De Pactos de la Moncloa a acuerdo de mínimos: la comisión de reconstrucción, lastrada por la división sobre la economía y la UE

En plena crisis por la pandemia del covid-19, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó a los partidos políticos que una vez transcurrido lo peor de este drama sanitario la salida debería ser por la vía del pacto, de los acuerdos. La idea original fue la de una reedición de los pactos de la Moncloa. Pero a petición del líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, acabó derivando en una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Este órgano no permanente está a punto de culminar el periodo de comparecencias y, esta misma semana, los partidos deberán presentar sus conclusiones.

La votación definitiva del documento en el Pleno no será hasta después de las autonómicas gallegas y vascas del 12 de julio, pero ahora arrancan unos días de negociaciones entre partidos políticos para consensuar un texto. Todas las miradas están puestas en el Partido Popular en su calidad de principal fuerza de la oposición. Tras dos votaciones en contra en las últimas prórrogas del estado de alarma, los conservadores dicen estar abiertos a llegar a acuerdos. Y lo que ocurra en esta comisión para la reconstrucción será un buen termómetro para medir esa voluntad.

A la espera de lo que puedan dar de sí los contactos entre dirigentes conservadores y miembros del partido del Ejecutivo de estos días, todas las fuentes del PP consultadas por infoLibre se muestran muy prudentes sobre el alcance de lo que pueda ocurrir en esta comisión en las próximas semanas. Para organizar el trabajo, se crearon cuatro grupos, uno por cada uno de los grandes aspectos a tratar: sanidad y salud pública, reactivación económica, políticas sociales y sistema de cuidados y Unión Europea. Y es en el primero, el sanitario, en el que en el PP ven más margen para negociar. En materia de reactivación económica el partido de Casado ve claves las bajadas de impuestos y el mantenimiento de la esencia de la reforma laboral y en lo que tiene que ver con las políticas europeas, todavía está muy reciente el choque PP-PSOE por la condicionalidad de las ayudas.

Este mismo lunes, desde Bilbao, el líder del PP insistía en que su partido sigue teniendo la "mano tendida" y ponía precisamente el foco en un pacto por la sanidad, acuerdo al que los conservadores han llamado "pacto Cajal".

"Espero que Pedro Sánchez acepte el Pacto de Estado por la Sanidad. Sería legar a nuestros hijos un Pacto de Toledo como el de las pensiones, pero en materia sanitaria. No entendería la razón por la cual el PSOE se opusiera a sacar de la confrontación partidista la atención sanitaria y la atención a los mayores", añadió en su primer acto de precampaña con el candidato de la coalición PP-Cs a las elecciones al Parlamento vasco, Carlos Iturgaiz.

Casado precisó que su "Pacto Cajal" pretende "mejorar" entre todos los partidos el sistema de atención "con financiación suficiente" y, entre otras cuestiones, la creación de una Agencia Nacional de Prevención de pandemias.

"Recortes" y "privatizaciones"

Las fuentes consultadas consideran que los asuntos que Casado puso sobre la mesa son una buena base para el acuerdo, pero rebajan las expectativas hasta hablar de un pacto sanitario "de mínimos", convencidos de que hay puntos que los partidos de la izquierda querrán llevar a las conclusiones y el PP no podrá ubicarse a su lado. Es el caso, por ejemplo, de que se planteen críticas a los "modelos de colaboración público-privada" en sanidad o se hable de "recortes" o "privatizaciones" en las etapas de Gobierno del Partido Popular o en las comunidades autónomas en las que gobiernan. "La gestión de la pandemia por parte del PSOE ha dejado mucho que desear y siempre puede existir la tentación de poner el foco sobre el principal partido de la oposición para escurrir responsabilidades", considera una diputada conocedora del proceso de negociación para los acuerdos.

Las cuestiones sobre las que, a priori, el PP sí ve posibilidad de acuerdo tienen que ver con esa creación de una Agencia Nacional de Pandemias de la que hablaba Casado, con dotar al sistema de más recursos, de más material para evitar el desabastecimiento y de herramientas de vigilancia epidemiológica. "Son propuestas de futuro en las que todos los partidos podemos estar de acuerdo", comentan desde el Partido Popular.

"No sé si con 5 ó 25, pero desde luego que los trabajos [de la Comisión de Reconstrucción] deben concluir con acuerdos", ha señalado la portavoz del PP en este órgano parlamentario, la exministra de Sanidad Ana Pastor.

