PP y Ciudadanos lanzan mensajes contradictorios sobre el 'pin censor' en las escuelas que les pretende imponer Vox

Partido Popular y Ciudadanos siguen pagando el peaje de gobernar en comunidades autónomas con el apoyo de Vox y de no frenar sus imposiciones radicales. Y la extrema derecha se sigue cobrando el precio de esos apoyos desde la posición privilegiada que les da no tener parcelas de poder institucional en territorios como Madrid y Murcia pero, al mismo tiempo, ser la llave para que avance la legislatura.

El partido de Santiago Abascal está poniendo a prueba estos días la solidez de los pactos de PP y Cs con un asunto nada menor: la aprobación de los presupuestos de las comunidades autónomas en las que cogobiernan. Sus principales presiones no llegan por el camino de lograr más o menos fondos para cuestiones que Vox considera prioritarias. En esta ocasión, las presiones llegan para intentar dar una nueva vuelta de tuerca a la imposición de su ideología radical con exigencias en Murcia sobre el pin censor –bautizado por la extrema derecha como "pin parental"–, una Región donde lleva en vigor desde el arranque de este curso escolar. Y PP y Cs, que tienen serios debates internos sobre la forma en la que distanciarse de la extrema derecha, incurren en contradicciones a la hora de justificar sus posiciones sobre este asunto que ya trasciende la esfera autonómica y ha pasado a ser un asunto estatal con un requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez a Murcia para que elimine esa herramienta.

Hasta la dirección nacional del PP, que siempre había pasado de puntillas sobre este asunto, salió este viernes a defender la iniciativa como si hubiera partido de su programa electoral. Un asunto que deja en evidencia posturas como la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que hasta la fecha no ha visto con buenos ojos esta iniciativa de la extrema derecha.

¿Cuándo dejó de ser una línea roja para Cs?

Tras un arranque de semana marcado por la insistencia de Ciudadanos en que las nuevas demandas de Vox Murcia sobre el "pin parental" eran una "línea roja" que ellos no estaban dispuestos a atravesar, a última hora del jueves se informaba de que PP, Cs y Vox habían llegado a un acuerdo presupuestario que incluía la polémica iniciativa que otorga a los padres el derecho de vetar que sus hijos acudan a actividades complementarias en los centros educativos. Actividades en las que, por ejemplo, se aborden cuestiones morales o de diversidad sexual.

En el primer punto del acuerdo, firmado por los portavoces de PP, Cs y Vox en la Asamblea regional, se aboga por un sistema educativo en el que se establece "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias".

Lo que la extrema derecha llama pin parental ya formaba parte del acuerdo por el que Fernando López Miras (PP) se convirtió en presidente de la Región de Murcia como líder de un Gobierno de coalición con Cs. La novedad de la exigencia de Vox ahora es que lo que había quedado plasmado en las resoluciones de la Consejería de Educación de Murcia a los colegios para el nuevo curso debe ahora elevarse a la categoría de decreto.

En las citadas resoluciones, para los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, hay un apartado llamado "actividades programadas por los centros" en el que se señala que de "aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias", para que estas "puedan manifestar" la "conformidad o disconformidad" de que sus hijos participen.

A primera hora del viernes, desde Ciudadanos se empezaba a marcar distancias sobre el hecho de que el acuerdo en Murcia supusiese esa aceptación del polémico veto parental. En la crisis llegó ya a mediar la dirección nacional del partido naranja, con una presidencia provisional a la espera de que el congreso de marzo eliga al sucesor de Albert Rivera. 

Cs recuerda la ley LGTBI y el caso de Cantabria

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, defendió que su partido no había "avalado ninguna autorización especial de los padres para que sus hijos reciban algún tipo de determinada enseñanza curricular" recordando que ellos "siempre" han votado en contra en aquellos parlamentos en los que se ha planteado esta cuestión, como en Cantabria, informa Europa Press.

"El mensaje es erróneo, no aceptamos este concepto", dijo Bal, haciendo hincapié en que esta herramienta no se plasmará en un decreto ni en una ley. Según dijo, lo que han acordado con Vox en Murcia es que en materia de enseñanza habrá que cumplir con los principios constitucionales reconocidos en el artículo 27 respecto a la educación y a los derechos de los niños y padres, así como los que se recogen en la legislación nacional y la autonómica correspondiente. Además, insistió en que en Murcia existe una ley regional LGTBI que establece la necesidad de formación hacia el respeto a la diversidad y la lucha contra la homofobia.

