Los partidos batallan por abanderar el derecho a la salud mental tras una década sin avances

El sistema público de salud ha sacado músculo durante la crisis del covid-19. Un sistema que ha mostrado las fortalezas pero también las flaquezas de la sanidad, especialmente en lo que se refiere a la salud mental. Las heridas que ha dejado el confinamiento y sus secuelas, acompañadas de la incertidumbre económica y laboral, las pérdidas emocionales y la frenética actividad del personal sanitario, se han situado en el centro de algunos discursos e iniciativas políticas, que abogan por revertir las carencias del sistema.

Lo cierto es que España suspende en salud mental. La proporción de psicólogos y psiquiatras da una tasa muy inferior a la de otros países de la Unión Europea. Partiendo de esa base, la atención psicológica está reservada a los bolsillos que se lo puedan permitir (desde cuarenta euros a ciento veinte euros por sesión), mientras que las consultas públicas no dan abasto, lastradas por los recortes y la privatización.

Los números no mejoran en lo que se refiere a la psiquiatría, donde, de media, en España hay ocho profesionales por cada 100.000 habitantes frente a la veintena de la Unión Europea. El último informe que publicó el Defensor del Pueblo, en el mes de junio, indica que "en los últimos diez años, no se ha producido el necesario refuerzo de este tipo específico de atención" y aunque los servicios de salud sí han tratado de incrementar en parte la dotación de profesionales psicológicos especializados, "el ritmo de aumento es muy inferior al que los expertos señalaban que debía producirse para acercarse al estándar europeo".

Sanidad ultima la Estrategia de Salud mental, sin actualizar desde 2009

Ante este escenario, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Carolina Darias, trabaja desde hace más de dos años en una nueva Estrategia de Salud Mental, que lleva sin actualizarse desde el 2009. Darias explicó este miércoles en el Congreso que el borrador que prepara su departamento ha recibido 700 alegaciones y aportaciones de las comunidades autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. La previsión es que se apruebe este otoño en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Esta estrategia cuenta un nuevo enfoque basado, según indica el propio texto, "en los derechos de la ciudadanía, la integración social, la lucha contra el estigma, la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales, la prevención de la conducta suicida y la recuperación de la persona". El documento también establece diferencias género y aborda las consecuencias de la pandemia en la población. 

La ministra aplaudió el "interés" de "las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de familiares y de pacientes" e instó a la Cámara Baja a contar con el apoyo "de todas sus señorías". A su juicio, la futura estrategia "debe suscitar el consenso de esta cámara". Una afirmación en la que coinciden las formaciones de gobierno con representación en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos. Los morados registraron, recientemente, una proposición de ley de Salud Mental, con motivo del día internacional para la prevención del suicidio.

Unidas Podemos lidera la iniciativa legislativa

La ley de salud mental registrada la pasada semana por Unidas Podemos es una propuesta similar a la ya presentada por la formación en 2019, pero que no se tramitó por la disolución de las Cortes. La diferencia radica en las actualizaciones relativas, sobre todo, a las deficiencias en este ámbito que ha puesto de manifiesto la pandemia. La proposición de ley reconoce explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales, al mismo tiempo que demanda acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos. 

Los morados inciden también en la "lucha contra conductas discriminatorias derivadas del estigma social que afectan a laspersonas con problemas de salud mental y que dificultan su inclusión social y calidad de vida", prevé medidas para la prevención del suicidio mediante el establecimiento de una línea telefónica gratuita de atención, el seguimiento a las personas con tentativa suicida y el establecimiento de protocolos de prevención e identificación "precoz" para grupos vulnerables. También destacan la importancia de la perspectiva de género transversal e interseccional.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, aseguró que el texto se había realizado de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y alabó la "completa sintonía" con el PSOE para impulsar esta normativa. El grupo confederal anunció la ley a finales del mes de mayo pero decidió esperar a septiembre con la intención de "recibir aportaciones de diversos ámbitos antes de hacerlo". Unidas Podemos ha sido la primera en registrar una ley específica sobre salud mental, aunque otros partidos como el PSOE, el PP, Ciudadanos y Más Madrid han presentado Proposiciones no de Ley, protagonizado iniciativas y planteado preguntas parlamentarias sobre esta cuestión.

El PSOE sitúa el foco en la prevención al suicidio

El Grupo Parlamentario Socialista presentó, el pasado mes de junio, una Proposición no de Ley (PNL) sobre prevención y atención a la conducta suicida para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo. El texto, defendido por su portavoz en la comisión, Ana Prieto,remarca que el suicidio es la primera causa de muerte no natural desde 2008, por encima de los accidentes de tráfico y su incidencia, a tenor de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), creció un 3,7% en 2019 respecto al año anterior.

El texto presentado recoge trespropuestas concretas. En la primera, plantean al Ministerio de Sanidad que valore con las comunidades autónomas "la posibilidad de poner en marcha un servicio gratuito de atención telefónica” para atender situaciones de "crisis, ansiedad, depresión"y otros problemas de salud mental. También proponen que se puedan desarrollar "medidas de sensibilización, información y concienciación que visibilicen el problema del suicidio como un problema de salud pública" y, por último, instan a "difundir e impulsar el uso del Manual de apoyo a los Profesionales de la Información: Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación".

El PP se centra en la protección de los menores

Los conservadores, con la firma de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, también registraron el pasado 10 de septiembre una PNL enfocada a la prevención frente al suicidio, pero en su caso enfocado a los menores de edad. En el texto, hacen especial hincapié en los menores de edad que "han tenido que sufrir viéndose forzados a convivir 24 horas bajo el mismo techo con su agresor/a en entornos de violencia de género, estando expuestos a la misma".

El Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno elaborar un plan estratégico de prevención al suicidio enfocado en los menores de edad como parte de la Estrategia de Salud mental que prepara Sanidad, citada anteriormente. Asimismo, demandan implementar "a la mayor brevedad posible" la especialización de órganos judiciales que presenten asistencia en tribunales en esta materia, actividades para detectar la prevención de menores expuestos a violencia de género, y evitar una "victimización secundaria" de estos menores.

Ciudadanos propone "desestigmatizar" los problemas de salud mental

La formación que dirige Inés Arrimadas presentó, el pasado mes de agosto, una PNL "para la desestigmatización de los problemas de salud mental" con la intención de debatirla en el Pleno. En la exposición de motivos los naranjas citan la Encuesta de Salud Mental del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que cifra en un 39% los españoles que declararon haber acudido a tratamiento "por trastorno depresivo antes de la pandemia, y un 33% por trastorno ansioso". "Esos porcentajes eran del 35% y del 43,7% respectivamente desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad", indican. Por ese motivo indican que hay que "concienciar a las generaciones presentes y venideras sobre su importancia" y en ese sentido citan ejemplos como la deportistas de élite Simone Biles y Naomi Osaka.

Los naranjas piden al Gobierno que elabore "una dotación presupuestaria y recursos humanos suficientes para una nueva estrategia sobre salud mental" e incluir en la nueva Estrategia de Salud Mental un Plan de Prevención del Suicidio "con medidas concretas e implicando a todos los sectores de la sociedad en la correcta detección de las conductas suicidas y su prevención, especialmente en jóvenes y personas en situación de soledad no deseada".

Más País recurre a las preguntas parlamentarios y los discursos en el Pleno 

"¡Vete al médico!". Carmelo Romero, un diputado del PP por Huelva respondió así al líder de Más País, Íñigo Errejón, en un sesión de control en el mes de marzo. Errejón trataba de aprovechar su turno de palabra para mostrar su preocupación por la situación de la salud mental en España, deteriorada a consecuencia de la pandemia . "Nosotros ya le advertimos de que había que adelantarse, de que el Estado no podía dejar solos a los ciudadanos que estaban sufriendo", dijo el diputado, dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De esta manera, Errejón utilizó su voz en el Congreso para concienciar sobre la salud mental, una problemática que ha nombrado en varias ocasiones en la Cámara Baja. 

El grupo parlamentario plural, al que pertenece Más País, tiene un número limitado de iniciativas que puede registrar en el Congreso, que se reparten entre todas las formaciones que lo integran. Errejón recurre a preguntas parlamentarias para saber el gasto nacional en psicofármacos y fármacos o los planes del Gobierno para cuidar la salud mental, ya sea mediante pregunta escrita o de forma oral durante la sesión de control. En marzo de este año, días después de la polémica respuesta del diputado del PP, Más País registró una PNL sobre medidas integrales y urgentes a incluir en un Plan de Choque de salud mental. La formación, que únicamente está presente en un parlamento autonómico, ha registrado iniciativas de carácter similar en la Asamblea de Madrid.

Los profesionales demandan más recursos y homogeneidad

Los recursos de salud mental y la falta de homogeneidad existente entre autonomías –en concreto de aquellos orientados hacia la comunidad-–, son algunas de las principales carencias con las que ha de batallar a diario en su trabajo José Alberto Moreno, psiquiatra del ETAC (Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario) del servicio de Salud Mental de la Vega Baja (Orihuela).

Moreno aprecia que esta disparidad es aún más sangrante entre zonas rurales descentralizadas como la suya y grandes urbes, “por desgracia no es lo mismo tener un episodio psicótico en Bilbao o Valladolid que en la Vega Baja” resume, tras su experiencia como residente en distintos enclaves del Estado.

En este sentido, Moreno apunta a la necesidad de invertir más en recursos integrados dentro la comunidad, entre otros nombra pisos tutelados, pisos terapéuticos, “housing first”, bolsas de alquiler entre personas necesitadas de vivienda, ayudas tanto de alquiler como de compra para personas con discapacidad. Los usuarios con problemas de salud mental graves a menudo asocian problemas económicos, dificultades para el acceso a empleo y por ende a vivienda. Sin embargo, no todas las comunidades optan por modelos que apuesten por alternativas residenciales más humanizada a las tradicionales residencias y centros de larga estancia.

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Moreno también apunta a la escasez de psiquiatras y de profesionales de otros ámbitos, en especial de enfermería especialista en salud mental, psicología clínica, trabajo social y terapia ocupacional como elenco imprescindible para poder ofrecer una atención integral que logre conseguir una mejora significativa en la calidad de vida de los usuarios.

En este sentido, para Moreno, defensor del modelo biopsicosocial, la psiquiatría centrada en los psicofármacos "peca de reduccionista y se queda en un parche en el mejor de los casos". Parte de su trabajo en equipo consiste en algo tan básico, pero tan dificultoso en la práctica como tratar que los derechos humanos de los usuarios se vean garantizados, atendiendo también a los determinantes familiares y sociales de los problemas graves de salud mental. "No se puede pretender que un paciente psicótico mantenga una estabilidad ni atribuir sus descompensaciones a procesos meramente biológicos cuando éste no tiene dónde dormir o se encuentra frustrado porque nadie le da ningún trabajo", expone.

Además de incidir en una perspectiva multidisciplinar y coordinada en redes, Moreno señala como una de las claves que aquellas personas afectadas por un problema de salud mental grave puedan empoderarse, adquirir mayor “insight” y sanar un vínculo a menudo dañado con los profesionales. “Poder asumir que uno padece o ha padecido de locura en cierto modo es como una salida del armario, en el imaginario colectivo en el que crecemos estar loco es una de las realidades más denostadas, hacen falta entornos tolerantes, seguros y libres de estigma para poder llegar a reconocerse” zanja.