Más paro, 735 euros de SMI y una corrupción campante: la España que dejó el PP con la moción de censura

El día que Mariano Rajoy salió de la Moncloa, más de un millón y medio de personas cobraban un salario de 735 euros al mes a jornada completa, los padres tenían un permiso de cinco semanas por el nacimiento de su hijo y una de cada cuatro personas que encontraba un trabajo firmaba un contrato de menos de una semana de duración. 

Era junio de 2018, no había rastro de una pandemia mundial ni de una guerra en Europa, ni tampoco de la ultraderecha en las instituciones. Albert Rivera era el líder político mejor valorado, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se sentaban juntos en el Congreso y los líderes independentistas de Cataluña estaban en prisión provisional a espera de juicio después de que Carles Puigdemont declarara la independencia de Cataluña durante el Gobierno del PP. 

Pero fue la corrupción la que hizo saltar todo por los aires. La España de hace cuatro años era un país acostumbrado a que las portadas de periódicos y programas de radio y televisión estuvieran repletas de escándalos políticos en torno al partido de Gobierno. Púnica, Lezo, Acuamed, Nóos, Auditorio, Bárcenas, Brugal, Campeón… Un listado interminable coronado por Gürtel, el mayor caso de corrupción de los populares, que acabaron con decenas de altos cargos juzgados y con una condena al propio PP a título lucrativo. 

“Rajoy podría haber dimitido y hubiéramos parado la moción de censura, pero no lo hizo y él no podía seguir siendo presidente después de la sentencia de la Gürtel”, recuerda a infoLibre Margarita Robles, entonces portavoz del PSOE en el Congreso. La hoy ministra de Defensa es una de las pocas personas que permanece en el equipo de Pedro Sánchez cuatro años después, y habla con orgullo del balance de todo este tiempo. 

“Con unas dificultades inéditas como las que supusieron la llegada de la pandemia creo que es justo decir que nunca nos hemos olvidado de los ciudadanos, principalmente de los más vulnerables. No exagero si digo que lo hemos tenido más difícil que ningún otro gobierno antes y que hemos trabajado para no dejar atrás a nadie, al contrario de lo que pasó en otras crisis”, destaca Robles tras recordar el impulso de políticas como el Ingreso Mínimo Vital. 

Más paro, menos SMI 

También aguanta en el equipo del presidente desde aquel mes de junio de 2018 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que opina que la evolución del país en los últimos cuatro años echa por tierra la teoría de las recetas económicas del PP. “Hemos aprobado dos presupuestos en tiempo y forma que recogen recursos récord para becas, pensiones, lucha contra la pobreza o dependencia. Y hemos cumplido las previsiones de ingresos, algo que nunca ocurrió durante los siete años de Mariano Rajoy. Y por cierto, en 2021 logramos la mayor reducción de déficit con un descenso de 3,3 puntos sin realizar recortes, como sí hizo el PP”, recalca en conversación con este periódico. Montero también ensalza el avance en derechos sociales como “la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la creación del Ingreso Mínimo Vital o la primera ley estatal de vivienda para hacer más accesible el alquiler”. 

En mayo de 2018 el dato de paro elevaba entonces el número de personas sin empleo a 3.252.000. Esta semana el ministerio de Trabajo hacía público que, por primera vez desde 2008, nuestro país bajaba de los tres millones de parados para situarse en 2.922.211 personas sin empleo. Un dato histórico que cobra especial relevancia teniendo en cuenta la crisis económica propiciada por la pandemia, primero, y por la guerra de Ucrania, después, y que llega además tras los augurios de los más críticos con la batería de políticas laborales impulsadas desde el Ejecutivo. “Hemos subido el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, un 36% desde 2018, beneficiando principalmente a mujeres y jóvenes, y hemos impulsado una Reforma Laboral que está acabando con la precariedad y nos está acercando a un país más estable, más europeo”, reivindica la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. 

La también ministra de Trabajo, en su balance para infoLibre, cree que poner en marcha los ERTE ha resultado decisivo en la protección del empleo durante la crisis y recuerda además que se han dado pasos en el reconocimiento de derechos laborales: “Hemos sido los primeros en el mundo en reconocer la laboralidad de los Riders”, afirma antes de concluir que, a su juicio, la España de 2018 era un país peor para la gente trabajadora: “La del PP fue una etapa oscura y dolorosa para la historia de nuestro país, marcada por recortes de lo público, mucho sufrimiento social y corrupción institucional. El PP nos obligó a ser un país de segunda en derechos laborales y a nivel económico”, asegura. 

