Un paso más en la protección legal de los animales de compañía

El próximo lunes 6 de febrero está señalado como fecha clave en el calendario de las organizaciones animalistas. Se trata del plazo límite para presentar enmiendas en el Congreso de los Diputados respecto a la ratificación del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, exactamente 30 años desde que éste entrara en vigor en el marco de la UE.

A instancia y en representación de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), el ahora exdiputado Jordi Guillot (Iniciativa per Catalunya Verds) defendió en abril del 2015 una proposición no de ley que exigía al Gobierno español ratificar dicho Convenio. Bajo el impulso animalista, el 25 de septiembre del mismo año el Gobierno autorizó la firma del acuerdo europeo. Tras esta autorización, el Convenio fue remitido a las Cortes Generales el 25 de noviembre del 2016. Un mes después, la Mesa de la Cámara adoptó un acuerdo de autorización del Convenio y estableció un plazo de enmiendas que expira el próximo 6 de febrero. Los próximos pasos apuntan a la ratificación y su firma definitiva, de forma que España se convertirá en el país número 18 que se adhiere al pacto.

Con la ratificación, España estaría dando cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2012, relativo a la Estrategia de la UE para la protección y el bienestar de los animales. En dicha resolución, la Eurocámara insta a ratificar este instrumento a los Estados que todavía no lo hayan hecho.

Un acuerdo de mínimos

El Convenio fue puesto en marcha por la UE en 1987, hace 30 años. Durante las últimas tres décadas, por tanto, las leyes relativas al bienestar animal han ido evolucionando y, en algunos casos, han superado los mínimos establecidos en el acuerdo europeo.

Las disposiciones del Convenio atienden a una serie de cuestiones básicas, como los principios generales sobre bienestar animal que rigen la tenencia, la cría, la adquisición y el comercio de los animales de compañía. También limita el uso de animales en publicidad y espectáculos, en base a su total bienestar y normal rendimiento. La normativa regula asimismo las medidas destinadas a reducir el número de animales abandonados y callejeros mediante la identificación, la esterilización, la educación de la ciudadanía y la denuncia de los abandonos ante las autoridades competentes. En este sentido subraya la importancia de fomentar el desarrollo de programas educativos con el fin de concienciar y sensibilizar en el respeto hacia los animales de compañía.

El Convenio europeo, además, prohíbe la práctica de operaciones quirúrgicas con fines estéticos, tales como la amputación de la cola, el corte de las orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes. Estas operaciones únicamente estarán permitidas cuando un veterinario establezca un beneficio para la salud del animal, o siempre que tengan por objeto impedir la reproducción del animal.

Pese a la futura ratificación española, este último punto ha generado conflicto entre las fuerzas políticas y las organizaciones animalistas. La intención del Gobierno español es adherirse al Convenio con un matiz: esquivar la prohibición de amputar la cola de los animales.

Pacma ya ha tomado cartas en el asunto. El partido ha presentado este jueves una propuesta de enmienda en el Congreso [consultar documento aquí], a través de la que solicita la eliminación de la reserva contra la prohibición de este tipo de intervenciones quirúrgicas. La formación destaca que las consecuencias para los animales pueden ir desde problemas de salud crónicos, hasta trabas en la locomoción, en la comunicación e infecciones y complicaciones en la cicatrización. Argumenta, asimismo, que en España existe un total de siete comunidades autónomas que prohíben esta práctica –Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra–.

También la APDDA presentará durante los próximos días una propuesta de enmienda en términos similares, tal y como ha podido confirmar a infoLibre. Chesús Yuste, coordinador de la asociación, incide en que se promoverá "la presentación de enmiendas para eliminar la reserva que hace el Gobierno de no considerarse obligado por el artículo 10, párrafo 1. a. sobre el corte de la cola, ya que es injustificado y contrario a la protección de los animales desde el punto de vista jurídico y veterinario".

Consecuencias en España

A juicio de Silvia Barquero, presidenta del Pacma, resulta "positivo que se ratifique porque viene a homogeneizar las bases mínimas sobre las que legislar". En la actualidad, la regulación respecto a la protección de los animales domésticos se encuentra repartida entre el Ministerio de Agricultura, el de Medioambiente y las comunidades autónomas.

Existen comunidades que se encuentran un paso por delante del propio Convenio, "como la de Cataluña", o que ya han cubierto los indicadores mínimos que en él se indican. Sin embargo, el pacto sienta "una base legal a nivel estatal para que estos preceptos sean comunes para todas", de modo que es "la primera vez que en España existe una base para legislar", celebra Barquero.

La ratificación del Convenio "abre la puerta para conseguir la puesta en marcha ley estatal que regule todos los detalles no incluidos en el Convenio, porque estamos ante un acuerdo de mínimos, que viene tarde, y que no cubre las nuevas necesidades", matiza.

Anna Mulà, abogada y activista de la Fundación Franz Weber, entiende que existen ciertas disposiciones del Convenio que "se han quedado obsoletas en relación con las actuales exigencias sobre el nivel de protección que debe darse a los animales de compañía, acorde con la evolución social producida en estas últimas décadas y la correlativa tendencia legislativa más estricta en materia de protección de animales". Aún así, y en atención a que los principios generales del pacto "se adecuan a los actuales requerimientos sociales y que el Estado debe asumir que la protección de los animales es una política pública", la abogada considera que es "positivo que se ratifique dicho Convenio en un contexto en el que existe un debate sobre la necesidad de sentar las bases del marco normativo estatal sobre protección de los animales".

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Mulà coincide con Silvia Barquero a la hora de celebrar que la ratificación "proporciona un marco legislativo básico en esta materia y permite a la Administración General del Estado el desarrollo de las actuaciones pertinentes" al respecto.

Barquero destaca, además, que una de las novedades que introduce el Convenio es que "sólo se permite el sacrificio mediante sedación previa y posterior barbitúrico eustanásico, lo que vendrá a suspender la posibilidad de que las comunidades autónomas organicen batidas para acabar con los animales vagabundos", como ocurrió en noviembre del 2016 en Castilla-La Mancha, donde Pacma paralizó una batida organizada contra perros y gatos asilvestrados.

Finalmente, el partido animalista aplaude que, en base al Convenio, "se podrán efectuar denuncias contra aquellas personas que realicen prácticas contrarias al mismo".