Los parlamentos españoles aprueban en transparencia

El Congreso, el Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos analizados por Transparencia Internacional (TI) aprueban el test de transparencia elaborado por la organización. El Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR), presentado la mañana de este lunes, apunta el interés de las instituciones por mejorar la información y la transparencia que ofrecen desde sus plataformas a los ciudadanos. 

Con una puntuación de 98.8 sobre 100, Cantabria se sitúa en el número uno de los parlamentos más transparentes, seguida por Navarra y el Senado. En la cola aparece Murcia con una calificación de 42 puntos, justo por debajo de Canarias y Baleares. Son las tres únicas instituciones que, según los datos de TI, no superan el umbral del aprobado. Del total de 19 instituciones analizadas, el Senado ocupa el tercer puesto y el Congreso, el décimo.

Las instituciones sólo responden una de cada ocho peticiones de información

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El IPAR tiene dos objetivos: evaluar el nivel de transparencia de los 19 parlamentos presentes en España –los 17 autonómicos y las dos Cámaras de las Cortes– e impulsar el aumento de la información pública por parte de cada uno de ellos, explican en la organización. Desde que Transparencia Internacional España iniciara la evalución provisional en diciembre de 2013, "ha habido un incremento de la transparencia y la mayor parte de las instituciones han mejorado su índice", señala Jesús Lizcano, miembro del comité ejecutivo de TI-España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. La puntuación media inicial del conjunto de parlamentos fue de 25,6, mientras que la calificación definitiva se sitúa en 64,1 puntos. "La transparencia no cuesta nada salvo que haya algo que ocultar", subraya Lizcano ante esta mejora. 

Para llevar a cabo el IPAR, la organización ha evaluado seis áreas diferentes: información sobre el parlamento, información sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros e indicadores de las nueva Ley de Transparencia. El área relativa a la transparencia económica-financiera es "el área pendiente" de estas instituciones, recalcan desde TI: con una media de 49,2, el grueso de los parlamentos no alcanzan el aprobado. 

Desde la ONG recuerdan que el informe valora la cantidad de información accesible para los ciudadanos, pero no su calidad. Transparencia Internacional "no tiene la capacidad de comprobar si los datos que publican estas instituciones son reales o no", puntualiza Lizcano. "Desde TI perseguimos aumentar la transparencia, esto disminuye las posibilidades de fraude y corrupción; defendemos la transparencia como un derecho del ciudadano", añade Antonio Garrigues, miembro del comité ejecutivo de la ONG. Recuerda, además, que TI no tiene ningún medio para sancionar a las instituciones que no publican información básica para la sociedad o no cumplen con los requisitos de transparencia.