“Yo sí te creo”

A finales de abril de aquel mismo año, poco más de un mes antes de la moción de censura, la Audiencia Provincial de Navarra hizo pública su sentencia del caso de La Manada. Los cinco hombres que en 2016 habían violado a una mujer de dieciocho años en un portal de Pamplona durante las fiestas de San Fermín fueron condenados por abuso y no por agresión, ya que el Código Penal dividía los delitos sexuales en función de si quedaba demostrada o no la existencia de violencia o intimidación. 

Aquella sentencia y aquel caso propiciaron una ola de protesta y de movilizaciones feministas que acabaron desembocando en concentraciones masivas por todo el país. Entre otros gritos, el feminismo arropaba a la víctima con el de “hermana, yo sí te creo”. La actual secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, destaca que “hoy aquella voluntad de ser creídas es una realidad con la Ley de Libertad Sexual que se ocupa de sancionar todas las formas de violencias sexuales y de proteger a las víctimas para que puedan ser creídas”.

Echando la vista atrás, la número dos de Irene Montero en el ministerio recuerda que quien “recortó todas las políticas destinadas a proteger a las mujeres y cerrar las brechas de género y las desigualdades” fue precisamente aquel Gobierno del PP. “Hoy las herramientas para la igualdad retributiva, el aumento del gasto en dependencia, en escuelas de 0-3 o el Plan Corresponsables para la conciliación son una realidad de la que disfrutan millones de mujeres en nuestro país y las cifras han ido mejorando”, añade.

Cataluña incendiada

Más allá de la situación económica y de las políticas sociales o de igualdad, el legado de Mariano Rajoy en el ámbito territorial tampoco fue precisamente una balsa de aceite. Un año antes de que la moción de censura lo sacara de la Moncloa, durante su mandato el Govern de la Generalitat de Carles Puigdemont había llevado a cabo un referéndum ilegal y había declarado la independencia de Cataluña de manera un tanto sui generis. Puigdemont huyó, pero el resto de líderes independentistas fueron encarcelados de manera preventiva a espera de juicio. 

Fuera, Cataluña era un hervidero de protestas, movilizaciones, disturbios y amenazas de “lo volveremos a hacer”, en un clima de auténtica ruptura política y social. Esa misma primavera de 2018 el Centro de Estudios de Opinión (el conocido como CIS catalán) reveló que la cifra de ciudadanos defensores de la independencia era más alta que nunca: el 48% frente al 43.7% que se posicionaba en contra. Cuatro años después esa cifra se ha desplomado diez puntos: el último sondeo publicado en marzo de este mismo año ya sitúa en el 38.8% la cifra de catalanes que apuestan por la independencia. En medio, el indulto a los políticos condenados y la Mesa de Diálogo creada entre la Moncloa y la Generalitat.

“¿Es mejor este escenario que el de 2018? Obviamente sí”, reconoce abiertamente Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo de coalición. Iñarritu describe a Pedro Sánchez como una persona “que tiene todo el día la palabra diálogo en la boca” aunque luego, a su juicio, se quede corto casi siempre. “Su actitud no tiene nada que ver con la de Rajoy, pero luego, a la hora de dar pasos, siempre le ocurre algo al PSOE para no cumplir”. 

El diputado de Bildu le pone como nota al Gobierno un aprobado raspado. “Un 5.5 le pondría”, evalúa antes de rememorar los incumplimientos. “Se ha avanzado en derechos sociales y se ha mejorado en algunas cosas, pero a mí me parece muy insuficiente”, apunta. “El Gobierno solo ha transferido al Ejecutivo vasco 9 de las 34 transferencias a las que se había comprometido al principio de la legislatura. Y son compromisos que colean desde 1979. Tienen buenas palabras, pero les cuesta mucho”, concluye. 

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A pesar de los avances y del legado de Mariano Rajoy, el relato que trata de imponer la oposición es el de un país al borde del desastre. “Se le ha ido el país de las manos”, le dijo en el Congreso hace unos días la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a Pedro Sánchez. El nuevo líder de los populares fue incluso un paso más allá al calificar al presidente como el jefe “del peor Gobierno de la democracia”. 

“Estamos francamente peor que hace cuatro años”, concluye el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, que describe una situación insostenible para la coalición: “No es que el Gobierno de Rajoy fuera extraordinariamente exitoso”, aclara, “pero la actual combinación de debilidad y socios radicales e indeseables nos lleva a la crispación y a las oportunidades perdidas”, resume. 

En el Gobierno creen que la derecha aún “no ha asumido” que perdió el poder en 2018 y que ahora hay “otro gobierno legítimo”. A juicio de María Jesús Montero, la oposición “no vive en la realidad y confunde el diálogo y la convivencia con lo que ellos denominan caos. Porque si este Gobierno fuera un caos y fuera tan débil, no habríamos podido aprobar 140 iniciativas legislativas y dos Presupuestos Generales en tiempo y forma”, responde.