el aumento del volumen de negocios experimentado en 2020 y 2021. Un incremento derivado de sus negocios alrededor de la compraventa de material sanitario en pandemia.
Como regla general, los pactos de conformidad solo caben cuando la pena más grave pedida por alguna de las acusaciones es igual o inferior a los seis años. Lo que se busca con ellos es evitar el juicio, de forma que una vez alcanzado, y escuchando a las distintas partes, el juez dicta sentencia de conformidad. Un acuerdo que, no obstante, implica el reconocimiento de los hechos por parte del acusado. Y que lleva aparejado la imposición de una condena atenuada.
"En la praxis o uso forense, el abogado penalista trata de obtener una “ conformidad” de una pena no superior a los dos años con el fin de evitar el ingreso en prisión de su cliente. En estos casos y atendidas las circunstancias, el Juez puede decretar la suspensión de la ejecución de la pena. Este suele ser el horizonte y objetivo del profesional", explica en conversación con este diario Juan Ignacio Navas, socio fundador de Navas & Cusí Abogados.
El Código Penal castiga el delito de fraude fiscal con la pena de prisión de uno a cinco años y multa "del tanto al séxtuplo" de la cuantía defraudada. Ahora bien, Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, señala que cuando hay acuerdo, por lo general, se suele aplicar la "atenuante muy cualificada de reparación del daño". Esta circunstancia puede aplicarse cuando el culpable haya procedido antes del juicio a reparar el daño ocasionado a la víctima, una intención que ya dejaba entrever el abogado de González cuando en su correo hablaba de pagar "íntegramente la cuota e intereses de demora" a la Agencia Tributaria. Un tipo de atenuante que puede rebajar tanto la condena de cárcel como la posible multa en uno o dos grados.
De Shakira a Di María
Lo sabe bien la cantante colombiana Shakira. El pasado mes de diciembre, la artista llegó a un pacto de conformidad con el Ministerio Público por el cual reconoció seis delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014. Se consideró que concurría la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Y la acusada acordó con el Ministerio Público seis meses por cada uno de los seis delitos y una multa del 50% sobre los 14,5 millones defraudados: es decir, más de 7,3 millones de euros. Tres años y medio de cárcel que, sin embargo, fue sustituido por el pago de otra multa. Antes del acuerdo, Fiscalía pedía para ella ocho años de prisión y 23,7 millones de sanción.
Este tipo de pactos con el Ministerio Público han sido también comunes entre estrellas del fútbol. Marcelo Vieira, quien fuera jugador del Real Madrid, acordó con el Ministerio Público cuatro meses de prisión por un delito contra Hacienda y el pago de una multa correspondiente al 40% de la cuota defraudada –196.367,08 euros–. En el caso de quien fuera su entrenador en el club blanco, José Mourinho, el pacto fue de seis meses por cada uno de los dos delitos fiscales y el pago de una multa correspondiente al 60% de la cuota defraudada. Ángel Di María, por su parte, aceptó una equivalente al 65%.
"La experiencia, a la vista de los casos mediáticos que llegan a acuerdos, vemos que las sanciones, al final, se quedan en a veces incluso por debajo de las que impondría la Agencia Tributaria", señala Cruzado. Si se trasladase el baremo del entrenador a la pareja de la presidenta madrileña, la multa por las cantidades supuestamente defraudadas sería de 210.000 euros. Y si se aplicase el 40%, algo más de 140.000 euros. Además de abonar las cuotas impagadas más los intereses, por supuesto.
La falsedad documental
Pero el caso de González, cuya empresa facturó en 2020 dos millones de euros de comisiones por "intermediar" en la compraventa de productos sanitarios en pandemia, difiere de los anteriores en un punto: que a él la Fiscalía, además de por fraude fiscal, le acusa también por falsedad en documento mercantil. La combinación de ambos tipos penales no es rara cuando de lo que se habla es de delitos contra la Hacienda Pública. Al fin y al cabo, el uso de facturas falsas suele ser utilizado en muchos casos como vehículo para evitar el pago de impuesto. Por eso, cuando se castiga el fraude tributario en estos casos suele hacerse en concurso medial con la falsedad documental, al entenderse que ésta última es el medio para la comisión del primero de los delitos.
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El hecho de que estén presentes ambos tipos penales no quiere decir, sin embargo, que no pueda llegarse a un jugoso acuerdo de conformidad con el Ministerio Público beneficioso para el acusado que evite su ingreso en la cárcel. Y hay varios casos que así lo evidencian. Uno de ellos es el de Roberto Vázquez, quien fuera alcalde del municipio pontevedrés de Portas. En 2012, alcanzó un pacto por el cual asumía la responsabilidad de un delito fiscal y otro de falsedad documental. El Ministerio Público le acusaba de haber defraudado a Hacienda a través de una de sus sociedades 151.462 euros. Al final, se acordó el pago de una multa de 98.443 euros, el equivalente al 65% de la cuota defraudada. En cuanto a las penas de prisión, que no llegaban a los dos años, fueron sustituidas por el abono de otra multa que superaba ligeramente los 3.000 euros.
Unos años después fueron dos empresarios quienes, en sentencia de conformidad, se libraron de la cárcel por haber defraudado 398.734,51 euros a Hacienda con facturas falsas de servicios nunca realizados entre las sociedades de ambos. Sobre los dos acusados, pesaba un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de fraude fiscal. Durante el juicio, reconocieron los hechos y se adhirieron a la acusación del Ministerio Fiscal. Concurrió, por tanto, la atenuante de confesión, a la que se sumó la de "dilaciones indebidas". Al final, se les impuso una condena de ocho meses de prisión y multas de 300.000 euros. Y la pérdida, por dos años, de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Con todos estos elementos sobre la mesa, Cruzado se muestra cauto en lo que a la pareja de Isabel Díaz Ayuso se refiere. Al fin y al cabo, cada caso y cada negociación de este tipo es un mundo, por lo que en este momento sería precipitado hacer una predicción sobre cómo puede concluir el asunto. "Primero, será necesario conocer la petición de pena y multa con la que partiría el fiscal", desliza. Pero para ello habrá que esperar. Por el momento, la denuncia del Ministerio Público ya está en el Juzgado de Instrucción nº19 de Plaza de Castilla, en Madrid. A él le corresponderá, en primer lugar, decidir si admite o no a trámite la querella. A partir de ahí, comenzará el procedimiento. Una causa que podría concluir con ese pacto que ya ponía sobre la mesa hace un mes el letrado de González.
