El pacto PSOE-PP irrita a los jueces y altera la relación de fuerzas en el tribunal que se encargará del 'procés'

La difusión del acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para situar al magistrado conservador Manuel Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo tuvo este lunes un doble efecto inmediato. El primero, enfadar a las asociaciones judiciales, y no por el perfil de Marchena sino porque la designación de la primera autoridad judicial del país corresponde oficial y legalmente a los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces, que ni siquiera han sido elegidos aún por el Congreso y el Senado y cuya correlación de fuerzas ya se conoce: 11 saldrán elegidos a propuesta del PSOE, aunque el lote incluye algunos candidatos bien recibidos por Podemos y alguno por el PNV; y los otros nueve pertenecen a la cuota del PP. El asiento número 21 del Consejo será el que ocupe Marchena. 

El segundo efecto del pacto, de alcance mucho más incierto si cabe a día de hoy pero también inmediato, es este: que el ascenso del ya virtual presidente del CGPJ y del Supremo, a quien correspondía dirigir el juicio contra los 18 independentistas catalanes acusados de rebelión, altera la composición del tribunal. En resumen, el ala más conservadora perderá ahora peso. 

En sustitución de Marchena, todavía presidente de la Sala de lo Penal, el nuevo ponente de la futura sentencia a los encausados por el procés –es decir, el encargado de redactar la resolución– será el magistrado Andrés Martínez Arrieta, a quien todas las fuentes jurídicas y políticas consultadas por infoLibre definen como un conservador más moderado. Asimismo, el hueco que la salida de Marchena deja en el tribunal del procés será cubierto por Susana Polo, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Si hasta este momento cinco de los siete integrantes del tribunal (Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo) aparecían públicamente con el marchamo de "conservadores" y dos con el de progresistas (Ana Ferrer y Luciano Varela), una vez se produzca el relevo de Marchena la proporción será de cuatro a tres. 

Ahora bien, ¿garantiza eso otro escenario? ¿Facilita la salida de Marchena un juicio con mayor libertad de acción para las defensas y en el que, llegado el caso y tal como avanzó semanas atrás este periódico, la Fiscalía baje en sus conclusiones finales el tono de diapasón penal y quede así en conspiración para la rebelión –castigado con entre tres y siete años de cárcel– lo que hoy califica directamente como rebelión, un delito que niegan juristas de fuste como el propio Pascual Sala, expresidente del Supremo, y por el que el ministerio público reclama hasta 25 años de prisión? ¿Se sellará la brecha abierta entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que acusa por sedición y no por rebelión?

Personas que conocen las conversaciones para renovar el Poder Judicial entienden que el cambio en la Sala de lo Penal y en el tribunal del procés puede operar como un factor de descompresión de la irrespirable atmósfera político-jurídica que desde el inicio ha dominado el proceso por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "El cambio puede ser positivo", resume una de ellas.

Para empezar, tanto fuentes jurídicas como políticas dan por hecho que el inicio de la vista se retrasará de manera obligada. "Si las cuestiones previas tienen que verse en principio en diciembre pero resulta que la renovación del Consejo se va a producir de manera previsible ese mismo mes [el actual mandato expira el día 4], carecería de sentido que Marchena participase en esas sesiones cuando ya sabe que no va a estar en el tribunal, con lo cual la única opción es el aplazamiento", explica uno de los sondeados.

¿Una jugada en el tablero del ajedrez catalán?

Nadie en el Gobierno ni en el PSOE admite que bendecir la candidatura de Marchena sea, ni mucho menos, una jugada de ajedrez destinada a sacar del área de jaque del diabólico conflicto catalán al magistrado al que buena parte de los operadores jurídicos conceptúan como el verdadero arquitecto de la estrategia de los conservadores, muy por encima del aún presidente del CGPJ y el Supremo, Carlos Lesmes, en capacidad de ideación, dirección, aglutinación de fuerzas y negociación. Lo único que, en privado, recalcan fuentes del Gobierno es que con Cataluña "no va a haber movimientos políticos hasta que se conozca la sentencia". 

"La experiencia –sostiene un cualificado observador muy escéptico sobre las ventajas reales que para el Gobierno y su estabilidad puede deparar la operación Marchena– ha demostrado que en el Supremo no sirven las fotos fijas y que la raya entre conservadores y progresistas es muchas veces tenue y movediza, y mucho más en lo que concierne a Cataluña". "Si alguien –enfatiza el mismo interlocutor– cree que Marchena va a dejar de la mano al tribunal del procés y que porque los vocales 'progresistas' sean mayoría va a mandar menos en el CGPJ se equivoca de plano".

Los socialistas creen que, al devolver a los 20 vocales del CGPJ la dedicación exclusiva, ahora reservada a los miembros de la permanente, una especie de ejecutiva del CGPJ, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) acabará con el espíritu "presidencialista y autoritario" de la etapa de Carlos Lesmes, como define off the record un alto cargo. Si se cumplen las previsiones, a esa reforma le dará vía libre definitiva el Senado en diciembre.

Las opciones de Ana Ferrer

La salida de Marchena, auguran fuentes que siguen la negociación, afianza las posibilidades de la jueza Ana Ferrer de convertirse en nueva presidenta de la Sala de lo Penal, una opción a la que tanto el PSOE como Podemos darían la bienvenida.

Pero en el ámbito judicial algunos de los consultados muestran ahí mayores cautelas. Y ven difícil que el CGPJ eleve a Ferrer a la cúpula de la Sala de lo Penal porque equivaldría –sostiene el magistrado que así lo expone– a "cometer el mismo error" que llevó a su todavía presidente, Carlos Lesmes, a poner al frente de la Sala de lo Contencioso, epicentro del terremoto del impuesto de las hipotecas, a un magistrado "con pocas tablas": Luis María Díez-Picazo.

Ferrer, cuyo voto validó el rechazo unánime del Supremo a abrir causa contra Pablo Casado por el caso máster y que hace dos semanas exoneró de culpa a la senadora del PP Pilar Barreiro por la Operación Púnica,  desembarcó en la Sala de lo Penal del Supremo hace cuatro años. El PSOE llegó a manejar su nombre para el cargo que finalmente ocupará Marchena. 

Ahora, tras un mes de grave crisis de desconfianza en la justicia por los bandazos del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y la sospecha de sometimiento no solo al poder político sino también a la banca, asociaciones y jueces no adscritos ven con desolación cómo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor del PP, Rafael Catalá, han cerrado a matacaballo un acuerdo de pasillos.

Y ese acuerdo construye la casa del tercer poder del Estado casi literalmente por el tejado: porque, en teoría y en cumplimiento de lo que preceptúa la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el nombre del presidente del CGPJ y del Supremo no debería conocerse hasta que los 20 vocales tomen posesión y voten a su próximo jefe. Los socialistas remarcan que el acuerdo urgía por el desprestigio causado por la actuación del Supremo tras la sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en caso de hipotecas. Y argumentan que el perfil profesional de los vocales pactados resulta impecable.

Victoria Rosell, fuera por el momento

La confirmación del pacto desconcertó a primera hora del lunes a destacados juristas del ámbito de la izquierda y enfadó a las tres principales asociaciones judiciales: la mayoritaria y conservadora APM, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la moderada Francisco de Vitoria. Sus respectivos portavoces coincidieron en que daña la imagen de la justicia el heccho de que el nombre del futuro presidente del CGPJ y del Supremo se haya conocido antes de que el Congreso y el Senado consagren por mayoría de tres quintos el relevo de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Podemos, de cuyos dirigentes se apoderó la estupefacción cuando la elección de Marchena quedó confirmada, ya ha decidido que solo votará en las Cámaras a los 11 vocales de signo progresista, entre los que ya se conocen varios nombres: José Ricardo de Prada, clave en la sentencia de Gürtel y cuya carrera hacia el CGPJ por el turno reservado a los jueces bloqueó el todavía presidente del Consejo y el Supremo, Carlos Lesmes, es uno de ellos.

En cambio, fuentes que conocen la negociación aseguraron este lunes por la noche que la exdiputada de Podemos y actual jueza de instrucción Victoria Rosell no se sentará en el CGPJ, pese a que la formación morada da por hecha su incorporación. infoLibre no ha podido contrastar esa información con el partido de Pablo Iglesias pero, de confirmarse ese extremo, se perfila como un probable punto de fricción. Marchena y Rosell mantienen una relación antagónica que les presenta como figuras incompatibles.

Sánchez y Casado se reprochan falta de diálogo horas después de pactar el Poder Judicial

Ver más

Entre quienes accederán al Consejo a propuesta del PP figura Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. [Puedes saber más sobre los otros vocales pactados pinchando aquí]

Aun con flecos pendientes –se ha cerrado ya la lista de los ocho vocales que serán elegidos entre juristas de reconocido prestigio pero faltan los 12 de extracción judicial–, la renovación va tan rápida que un vocal del actual equipo del CGPJ lanzaba ayer este vaticinio: "Creo que ni siquiera vamos a tener comida de Navidad, el día 5 estamos ya fuera". En teoría, los 12 vocales de extracción judicial son "propuestos" por las asociaciones judiciales o por otros jueces que actúan de avalistas. En la práctica, han sido los negociadores del Gobierno y del PP quienes han decidido, sin examen ni debate público previo de ninguna naturaleza, cuáles de los 51 aspirantes de ese cupo compartirán mesa en el CGPJ con Manuel Marchena.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya anticipó a lo largo de la jornada su malestar por lo sucedido y aprovechó para marcar territorio: el Poder Judicial, dijo, "no es un supermercado". Lo sucedido –remató– produce "escándalo y vergüenza".