Unanimidad, sólo en lo sanitario

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos son muy conscientes de que un acuerdo prácticamente por unanimidad sólo es viable en materia sanitaria, la única en la que las posiciones del PP son relativamente reconciliables con las de los socios del ejecutivo. La emergencia sanitaria ha demostrado la necesidad de reforzar y evolucionar el sistema sanitario público y el Gobierno cree que para la formación de Pablo Casado sería muy difícil de argumentar que no apoya una propuesta en este sentido.

El interés de los socialistas se centra en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y sus planificaciones futuras, incluyendo dentro de este objetivo las condiciones de salud pública y bienestar a establecer en las residencias de personas mayores, y en el reforzamiento del sistema de Salud Pública, en particular, su capacidad de vigilancia, antelación y respuesta ante eventuales emergencias sanitarias. Sin afectar, claro, al reparto de competencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas, un aspecto que vigilan muy especialmente los aliados independentistas, nacionalistas y regionalistas del Ejecutivo.

El segundo aspecto sobre el que Moncloa querría construir un consenso tiene que ver con la demanda de ayuda no condicional a la Unión Europea, un objetivo clave para que reducir tanto la profundidad como la prolongación en el tiempo de la crisis económica motivada por la paralización económica a la que obligó la covid-19. El Gobierno ha repetido en varias ocasiones la importancia de presentar en Bruselas un frente común si se quiere convencer a los países más reacios de la necesidad de que Europa contribuya.

Pero ese frente común, de momento, es solo un deseo. Porque los conservadores han trasladado al Parlamento Europeo su estrategia de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP quiere estar vigilante, defienden, para que los fondos europeos no sean una pasarela para que se apliquen las apuestas económicas de Unidas Podemos. Defienden que deben ir destinadas a los afectados por el covid-19 "y a inversiones que generen crecimiento sostenido".

Bloque económico y social

Mucho más escépticos son los socialistas en relación con la posibilidad de incorporar al PP, e incluso a Ciudadanos, a acuerdos en materia económica y social. La idea original del PSOE era tratar de acordar los pilares en los que deberá sustentarse la reactivación económica y la modernización del modelo productivo en sus diversos sectores, con especial atención a aquellos más afectados por la crisis.

Medidas que van a requerir compromisos en materia de diálogo social que serán muy difíciles de conseguir sin un amplio acuerdo político y que el Gobierno quiere aprovechar para vehiculizar los compromisos de la coalición de gobierno. Entre ellos, el objetivo de acometer la transición ecológica, la diversificación productiva y el impulso a la economía social. Al tiempo que se garantizan los derechos laborales y de conciliación de los trabajadores impulsando entre otras cosas las fórmulas de teletrabajo, sin olvidar la transformación digital, la ciencia y la investigación.

En este capítulo, una de las dificultades más difíciles de salvar tiene que ver con lo que el Gobierno llama la "justicia social" y que no es otra cosa que los nuevos impuestos que está intentando poner en marcha. Impuestos que afectan a las grandes empresas, a las tecnológicas y a las operaciones financieras de las corporaciones más relevantes del Ibex. Es aquí además donde Unidas Podemos ha introducido su propuesta de un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas que confía en sacar adelante con el respaldo del PSOE.

PSOE y UP confían, no obstante, en poder sacar adelante estos dos capítulos con el respaldo de la mayoría de la investidura, aun sin el concurso del PP y eventualmente de Ciudadanos.

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Para el PP es clave que se bajen los impuestos como llevan reclamando más de un mes, subrayan. Es la forma, consideran, de evitar la "quiebra de más empresas y autónomos" y que crezca la destrucción de empleo. De la misma manera creen en el principal partido de la oposición que la reforma laboral ha funcionado y no debe derogarse. Una tesis, insisten, que comparte el grueso del empresariado de nuestro país. 

El PP ha llegado a ofrecer al PSOE acuerdos económicos para hacer frente a los estragos de la pandemia. Estos no pasarían, de momento, por un entendimiento a largo plazo para los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Hasta la fecha, en Ciudadanos, no han puesto como línea roja la negociación de las cuentas públicas. De hecho, fue Inés Arrimadas quien propuso a Sánchez a mediados de marzo, antes de la entrada en vigor del estado de alarma, negociar para acordar unos presupuestos de emergencia nacional.

La sensación de que no va a ser posible ese gran acuerdo por la reconstrucción que se pretendía en los orígenes de esta comisión parlamentaria se extiende más allá del Ejecutivo y del principal partido de la oposición. Este lunes, en declaraciones a Los Desayunos de TVETVE, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, señaló que "la mecánica de la comisión de reconstrucción es endiablada y hace imposible llegar a conclusiones profundas" y a decisiones "de peso". "Lo que van a salir son asuntos muy genéricos o divergencias muy profundas", añadió.