El pasado persigue a Camps en los tribunales

Refugiado en el Consell Juridic de Valencia desde que en julio de 2011 dimitió como presidente de la Generalitat en medio del huracán de Gürtel,  a Francisco Camps se le podría haber calificado hasta ahora como un hombre afortunado. Al menos, en el plano judicial. Pero la suerte parece haberle dado la espalda desde que quien fue su mano derecha en el partido, Ricardo Costa, le señaló el 24 de enero como el que dio la orden de pagar las campañas de 2007 y 2008 con dinero negro y con facturas falsas endosadas a contratistas públicos afines. Hoy, persiguen a Camps las largas sombras de un pasado construido sobre graníticas mayorías inmunes a continuos episodios de corrupción que finalmente se han traducido en condenas para sus subordinados. El hombre a quien Mariano Rajoy puso un día como ejemplo a seguir debe declarar la mañana de este miércoles como testigo en el juicio por la presunta financiación del PP valenciano durante su mandato. De momento, Camps ha salido indemne. Pero a tenor de lo que ha ido trascendiendo en el último mes, la declaración de esta mañana puede ser el menor de sus problemas a efectos penales.

En menos de un mes, Camps se ha visto envuelto como investigado –o sea, imputado– en tres causas judiciales. Dos de ellas se derivan de uno de los grandes proyectos que acabaron estrellados con severo daño para las arcas públicas valencianas, el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de 2008 a 2012. Y la tercera, de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

Qué dirá hoy Camps en el juicio de la financiación del PP es, por acudir al lugar común de todas las declaraciones que todavía no se han producido, una incógnita. Pero nadie espera ni grandes revelaciones ni grandes esfuerzos de memoria ni, por supuesto, ninguna confesión que pudiera incriminarle incluso en el supuesto de que cualquier eventual delito haya prescrito ya, que es lo que creen distintos juristas expertos en la causa.

Quienes conocen a Camps sostienen que hoy dirá básicamente lo mismo que en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso: que durante nueve años Costa sostuvo lo contrario de lo que ha declarado en esta vista, que jamás supo cómo se financiaba el partido, que no es verosímil que su entonces secretario general avisara a Luis Bárcenas de que había un plan para que determinados empresarios pagaran facturas electorales y que nunca tuvo noticia de ninguna orden interna para no contratar más con Correa y los suyos. 

Los contratos de la Fórmula 1

Convencido de que el cambio de Ricardo Costa obedece a un pacto espurio que exige ofrecer a la Fiscalía "una pieza de caza mayor" y repitiendo como un mantra que las nuevas causas que le afectan "quedarán en nada", el entorno de Camps sabe que su presencia en el juicio de la financiación abrochará hoy un mes horrible. Porque todo esto comenzó justamente el 7 de febrero, cuando se vio obligado a declarar como investigado –imputado– en una causa que permanece secreta en un juzgado de Valencia y de la que apenas ha trascendido que se investiga la adjudicación del circuito de Fórmula 1, inicialmente presupuestada en algo más de 73 millones y que terminó por costar 90.

Dos semanas más tarde, el 21 de febrero, el hombre a quien Mariano Rajoy puso un día como ejemplo a seguir, supo que en mayo tendrá que declarar también como investigado por el caso Valmor,caso Valmor igualmente vinculado a la Fórmula 1 y en el que otra jueza valenciana indaga la adjudicación del Gran Premio de Fórmula 1 y su posterior compra con fondos públicos, todo ello con un coste de al menos 80 millones de euros. Los grandes beneficiados fueron el antiguo piloto Jorge Martínez Aspar y el magnate Bernie Ecclestone. Basándose en los informes policiales de la UDEF, Anticorrupción sostiene que Camps participó directamente en las negociaciones.

Dos días más tarde, el 23 de febrero, trascendió que otro juez le investiga por 11 contratos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006 y cuyo coste para el erario valenciano superó los nueve millones de euros. Los partidarios de Camps subrayan que esos contratos fueron adjudicados por una fundación en la que, si bien participaba la Generalitat, tenía entonces un carácter estrictamente privado, lo que la eximía de regirse por las normas sobre contratación pública. Y que así lo confirma la legislación vigente en aquel momento.

La visita papal

Esa misma visita papal constituye el objeto del siguiente juicio previsto en la extensa serie Gürtel y para el que todavía no hay fecha en el calendario de la Audiencia Nacional. En esa vista la justicia someterá a examen penal los contratos que para la instalación de pantallas y megafonía, previa mediación de la trama de Correa y por 7,4 millones adjudicó Canal Nou, la cadena pública desmantelada en noviembre de 2013 y cuyas emisiones radiofónicas acaban de reanudarse esta semana. En el juicio de las pantallas y salvo viraje inesperado de última hora, ni siquiera está previsto que Camps comparezca como testigo. 

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Abanderado de una política de grandes gestos y grandes gastos, el dinero –el del PP valenciano– ha abierto para Camps una etapa muy distinta a la que en 2009 le llevaron a él mismo y a la dirección del partido en bloque a vituperar o ridiculizar, según el momento, el estallido del caso Gürtel.  Entonces, el TSJ valenciano decidió recién iniciado el mes de abril que Camps solo debía ser investigado por el delito menos grave de la panoplia que acababa de destapar el entonces juez Baltasar Garzón –cohecho pasivo impropio, una especie de soborno light aceptado sin contrapartidas– y de manera desgajada. A trancas y barrancas, torpedeado por los jueces que entonces dirigían el tribunal valenciano, así se desarrolló el llamado caso de los trajes.

Absuelto en 2012, un año más tarde el Supremo ratificó la sentencia con una decisión a la que hace dos semanas se refería con sorna también en la comisión de investigación del Congreso Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Francisco Correa en Valencia: "Si el Supremo dice que yo no le he regalado trajes, yo no le pienso llevar la contraria". Dos subordinados de Camps fueron condenados por ese mismo caso: reconocieron que habían recibido prendas de vestir como regalos de la trama. Y aceptaron una multa. Ahora, El Bigotes ha relatado que optaron por esa vía alentados por Camps. "Les dijo: iros para allá". Y allí, sostiene Pérez, les dejó.

El mismo año en que el Supremo exoneró definitivamente a Camps y tras casi doce meses de reflexión como el ahora juez jubilado José Castro recordó en una entrevista, el TSJ valenciano rechazó investigar a Camps por los convenios que habían reportado al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin 3,5 millones de euros y cuyo contenido era casi idéntico al que le terminó costando al expresidente balear Jaume Matas una condena de casi cuatro años. Entonces, Camps era lo que coloquialmente cabría denominar como un tío con suerte. Hoy, no hay todavía ningún final escrito. Pero el viento judicial ya no sopla a su favor.