El plan del PP para las embarazadas sin papeles: garantizar que el niño adoptado nace en España y que la madre pueda ser expulsada después

Pablo Casado dice sentirse víctima de las fake news. El líder del PP así lo señaló la mañana del jueves, durante un acto en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en Valladolid. Lo hacía como respuesta a una noticia que saltó a los medios de comunicación la noche del miércoles de la mano de Newtral, precedida por otro titular de El Mundo fechado a 10 de marzo: "Blindaje a las sin papeles que den a su hijo en adopción". La web hablaba de una propuesta de los conservadores, quienes apostarían por incluir dentro de la anunciada Ley de Apoyo a la Maternidad un supuesto "blindaje" temporal de todas las mujeres migrantes en situación irregular que decidan dar a sus hijos en adopción. De esta forma, argumentan, las mujeres esquivarían el miedo a iniciar procesos de adopción por una posible expulsión. El medio entrecomillaba una respuesta del PP a la pregunta que le plantearon sobre el tema.

Pocas horas después de difundirse la información de Newtral, fuentes oficiales del PP la negaron de forma tajante: "Es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos. Esto es, literalmente, una barbaridad". Y Pablo Casado respondía, este jueves, durante el acto en la universidad. "Lo que propone el PP desde hace diez años en sus autonomías, en la Comunidad de Madrid, es que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos que si estuvieran regularizadas", afirmaba el líder del PP. Y añadía que, para evitar casos de abandono de bebés, cuando una mujer "decide entregar al niño en adopción en cualquier institución pública, esa institución decida no incoar el procedimiento de informar de que esa persona está en situación irregular, tal y como exigiría la actual Ley de Extranjería". De esta manera, continuaba, primaría "la protección del menor, de la madre y sobre todo de los facultativos o servicios sociales que deciden no entregar la información de su identidad si está en situación irregular".

Una medida, relataba Casado, "que ya está en marcha, que nunca había sido polémica, que garantiza los derechos de esa mujer que lo que no quiere es ser detenida por dar a su hijo en adopción". La medida que cita el conservador es el Protocolo de Intervención ante Abandonos, adoptado en la comunidad madrileña hace una década. Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aclaran que los responsables de llevar a cabo el procedimiento de adopción "no saben si las madres son extranjeras" porque "la renuncia de la madre al bebé es anónima y confidencial". Así lo indica el propio protocolo: "Por respeto a su intimidad [de la madre] sus datos personales sólo constarán en los archivos de las entidades directamente implicadas (Maternidad, Comisión de Tutela del Menor, Registro Civil y Juzgado) y sometidos a la debida reserva". Es un proceso "de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la madre biológica". Sus datos, además, "están sujetos a reserva y sólo se recogen en la partida de nacimiento original y documentos del expediente de adopción".

El documento también recalca que la entrega del niño, "en condiciones de seguridad y de legalidad, no tiene perjuicios legales o administrativos para la madre biológica". Pero no hace ninguna alusión específica a las mujeres extranjeras en situación irregular, de modo que no exige un blindaje explícito a las mismas frente a una orden de expulsión. Desde la Consejería, de hecho, recuerdan no tener "competencia en materia de inmigración y extranjería". La propuesta del PP, asegura Casado, tiene que ver con trasladar lo dictado por el protocolo madrileño a nivel estatal.

La medida, según han ido detallando los conservadores a lo largo del jueves, sería aplicable a las mujeres embarazadas durante el periodo de gestación y hasta la entrega del niño. La confidencialidad que quieren garantizar, sostienen, evitaría que su decisión de iniciar el proceso de adopción pudiera abrir la puerta de su expulsión. Una vez la mujer extranjera dé a luz al bebé y pasada la entrega del recién nacido, sí podría ser expulsada por cualquier otro motivo recogido en la ley. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, dijo en declaraciones a EFE que "por razones humanitarias y de protección del menor y de la mujer decimos que este proceso no sirva para iniciar un trámite de expulsión", pero puntualizó que "esto no cambia la situación irregular de esa mujer, ni cambia nada". 

La vicesecretaria del PP Cuca Gamarra declaró además que la medida del PP busca evitar que "muchos" bebés aparezcan en contenedores. Y Javier Maroto coincidió en que se trata de "evitar la situación de niños que son abandonados o tirados en el contenedor porque la madre tiene miedo a acercarse a una administración por estar en situación irregular". El PP, a preguntas de infoLibre, no ha concretado los datos que maneja sobre bebés aparecidos en contenedores en los últimos años.

En definitiva, la postura del PP es la siguiente: garantizar que el bebé nazca en España y, una vez entregado en adopción, se termina ya la protección "por razones humanitarias" de la madre y puede ser expulsada conforme a los supuestos contemplados en la ley.

Situación actual

  Para contextualizar la situación en la que se encuentran las embarazadas sin papeles que deciden dar a su futuro hijo en adopción es necesario examinar dos asuntos clave: por un lado la Ley de Extranjería y por otro la realidad de los procesos adoptivos. La Ley de Extranjería menciona en su artículo 57 que "la expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre". Las mujeres embarazadas en situación irregular estarían, a priori, protegidas por esta norma.

