Pobreza energética: qué esconden los 7,3 millones de cortes de luz ejecutados durante la crisis

El caso de la anciana que falleció este lunes en Reus (Tarragona) tras el incendio provocado por una de las velas que utilizaba para alumbrarse después de que la eléctrica Gas Natural Fenosa le hubiera cortado la luz ha vuelto a poner el foco sobre la crudeza de la pobreza energética, el concepto que define la incapacidad de un hogar para satisfacer un mínimo de servicios con los que cubrir necesidades básicas domésticas como la climatización de la vivienda, cocinar o asearse.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Encuesta de Condiciones de Vida que publica de forma periódica, pero también otros estudios aportados por ONG o instituciones académicas como la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), han puesto cifras a esta realidad muchas veces invisible, pues ocurre en la intimidad del hogar, y permanece especialmente oculta ante situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Según el organismo estadístico del Estado el 10,6% de la población vivía en 2015 en hogares que no podían permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. En 2009 este porcentaje era del 7,2%. 

La ACA, que edita un estudio de referencia en España sobre esta materia, certificó en su último documento [consultar en PDF] que en 2014 el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos –el 10% del total, tal y como se recoge en la metodología británica– a pagar facturas de luz y gas subió en 2014 hasta el 15%, lo que equivale a 6,6 millones de personas. En 2010 este indicador estaba situado en el 12,4%, lo que equivalía a cinco millones de personas.

No resulta extraño, por tanto, que el problema de la pobreza energética se haga más visible en invierno. Por ejemplo, Cruz Roja ha observado que el 41% de las personas que atendió en 2015 vivían en hogares donde no se podían permitir encender la calefacción. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), vivir en una casa en la que de forma habitual se registran temperaturas inadecuadas aumenta la prevalencia de enfermedades físicas y mentales, especialmente en niños y ancianos. 

Hay que tener en cuenta, además, que la electricidad y el gas son más caros en España que en la mayoría de los países europeos. Según los datos publicados en 2015 por Eurostat, la electricidad que pagan los ciudadanos españoles es la quinta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia. Un informe elaborado en 2015 por David Robinson, investigador del Oxford Institute for Energy Studies, documentó que el recibo de la luz había subido en España un 52% desde 2008. 

7,3 millones de cortes de luz 

Aunque el fenómeno siempre ha existido, los expertos vienen alertando de que este problema ha comenzado a alcanzar también en los últimos años a personas con empleo o que tienen pensiones mínimas. "La crisis ha hecho florecer este fenómeno en hogares de la antigua clase media aquejados por el empleo precario, el paro o la finalización de las prestaciones y subsidios", señala Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS).

También la Alianza contra la Pobreza Energética viene señalando que no es solo la llamada población pobre la que no puede hacer frente a unas facturas que pueden alcanzar los 200 euros al mes por familia sumando gas, luz y agua. "Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, pagar la energía y el agua o alimentar a sus hijos. Y esto sin contar a las personas a las que, por motivos de salud, un corte en el suministro energético pone en grave peligro su vida", señala María Campuzano, portavoz de este colectivo.

Las eléctricas que copan gran parte del mercado minorista español –Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y EDP– han llevado a cabo más de 7,3 millones de cortes de suministro por no abonar las facturas entre 2009 y 2015. Esta cifra es una estimación realizada por infoLibre a partir de la información facilitada por las propias compañías. Los datos reales son sin duda superiores, ya que hay empresas como Gas Natural Fenosa que ocultan las cifras de los peores años de la crisis, de forma que para calcular los cortes de luz en su caso se ha usado la media de los dos últimos años, cuando han bajado de forma considerable en relación con 2010 o 2012. Sólo Endesa (3.009.900 cortes) y EDP (125.911) han hecho públicas las estadísticas de todos los ejercicios. Viesgo no facilitó ninguno, así que sus datos no constan en esa cifra total de 7,3 millones.

Las estadísticas evidencian que hubo más de un millón de cortes de luz anuales de media en los últimos siete años. No obstante, la cifra se redujo claramente en 2014 y 2015, pues después de cinco años donde la cifra de cortes de luz siempre superó el millón (1,14 millones en 2009, 1,32 en 2010, 1,07 en 2011, 1,28 en 2012 y 1,10 en 2013), en los dos últimos se redujo hasta 641.000 en 2014 y 666.000 en 2015.

Las empresas suelen defender que gran parte de los cortes de luz no responden a situaciones de pobreza energética porque el suministro se restablece en menos de 48 horas. Así ocurrió aproximadamente en el 58% de los casos. Sin embargo, las estadísticas también constatan que aproximadamente en el 13% de los casos ese corte de luz se prolongó durante más de un mes. Es decir, en unos 950.00 casos en el periodo de siete años analizado.

Estos números contrastan con los millonarios beneficios de las compañías que, en conjunto, alcanzaron 46.926 millones de euros entre 2009 y 2015. La empresa que mayores beneficios se embolsó fue Iberdrola, con 18.301 millones de euros; seguida de cerca por Endesa, con18.107. Gas Natural Fenosa, por su parte, obtuvo unas ganancias netas de 9.571 millones de euros. Cierra la lista EDP, con 947 millones de euros de beneficios netos en esos siete años. 

