Villarejo, exfiscal jefe anticorrupción, denunció en 2013 ante la Fiscalía la trama de los Pujol

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe anticorrupción y quien hace dos semanas renunció al escaño europeo obtenido en las listas de Podemos, denunció en mayo de 2013 ante la Fiscalía que él mismo había dirigido hasta 2003 las relaciones de varios miembros de la familia Pujol con un entramado societario de al menos 23 empresas y en las que detectó extraños movimientos dinerarios tras una investigación propia. Por ejemplo, que Jordi Pujol hijo y su entonces esposa habían desembolsado 15 millones en solo cinco días en diciembre de 2012. O que otro de los hijos, Oleguer Pujol, ha participado en varias empresas cuyo hilo societario conduce al paraíso fiscal de Guernsey previo paso por Holanda.

En enero de 2014, y ante el silencio de Anticorrupción –relata él mismo–, Villarejo decidió enviarle el dossier al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ya investigaba a Jordi Pujol. Su padre admitió el viernes que su familia ha tenido dinero oculto en el extranjero durante 34 años, si bien atribuye su origen a una "herencia". En su edición de hoy martes, el diario El Mundo publica que Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre Oleguer Pujol y sus vínculos con paraísos fiscales.

Una de las 23 empresas incorporadas al dossier –que, como Villarejo recalca, no era exhaustivo– tiene por objeto social la obtención de contratos públicos. Y otras cuatro –una localizada en Melilla y las otras tres, en Las Palmas– están vinculadas actualmente a una empresa holandesa cuya matriz, Drago Real Estate Partners Limited, se localiza en el paraíso fiscal de Guernsey, en el Canal de la Mancha.

En abril de 2013 y una vez que la exnovia de Jordi Pujol hijo, María Victoria Álvarez, aseguró haber sido testigo de cómo el vástago del expresidente catalán trasladaba en metálico ingentes cantidades de dinero desde Andorra y dijo tener constancia de que poseía dinero oculto en el extranjero, el juez Pablo Ruz ya había ordenado rastrear sus movimientos de cuentas.

Esa decisión, que dio definitiva carta de naturaleza al caso abierto tras la denuncia de Victoria Álvarez, fue la que indujo a Villarejo a poner a disposición de la justicia la información mercantil que había ido recabando.

En noviembre de 2012, el diario El Mundo publicó un "borrador de informe" redactado con membrete de la UDEF, la unidad policial especializada en la lucha contra la corrupción. Lo sucedido desde entonces ha ido incrementando el crédito de aquel informe, cuyo contenido negó tajantemente el expresidente Jordi Pujol, el hombre que durante casi cinco lustros rigió los destinos de Cataluña y bajo cuyo mandato –proclamó luego el socialista Pasqual Maragall– se impuso una mordida del 3% obligatoria para los contratistas de obra pública.

El informe de Villarejo aborda las actividades empresariales de tres de los siete hijos del histórico mandatario catalán: Josep Maria, Oleguer, Jordi y la exesposa de este último, Mercé Gironés. Según la Policía, Jordi Pujol Ferrusola movió en paraísos fiscales 55 millones de euros, parte al menos de los cuales procedía de la corrupción y no de ninguna herencia legada por su abuelo paterno. Ayer lunes, su exnovia, Victoria Álvarez, reiteró en Las Mañanas de Cuatro que también jugaba un papel clave otro de los hermanos, Oleguer Pujol, y que lo más importante “todavía está por conocerse”.

El antiguo fiscal jefe anticorrupción –Villarejo se retiró cuando fue destituido en julio de 2003 bajo el Gobierno de José María Aznar– mantuvo durante más de un año absoluta reserva sobre su iniciativa.

Ahora, una vez el expresidente catalán Jordi Pujol ha admitido que su familia tiene cuentas ocultas en el extranjero –no ha precisado ni dónde ni con cuánto dinero ni quién ni cómo las gestionaba o gestiona–, Villarejo ha decidido revelar su intervención como ciudadano ante la Fiscalía.

“Un delincuente ha gobernado Cataluña durante 23 años”, clamó ayer con visible enfado durante una conversación telefónica con infoLibre. Villarejo, uno de los dos fiscales que en 1984 interpusieron querella contra Jordi Pujol por la quiebra de Banca Catalana –la Audiencia de Barcelona decidió no juzgarlo– se formuló una pregunta: la de por qué Anticorrupción no ha tomado cartas en el asunto cuando ya han transcurrido cuatro días desde que el expresidente admitió que su familia ha evadido impuestos durante más de tres décadas.

De carácter oficial –procede del Registro Mercantil– la documentación aportada por Villarejo a la Fiscalía Anticorrupción alertaba de que varias de las empresas de la familia Pujol habían obtenido contratos públicos o cabía la sospecha de que así hubiera sido.

Y destapaba que en el lapso de cinco días Jordi Pujol hijo y su exesposa, Mercé Gironés, habían desembolsado 15 millones de euros en diciembre de 2012: el primero aportó 7,7 millones para la ampliación de capital de una de las compañías –Active Translation SL– que Villarejo incluye en la lista; y Gironés puso 7,6 millones para la constitución de otra nueva mercantil, Irigem 2012 SL, igualmente analizada en el dossier.

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“De cuanto resulta –decía Villarejo en su escrito- que en cinco días del pasado mes de diciembre las dos personas indicadas han ingresado en cuentas que, obviamente, desconocemos, la elevada suma de 15.383.587 euros”. El antiguo fiscal se formulaba a renglón seguido varias preguntas: “¿Cual es el origen de la misma? ¿De donde proceden?. Esta es la cuestión que ha de esclarecerse, en cuanto pudiera guardar relación con el objeto de la investigación penal en curso”. Se refería a la ya entonces abierta en torno a Jordi Pujol Ferrusola.

Villarejo jamás obtuvo respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a su escrito. Sí la recibió de los juzgados decanos de Melilla y Las Palmas, donde se localizan cuatro de las sociedades que su escrito ponía bajo sospecha: Tres Forcas Capital SA (Melilla), Servifonía Plus SL, Arquillo Resort SL y Bahoruco Park SL. Según el escrito de Villarejo –y la posterior corroboración mercantil efectuada por este diario– Oleguer Pujol Ferrusola ha ostentado cargos en las cuatro sociedades.

Villarejo, que consultó todas las inscripciones registrales de las compañías incorporadas a su denuncia, sostiene que las cuatro son propiedad de la sociedad holandesa Drago Mediterranean Holding Coöperatief, U.A. A su vez, la holandesa Drago Mediterranean es filial de Drago Real Estate Partners Limited, domiciliada en el paraíso fiscal de Guernsey, una de las islas del Canal.