Benedicto García, de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (Cora), explica en conversación con este diario que aunque cada comunidad está regida por su propia legislación, sí existe de forma generalizada una situación que se produce a nivel global, y es que "todas las madres que deciden dar a un menor en adopción, es decir, renuncian a la tutela de ese menor, lo tienen que comunicar" y en el momento en que lo hacen "los servicios sociales de la comunidad tienen que intervenir y analizar su situación personal", además de informar de todas las condiciones y requisitos. "Si quiere renunciar a ese menor, automáticamente los servicios sociales tienen que avisar al servicio de protección del menor", continúa, "que generalmente suele depender de la misma consejería de la comunidad".

En todo este proceso, subraya García, "estamos hablando de organismos oficiales, de instituciones, que están obligadas a mantener la confidencialidad de todo lo que se trate y gestione ahí, tanto con esa persona como con su entorno". Esa información, añade, "tiene que ser confidencial, esté o no regulado" en una norma autonómica. Una vez la mujer da a luz al niño, los servicios sociales deben ofrecerle "un documento de renuncia a la patria potestad" y además la madre debe estar "asistida y asesorada por un jurista que le explique lo que implica esa renuncia". Con toda esa información, la mujer "después del documento de renuncia aún tiene un mes y medio para retractarse de esa decisión".

La pregunta, entiende García, tiene que ver con si "hay algún tipo de fuga de información de esta confidencialidad por parte de los servicios públicos". Y resuelve: "Que respondan ellos, pero por lógica no tiene que haberla".

Durante el año 2017, de acuerdo a datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, el número de adopciones nacionales ascendió a 680, siendo un 46% menores de tres años. Se registraron, además, 1.313 nuevos ofrecimientos de adopción, emitiéndose 925 certificados de idoneidad, de los cuales el 93% fueron positivos. No existen datos oficiales sobre la procedencia de las madres que dieron en adopción a sus hijos, aunque la fundación Redmadre dio este jueves alguna pista: durante 2018 la entidad atendió en sus centros madrileños a un total de 1.122 mujeres embarazadas y madres con dificultades, de las que un 68% eran migrantes en situación irregular y entre ellas sólo una dio a su hijo en adopción.

El Ministerio del Interior también señaló, a través de declaraciones a Europa Press, que en España "nunca se expulsa" a una mujer embarazada en situación irregular, con el objetivo de priorizar así el interés superior del menor. "Como práctica general, nunca se expulsa a una mujer en situación irregular que esté embarazada, lleguen embarazadas o estando aquí", destacó el departamento. Interior precisó que, una vez terminado el periodo de gestación, se sigue el procedimiento habitual y se analiza "caso por caso" antes de proceder a la expulsión de cualquier persona. El bebé nacido en territorio español, cuya madre está en situación irregular, no adquiere automáticamente la nacionalidad española aunque puede hacerlo por residencia al cabo de un año.

Tampoco la Red Acoge "tiene conocimiento de casos en los que se haya abierto un expediente de expulsión" en un caso de una mujer en situación irregular que se plantee dar a su hijo en adopción. La organización añadió el mismo jueves que "incluso teniendo decretada una expulsión, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no se ejecuta o se puede recurrir o revocar si se cumplen determinados requisitos como los de arraigo social o solicitud de asilo, entre otros".

Estigma y coacción

La propuesta de Pablo Casado ha hecho saltar las alarmas de organizaciones y expertos, quienes hacen una lectura crítica basada en las aristas sin pulir, la letra pequeña y las dudas sin resolver. Médicos del Mundo lo expresa de forma clara al señalar su temor a que "se aboque" a mujeres en situación irregular y de especial desprotección "a que decidan sobre el futuro de sus hijos bajo presión y sin que se les ofrezcan salidas humanitarias y fundadas en los derechos humanos que las asisten".

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"A Médicos del Mundo le preocupa que para el PP sea legítima la posibilidad de que se inicien procesos de expulsión a personas en situación irregular durante cualquier procedimiento en el que deban entregar sus datos de identidad a administraciones públicas que no tienen funciones de extranjería", manifiesta la organización.

Con esta posición coincide Juezas y Jueces para la Democracia, que mediante un comunicado emitido la tarde del jueves valoró la medida como una "clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad". Además, considera que la propuesta "situaría a la persona afectada ante una situación coercitiva, de modo que en la práctica se le amenazaría de expulsión salvo que renunciara a la propia maternidad dando a sus hijos en adopción". "Ninguna política pública de un Estado democrático de derecho puede situar a las personas en una tesitura como esta", reiteran y entienden que "no es posible admitir propuestas para legislar que impliquen la mercantilización de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de los niños, sea cual sea su nacionalidad, situación económica o administrativa".

Los jueces observan además que la medida chocaría de pleno con la misma Constitución, que obliga a los poderes públicos a "asegurar la protección integral de los hijos y de las madres y el derecho a la intimidad familiar". Por tanto, "la entrega coactiva en adopción, pues no se puede calificar de otra manera la situación que se propone, choca frontalmente con la letra y el espíritu de nuestra ley fundamental". También "se violarían derechos consagrados en instrumentos internacionales como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto al derecho de cualquier persona a fundar su propia familia o a no sufrir injerencias en su vida familiar", rematan los juristas.