"Hemos celebrado un acuerdo en el que el otro partido –en referencia a Vox– reconoce que se tiene que aplicar esa ley. Luego, evidentemente parece absolutamente claro que no va a ser necesario ninguna autorización paterna para acudir a esos cursos", concluyó. 

Cs duda ahora de la legalidad

Pero la contradicción más evidente del partido que ahora lidera Inés Arrimadas de forma provisional no llegó hasta después de que el Consejo de Ministros anunciara el requerimiento al Gobierno de Murcia. Poco después, desde la formación naranja se informó de que la próxima semana pedirá en el Consejo de Gobierno autonómico un informe de los servicios jurídicos de la Región con el fin de "aclarar" la legalidad de la instrucción enviada por la Consejería de Educación a los centros de enseñanza para aplicar el pin censor. Esta instrucción tiene fecha del 29 de agosto de 2019, por lo que si Cs tiene dudas de su legalidad ha permitido que esté en vigor desde hace casi cinco meses.

Los encargados de hacer el anuncio en rueda de prensa fueron la portavoz del Gobierno autonómico, Ana Martínez Vidal, y el portavoz parlamentario de la formación en la Asamblea murciana, Juan José Molina. Martínez Vidal sostuvo que, si bien su formación no está de acuerdo con el "pin parental" y considera que la citada circular se encuentra fuera de la legalidad, su apoyo a esta medida en los Presupuestos obedece a un ejercicio de "lealtad institucional" y "estabilidad".

El PP entra de lleno en el debate

Desde las generales de abril, cuando los conservadores llegaron a su suelo electoral –66 escaños–, hay un debate recurrente en el seno del PP: el de cómo plantar cara (o no) a Vox. El de cómo frenar en seco (o no) las provocaciones de la ultraderecha. El de cómo desmontar (o no) sus mentiras. El debate pareció superado tras las generales del 10N cuando el PP se recuperó hasta los 89 escaños. Pero el tono bronco al que recurrió Casado en el debate de investidura de Pedro Sánchez despertó bastantes dudas. 

Este viernes, la dirección nacional decidió entrar de lleno en un debate sobre el que podían haber intentado pasar de puntillas, dejando que todo el foco se dirigiese a Cs, Vox y al Gobierno. Pero no fue así. Génova salió a defender esta imposición de Vox como si les fuera la vida en ello y sentando un precedente para el resto de negociaciones que sus barones autonómicos o regidores tengan que mantener con Vox. 

En una rueda de prensa convocada en la sede nacional del PP tras reunirse con consejeros de Hacienda del partido, el secretario general de la formación acusó al presidente del Gobierno de ser "valiente" con quienes defienden la ley y "sumiso" con quienes la "vulneran".

Comparaciones con Cataluña

"Son los padres y no Sánchez quienes deciden a qué actividades extracurriculares van sus hijos", señaló Teodoro García Egea.

El PP lleva en su ADN la defensa y la demanda de que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos, pero nunca ha llegado a los límites de hacer una defensa cerrada del pin censorpin censor.

García Egea, al igual que habían hecho desde Cs, intentó buscar contradicciones entre la forma en la que el Ejecutivo actúa frente a Cataluña y las acciones anunciadas en el caso de Murcia. Así, se quejó de que Sánchez quiera llevar al presidente murciano a los tribunales y no al president Quim Torra que, según dijo, pone inspectores a los niños en los colegios en el recreo para comprobar en qué idioma hablan.

La posición del número dos de los conservadores sorprendió porque deja en evidencia a dirigentes conservadores como Isabel Díaz Ayuso, que está negociando los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y a la que Vox ya ha advertido de que si quiere sus votos tendrá que aceptar lo mismo que sus compañeros de Murcia.

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El pasado septiembre, poco después de haber sido investida, la presidenta madrileña aseguró que el Gobierno regional no contemplaba la puesta en marcha del pin parental, propuesto por Vox. Lo justificó apuntando a que se trataría de "una intromisión en la labor del docente". "La autoridad del profesor y su libertad de docencia es lo primero", recalcó.

Está por ver si Ayuso cambia ahora de parecer tras este claro pronunciamientos de la dirección nacional.

Por si García Egea no había sido lo suficientemente contundente, Casado no quiso dejar pasar el día para pronunciarse en un sentido similar sobre la cuestión. Una advertencia de que el PP está dispuesto a dar esta batalla que en su origen es de la extrema derecha. "Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias", escribió Casado en su perfil de Twitter. Era su respuesta a esta frase de la ministra de Educación, Isabel Celaá: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres".