El Pacto contra la Violencia de Género sale adelante con la abstención de Unidos Podemos

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género no ha logrado la ansiada unanimidad en su paso por el Congreso de los Diputados. Aunque los grupos parlamentarios aspiraban a una aprobación sin matices, la votación final ha reproducido este jueves los mismos resultados que se produjeron el pasado mes de julio en la Comisión de Igualdad, donde Unidos Podemos decidió abstenerse a la hora de ratificar el documento. Como ya venía advirtiendo desde entonces, el grupo confederal ha optado por no brindar su apoyo al acuerdo, que a su entender no cumple con los requisitos que ha de tener un pacto de estas características. Pese a ello, el acuerdo ha salido adelante con 278 votos a favor, 65 abstenciones y un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir en cinco años para impulsar sus 213 medidas.

Durante el debate celebrado en la Cámara Baja, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez ha censurado que el actual pacto no cuenta con las garantías ni el presupuesto necesario para cumplir con las demandas feministas: "No sabemos cuándo se va a poner en marcha" ni si el Gobierno central va a realizar "una reformulación de crédito para tener financiación específica" destinada a su puesta en práctica. "¿Vamos o no vamos a tener dinero para la violencia machista?", ha cuestionado Rodríguez, quien ha matizado que los 1.000 millones a repartir en cinco años se quedarán, restando los 20 millones destinados a entidades locales, en "la ridícula cantidad de 2.000 euros por municipio". La diputada ha criticado asimismo que las medidas únicamente se dirijan a las víctimas dentro del ámbito de la pareja, mientras que excluyen a "las mujeres pobres, trans, con diversidad funcional o a las que sufren violaciones".

Por su parte Sofía Castañón, diputada y secretaria de Feminismos Interseccional en la formación morada, ha lamentado que los términos del dictamen supongan "perder una oportunidad histórica" para ampliar el Convenio de Estambul y el marco legislativo español en materia de igualdad y violencia de género. Con este Pacto de Estado "hemos optado por parchear", ha subrayado Castañón, quien además ha insistido en que "el machismo no es un accidente, no es una lacra, no es algo inevitable y es lo que está asesinando, violando y agrediendo a mujeres". A su juicio, se trata de una "cuestión medular" que alimenta problemas como "la brecha salarial, las violaciones, la trata y la violencia en todas sus formas". Castañón entiende que "un pacto verdadero", por tanto, debe contemplar y poner solución a todos estos aspectos, que sin embargo "no están verdaderamente reflejados en el acuerdo". Además, "tiene que entender que no es una cuestión privada, de las mujeres, del amor o de los celos", sino que supone "hablar de democracia" y "de igualdad ante la ley". 

Finalmente, Castañón ha instado a los grupos parlamentarios a "no usar un pacto de mínimos para blanquear una gestión nefasta en la prevención y lucha contra la violencia de género".

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La diputada socialista Ángeles Álvarez ha insistido, durante su intervención, en la "necesidad de comprometer más activamente al Estado hacia lucha ante cualquier forma de violencia contra las mujeres". Ha pedido, por ello, "unidad contra esta lacra", algo que a su parecer "no admite deserciones por cálculo político". Álvarez ha requerido que el pacto sirva para ampliar el Convenio de Estambul, "una tarea legislativa intensa que debe estar terminada antes de la próxima primavera", e "impulsar normas legales adecuadas a la especificidad de cada forma de violencia". 

Aunque la enmienda a la totalidad que había presentado Unidos Podemos como condición para respaldar el pacto ha sido finalmente rechazada por la Cámara Baja, el pleno ha votado a favor de los votos particulares en referencia al acoso sexual en el trabajo y a los matrimonios forzosos, de modo que el documento incluirá nuevas medidas como una ley específica sobre acoso sexual en el ámbito laboral o una mayor formación en cuestiones de género en el marco de las empresas. 

Si bien sobre el papel el Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con dos meses para comenzar a impulsar las medidas acordadas, la ausencia de obligatoriedad a la hora de cumplir plazos deja su efectiva puesta en marcha en manos de la voluntad del Ejecutivo.