La comparación de ambas cifras puede ser el paradigma de uno de los grandes escollos de la salida de la crisis: la desigualdad. De hecho, la máxima desigualdad se produjo en 2010, pues fue el año con más cortes de luz y también el año en que más beneficios netos lograron las eléctricas.

Respuesta institucional 

Las quejas ciudadanas por el alcance del fenómeno llevaron a las administraciones a reaccionar, aunque los expertos vienen quejándose de que son parches que no resuelven el problema en toda su magnitud. Entre las principales medidas implementadas está el llamado bono social para la electricidad –un 25% de descuento en el recibo de la luz para sectores más vulnerables– y los convenios con la suministradoras para evitar cortes de suministro a las personas con menos recursos. 

Ana Lima lamenta que, actualmente, la única opción que se puede ofrecer a estas personas desde los servicios sociales públicos –además de asesoramiento y apoyo psicológico– es un subsidio de emergencia en forma de cheque para que paguen la luz o el agua. No obstante, este remedio es algo puntual, una ayuda a la que pueden acceder en una o dos ocasiones y que depende, además, de cada administración. De ahí que su propuesta sea poner en marcha un plan estatal que esté coordinado por los servicios sociales autonómicos y municipales con el objetivo de sistematizar y homogeneizar estas ayudas en los diferentes territorios.

También la ACA defiende esta propuesta de actuación coordinada a través de una estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética. "Uno de los retos de este proceso sería combinar medidas a corto plazo que ayuden a paliar la situación de emergencia de determinados sectores más vulnerables con otras de formación y sensibilización sobre el uso de la energía que, más a largo plazo, mitiguen y solventen la actual situación", señala José Luis López, coordinador de proyectos de la ACA.

En este punto, López destaca otro de los flancos en los que, sin duda, hay opciones de mejora: la edificabilidad. En este sentido, defiende que los programas de rehabilitación integral de edificios se hagan con "perspectiva de pobreza energética" y teniendo en cuenta que existen casos extremos donde sería necesario asumir el 100% del coste de la intervención. "En caso contrario, se corre el riesgo de un aumento de la desigualdad y una profundización de la brecha existente", señala. 

La labor de las compañías 

El caso de Reus también ha abierto el debate de la corresponsabilidad. Es decir, hasta qué punto las suministradoras de energía deben o no implicarse aportando fondos propios para paliar la consecuencias de este fenómeno teniendo en cuenta que se trata de un mercado privatizado. Por ejemplo, la ley catalana contra la pobreza energética y los desahucios insta a las administraciones públicas a establecer acuerdos con las compañías de suministro "para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos".

Esa era también la filosofía del bono social que puso en marcha en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que preveía una rebaja del 25% en la factura para pensionistas, familias numerosas, aquellas con todos sus miembro en paro o consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios en su primera vivienda. Pero las eléctricas recurrieron y el coste de la medida se acabó trasladando a las facturas de los consumidores mediante los peajes de acceso. 

Otro real decreto, en este caso en 2013, hizo que de nuevo fueran las compañías las que tuviesen que asumir su coste según la cuota de conexiones a la red de cada una. Pero estas volvieron a recurrir a los tribunales insistiendo en que el coste debería asumirse por los Presupuestos Generales del Estado. El Supremo les dio la razón hace apenas un mes reconociendo incluso el derecho de las compañías a ser indemnizadas. 

Por otro lado están los convenios que, en la práctica, consisten en que la administración pública en cuestión (ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma...) paga a la compañía eléctrica el recibo que no puede abonar el cliente que está en situación de vulnerabilidad. Endesa ha firmado 155 convenios, Iberdrola 69 y Gas Natural 51. Estos acuerdos han beneficiado, al menos, a 48.600 hogares.

El compromiso que asumen es no cortar el suministro mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica. Eso sí, una vez recibida se tiene que destinar a satisfacer la deuda contraída. En cualquier caso, el dinero sale al final del bolsillo de todos los contribuyentes.

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La comercializadora Viesgo, con presencia especialmente en el norte del país, ha puesto en marcha por su parte un plan de ayuda por el que asume el coste fijo de la factura de la luz de 1.400 familias con todos los miembros en paro.

Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), defiende que tiene que haber más compromiso por parte de las comercializadoras. "No creo que este tipo de servicios tan básicos tengan que estar tan privatizados porque cubren necesidades vitales de la población que no se pueden negar. No obstante, ya que lo están, creo que sería bueno que, a través de sus servicios de responsabilidad social corporativa, establecieran más mecanismos de colaboración", señala. 

La Alianza contra la Pobreza Energética va más allá y defiende que todos los costes de garantía de este servicio básico sean asumidos por las compañías suministradoras. "Por delante de los multimillonarios están las personas", sentencia Campuzano. En esta línea, el colectivo defiende que se debería avanzar hacia un modelo de gestión que tenga vocación de servicio público y asegure su universalización, así como hacer una auditoría pública de los costes del servicio y el déficit tarifario para depurar responsabilidades, reducir los costes asociados y no pagar la deuda ilegítima.