El plan del Gobierno para reducir municipios fracasa y ahora hay 9 más que en 2013

El plan del Gobierno del PP de reducir el número de municipios en España no está dando los frutos deseados. De nada parecen haber servido los incentivos para fomentar las fusiones que el Ejecutivo incluyó en la reforma local aprobada durante la primera legislatura de Rajoy. La lista sigue engordando. A día de hoy hay 8.124 municipios en España, según los datos facilitados a infoLibre desde la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales, dependiente del Ministerio de la Presidencia. En los últimos cuatro años, según las mismas cifras, se han creado 11 nuevas localidades: 9 han nacido al segregarse de otro municipio y otras dos son fruto de una fusión. Teniendo en cuenta que en los casos de fusiones se crea uno pero desaparece otro, se puede decir que desde 2013 hay nueve localidades más en España.

En julio de 2012, casi siete meses después de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy desgranó en el Congreso de los Diputados un amplio paquete de medidas para hacer frente a una crisis económica que azotaba con fuerza. Entre ellas, el presidente del Ejecutivo puso sobre la mesa su intención de reformar la Administración pública. En este sentido, anunció en la Cámara baja la intención del Gobierno de reducir un 30% el número de concejales en los ayuntamientos en función de los tramos de población. El objetivo, tal y como trasladó a Bruselas en su plan de estabilidad financiera 2012-2015, era "la racionalización en el número de Entidades Locales y de sus competencias", una medida con la que pretendía ahorrar 10.500 millones de euros.

Así, con la intención de ir dibujando las líneas maestras de la futura reforma, el 26 octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Entre las medidas previstas, una ambiciosa reforma local que, tal y como figuraba en el borrador, fusionaba ayuntamientos, situaba a los municipios que tuvieran menos de 20.000 habitantes bajo jurisdicción de las diputaciones provinciales y reducía un 30% el número de concejales. El rechazo frontal de los alcaldes –también regidores del PP– obligó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a revisar el documento de arriba abajo.

Fomentar las fusiones

El Ejecutivo del PP calculaba que los cambios en la administración local supondrían un ahorro de 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015, según se plasmó en el informe que presentó la CORA en junio de 2013. Por eso, la formación conservadora tiró de mayoría absoluta en la Cámara Baja para aprobar de una vez por todas en diciembre de 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una normativa que reformaba la Ley de Bases del Régimen Local y que salió adelante con los votos a favor de PP, PNV y el diputado de UPN y en contra del resto de formaciones representadas en el hemiciclo. Tal era el rechazo que la ley fue recurrida incluso ante el Tribunal Constitucional.

La nueva norma, criticada por una oposición que la calificaba como ataque al municipalismo, no forzaba las fusiones pero incluía "incentivos" para fomentarlas con el objetivo de "mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales". Así, la reforma local establece que la "financiación mínima" que recibirán estas localidades que se unan "será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado". Además, recoge que tendrán "preferencia" durante los cinco primeros años en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones o convenios y dispensa a estos municipios de "de prestar nuevos servicios mínimos (...) por razón de su aumento poblacional". 

Además, introducía cambios para dificultar la aparición de nuevos municipios. En este sentido, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establecía que la creación "sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados".

Nueve municipios nuevos y dos fusiones

Sin embargo, la reforma local no ha tenido la eficacia que esperaba por aquel entonces el Ejecutivo conservador. Según los datos que la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales ha facilitado a este diario, en la actualidad hay registrados en España 8.124 municipios. En los últimos cuatro años, según las mismas cifras, se han creado 11 nuevas localidades: 9 han nacido al segregarse de otro municipio y otras dos son fruto de una fusión. Teniendo en cuenta que en los casos de fusiones se crea uno pero desaparece otro, se puede decir que desde el 31 de diciembre de 2012 hay nueve localidades más en España.

En 2013 se crearon dos nuevas: Oza-Cesuras (Galicia) –primera fusión en democracia– y Tiétar (Extremadura) –se segregó de Talayuela–. Les siguieron en 2014 Valderrubio (Andalucía) y Dehesas Viejas (Andalucía), que se segregaron de Pinos Puentes e Iznalloz, respectivamente. Por segregación también se crearon en 2015 otros cinco municipios: Montecorto (Andalucía), Serrato (Andalucía), Pueblonuevo de Miramontes (Extremadura), Balanegra (Andalucía) y Játar (Andalucía). Y en 2016 se produjeron las dos últimas inscripciones en el Registro de Entidades Locales: Domingo Pérez de Granada, que se segregó de Iznalloz, y Cerdedo-Cotobade, que se ha convertido en la segunda fusión en democracia.

Las elecciones reavivaron el asunto

Tras la aprobación de la reforma local, el debate sobre la atomización de España y la necesidad de reducir el número de municipios se enfrió. Pero la cuestión volvió a ponerse sobre la mesa con la aparición de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ha incluido en todos sus programas electorales –tanto para las municipales de 2015 como para las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016– la necesidad de promover "la fusión voluntaria de municipios" para "ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios". "La existencia de más de 8.000 municipios en España está muy por encima de la media en Europa", argumentaban.

Y el PP, buscando hacerse fuerte en el mundo rural, aprovechó la propuesta del partido naranja para atacarle en plena campaña electoral. Así, a sólo un mes de los comicios de diciembre de 2015, los conservadores pusieron en marcha 'Mi pueblo no se cierra', una campaña para "reivindicar la supervivencia de los pueblos del país" frente a los que "quieren acabar con los pequeños ayuntamientos" y "plantean la desaparición de 7.000 municipios", en palabras del vicesecretario de Organización de la formación, Fernando Martínez-Maíllo. Así, durante la presentación de la iniciativa, el dirigente conservador señaló que los españoles que residen en el mundo rural "tienen los mismos derechos que quienes residen en las ciudades".

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En la actualidad, la supervivencia de unos 4.200 municipios españoles está en riesgo a causa de la despoblación, según se recoge en La sostenibilidad demográfica de la España vacía, un estudio del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònoma de Barcelona (CED-UAB) publicado el pasado mes de julio. En el trabajo, el doctor en Geografía Joaquín Recaño señalaba que el 60% de los municipios españoles tenía a comienzos de 2016 menos de 1.001 habitantes, a pesar de que estas localidades ocupaban el 40% de la superficie. "Apenas concentraba el 3,1% de la población", señalaba Recaño en el estudio, incluido en la revista Perspectivas Demográficas.

Pero, con todos estos datos sobre la mesa, ¿por qué la reforma local de 2013 no ha conseguido reducir el número de municipios? "En primer lugar porque las fusiones eran voluntarias, no obligatorias como en Reino Unido, Suecia o Dinamarca", recuerda en conversación con infoLibre el sociólogo Jorge Galindo, que añade que en el caso español se ha tenido que depender "de los incentivos". Premios que, sin embargo, no han conseguido ser el aliciente necesario para que los municipios decidiesen apostar con firmeza por las fusiones voluntarias planteadas. 

Galindo cree que este fracaso se debe, en primer lugar, a las reticencias ocasionadas por la pérdida de poder. "En una fusión de municipios, que tienen sus dos alcaldes y sus dos estructuras de gobierno, siempre sale alguien perdiendo", afirma. A esto se suma, dice, la motivación económica: "No está nada claro que la unión de municipios vaya a dar mayor cantidad de recursos por habitante a la parte más pequeña". Y, por último, una derivada a tener en cuenta: la corrupción local. "Previene cualquier tipo de fusión porque supone que alguien de otro municipio venga a mirar dentro de tu gestión", concluye.