El terremoto desatado por la confesión de Jordi Pujol sigue dejando sentir sus efectos en Cataluña. Aunque todos los partidos, en mayor o menor medida, han rechazado el fraude fiscal admitido por el expresidente de la Generalitat, el Parlamento no abrirá una comisión de investigación, al oponerse CiU y ERC, que juntos suman mayoría absoluta.
Desde que se conoció, el pasado viernes, que Pujol ocultó en el extranjero durante 34 años dinero a Hacienda, las reacciones no han dejado de sucederse. Mientras CiU ha tratado de desvincularse de la actuación de su presidente de honor alegando, en palabras del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que su problema es "privado y familiar" –unas declaraciones que posteriormente matizó afirmando que ha habido cosas "que no se han hecho bien"–, la oposición ha denunciado el "engaño" que constata la declaración de Pujol y han solicitado más explicaciones, su comparecencia o incluso la apertura de una investigación en el Parlamento.
Así, el PP ha registrado este lunes una petición para que se debata la apertura de una comisión de investigación, una medida que están planteando apoyar Ciutadans y el PSC, que no obstante pretenden que Pujol comparezca antes ante el hemiciclo. Las CUP también estarían de acuerdo en la apertura de esta comisión, si bien su líder, David Fernàndez, matiza a infoLibre que el hecho de que quien la proponga sea "el partido de los sobres de Bárcenas la deslegitima". No obstante, Fernàndez señala que están trabajando con grupos como ICV para realizar su propia petición en este sentido, y recuerda que el de Pujol no es el único caso de corrupción abierto.
Sin embargo, todo apunta a que estos planteamientos serán en vano, ya que en la mañana del lunes la portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Anna Simó, rechazó de plano la posibilidad de apoyar la propuesta del PP. "Ahora piden comisiones de investigación personas que se han negado a comparecer ante el Parlament para dar explicaciones sobre conversaciones registradas, como Alicia Sánchez-Camacho", denunció Simó. Mientras tanto, pese a que CiU aún no se ha posicionado públicamente, fuentes de la formación descartan dar su voto favorable.
La investigación sobre Spanair frena la de Pujol
Sobre la apertura de comisiones de investigación, el reglamento del Parlamento es claro: para que se pongan en marcha este tipo de órganos tiene o bien que aprobarlo la mayoría del pleno, o bien pedirlo "una tercera parte de los diputados o tres grupos parlamentarios". No obstante, los grupos sólo pueden recurrir a este segundo método una vez al año, y hace tan sólo tres semanas la Cámara ya aprobó abrir una comisión de investigación sobre la quiebra de la aerolínea Spanair –donde la Generalitat invirtió 120 millones de euros– con el apoyo de todos los grupos.
En este sentido, el líder de ICV en el Parlamento catalán, Joan Herrera, señala que en el momento de aprobarse esta comisión su grupo se "sorprendió" de que CiU la firmase. "Ahora lo entendemos", afirma Herrera, que califica de "sospechoso" que el partido de Mas aprobase esta comisión tan poco tiempo antes de conocerse el escándalo de Pujol, anulando así la posibilidad de aprobar otras iniciativas en este sentido sin pasar por el pleno. No obstante, el líder de ICV asegura que su grupo "no descarta" apoyar la iniciativa del PP, si bien se muestra cauto porque cree que en los próximos días se hará pública "más información" sobre el caso.
No obstante, las dudas que suscita la confesión de Pujol no acaban aquí. De hecho, todos los grupos de la oposición han expresado de una forma u otra su descontento con el comunicado, una declaración que, en palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, es "del todo insuficiente". "La confesión nos suena a cuento chino", denuncia por su parte Herrera, que señala que el comunicado calla más de lo que explica. "Tenemos que saber si es un defraudador, pero también si tiene vínculos con la financiación irregular de CDC", señala el líder de ICV, que deja caer que Pujol podría haber afirmado que la fortuna oculta provenía de una herencia "para ocultar otras cosas".
En la misma línea va Ciutadans, cuyo líder, Albert Rivera, exigió este lunes “saber si los millones robados de Banca Catalana y del Palau de la Música se encuentran en las cuentas de Suiza de la familia Pujol” porque “casualmente el agujero de Banca Catalana coincide con los cuatro millones de euros que Pujol no ha declarado”. "Se tiene que aclarar cuál es la cantidad total, y también las dudas latentes de que el dinero no viene de una herencia", remacha en declaraciones a infoLibre David Fernàndez, quien afirma que "hay libros publicados desde los 90" que hablan sobre la corrupción dentro de la Generalitat dirigida por Pujol.
Los derechos como expresident que mantiene Pujol
Villarejo, exfiscal jefe anticorrupción, denunció en 2013 ante la Fiscalía la trama de los Pujol
En lo que sí coinciden todos los grupos de la oposición e incluso ERC –que con sus 21 diputados sostiene al Gobierno de Artur Mas– es en exigir a Pujol que renuncie a las prerrogativas que le ofrece la ley por haber sido presidente de la Generalitat o, en su defecto, que sea el Ejecutivo catalán quien se las retire. "La demos tendría que expulsarlo de la polis", explica gráficamente David Fernàndez, que señala que Pujol debería renunciar a cualquier tipo de presencia institucional "por vergüenza". En el mismo sentido se expresa el portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Santi Rodríguez, que abunda en que "este tema no se acaba aquí, con un simple comuncado, sino que debe tener un alcance mayor".
ICV, PSC, Ciutadans y ERC han sido igualmente duros con Pujol. "Muchos catalanes nos sentimos hoy indignados, traicionados, engañados", denunció este lunes Miquel Iceta, quien exigió al expresidente "la renuncia al tratamiento y las prerrogativas" a las que tiene derecho. Más dura fue ERC, que reclamó a CiU que "haga borrón y cuenta nueva sin dilaciones" y emplazó a los Pujol a "ser consecuentes y facilitar toda la información necesaria que pueda reclamarle Hacienda o cualquier instancia judicial". Por su parte, el Gobierno catalán ha anunciado que este mismo martes debatirá sobre "las medidas que se deban tomar" a este respecto.
Pero, ¿cuáles son estas prerrogativas que tiene Pujol y que la oposición en pleno exige que pierda? Según la ley 6/2003, a partir de los 65 años, los expresidentes tienen derecho a percibir una asignación vitalicia con una cuantía del 60% del sueldo del máximo dirigente del Gobierno catalán (unos 85.000 euros en la actualidad). Además, Pujol también disfruta por mor de esta ley de una oficina propia y del título de molt honorable.
El terremoto desatado por la confesión de Jordi Pujol sigue dejando sentir sus efectos en Cataluña. Aunque todos los partidos, en mayor o menor medida, han rechazado el fraude fiscal admitido por el expresidente de la Generalitat, el Parlamento no abrirá una comisión de investigación, al oponerse CiU y ERC, que juntos suman mayoría absoluta.