Una persona muere cada doce minutos en España mientras espera la prestación por dependencia
"La dependencia retrocede". Así de tajante se muestra la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha criticado este jueves que las listas de espera no sólo no adelgazan, sino que no dejan de engordar. El número de mayores a las que se les ha reconocido el derecho y no perciben aún la prestación —las que se encuentran en el llamado limbo de la dependencia— y el de quienes ni siquiera han sido valorados es, cada vez, más elevado. Actualmente se encuentran esperando algún procedimiento 350.028 personas, 17.966 más con respecto al mes de enero. Pero hay un dato todavía peor: 123 fallecen cada día en esa lista de espera interminable, una cada 12 minutos.
"Cada vez está más lejos el objetivo del Plan de Choque de reducir la lista de espera en 60.000 personas este año. La burocracia, y el hecho de que en más de la mitad de las comunidades autónomas crece la lista de espera, hace que fracase el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y que no se aproveche la oportunidad del importante incremento presupuestario comprometido en este objetivo", critican los directores y gerentes de Servicios Sociales.
Era marzo de 2021. El entonces ministro del ramo, Pablo Iglesias, se mostraba "orgulloso" por haber firmado con sindicatos y patronales ese Plan de Choque. "Viene a reparar una injusticia", dijo entonces. Hacía apenas un año que la pandemia lo había acelerado todo. "Hace poco más de un año, pocos imaginaban los ministerios donde gobierna Unidas Podemos fueran capaces de llegar a acuerdos entre sindicatos y patronales, eso se ha normalizado. Este acuerdo es una magnífica noticia para toda la sociedad. Este plan da la vuelta a una manera de gestionar la crisis que hizo mucho daño a nuestra patria", dijo entonces.
Dos años después, su sucesora en el cargo, Ione Belarra, anunció un aumento de la financiación: 600 millones más, un 23%. Hasta los 3.229 millones. Uno de los objetivos era, precisamente, reducir las listas de espera. Pero no ha funcionado. Según los datos que han desgranado este jueves los directores y gerentes de Servicios Sociales, el tiempo medio de espera para recibir una prestación o servicio a la dependencia es de 324 días. Hay, en términos absolutos, 350.028 personas "abandonadas", a la espera de algún procedimiento, y 22.311 fallecieron entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 esperando ser atendidas: 11.900 en el limbo de la dependencia y 10.411 pendientes de resolución del grado de dependencia.
Pero también hay un dato positivo: las personas beneficiarias han aumentado un 5,42% con respecto a comienzos del año. Son, en términos absolutos, 67.514 personas más.
Cataluña, a la cabeza; Navarra, a la cola
La aportación para dependencia de las comunidades se redujo en 98 millones en 2022
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Todas estas cifras, no obstante, cambian de una comunidad a otra. Según el desglose por autonomías de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña es la comunidad que se encuentra a la cabeza en el número de fallecidos en listas de espera (con 6.759 muertes entre diciembre y mayo) y en el limbo de la dependencia (4.664), mientras que Navarra se encuentra a la cola en estas cifras (entre diciembre y mayo murieron en la lista de espera 61 mayores y en el limbo de la dependencia 58).
Cataluña, además, es la autonomía que tiene más personas en lista de espera, un total de 32% sobre todas las beneficiarias. Por detrás se encuentra La Rioja (31,53%), Canarias (27,08%) y País Vasco (16,61%). Sin embargo, y analizando el engrosamiento de estas listas, la Comunitat Valenciana se encuentra a la cabeza, con un incremento del 64,4%, seguida de Cantabria (44,4%) y Madrid (28,2%).
Todas las autonomías, según denunció la misma organización el pasado día 18, redujeron su aportación a la dependencia. Concretamente, en 2022 financiaron la partida con 7.573 millones, 98 menos que un año antes. Ese importe fue, del total de la inversión pública a la dependencia de 2022 (10.234 millones), el 74%. El 26% restante (2.661 millones) lo aportó el Estado, que incrementó en un 33,6% la partida de 2021, situada en 1.992 millones.
