PP, Cs y Vox 'salvan' al consejero de Sanidad en un Pleno en el que la izquierda acusa a Ayuso de "abandonar" a las residencias

El Gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid vivió este jueves una prueba de fuego en la Asamblea regional en la votación de la reprobación del consejero de Sanidad (PP), Enrique Ruiz Escudero, planteada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. En el contexto de esta iniciativa está la polémica gestión de la crisis del covid-19 en la región, con el drama de las residencias de mayores como foco principal, una cuestión que ha enfrentando públicamente a los socios del Gobierno de coalición en el Ejecutivo autonómico.

Al filo de las 21.00 horas, el Pleno de la Asamblea de Madrid, rechazó la iniciativa con 36 votos en contra de la reprobación frente a 34 a favor. Pese a que la votación fue en secreto, a petición del grupo de Unidas Podemos, los números cuadran con el bloque de la investidura frente al de los partidos de la izquierda. Debido a las medidas tomadas por el coronavirus, los parlamentarios en la Cámara madrileña se han reducido ahora a 70 con este reparto por grupos: PSOE (20), PP (16), Ciudadanos (14), Más Madrid (10), Vox (6), Unidas Podemos (4).

No es ningún secreto que los roces entre el responsable de Sanidad y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), han sometido a una gran prueba de estrés al Ejecutivo de coalición, sobre todo a cuenta de la actuación en las residencias de mayores. El enfrentamiento ha sido indisimulado, en público. Porque el responsable de Políticas Sociales, a quien Isabel Díaz Ayuso le retiró las competencias de los centros de mayores el 25 de marzo, no ha ocultado que no comparte los protocolos –desvelados por infoLibre– que, en los peores días de la pandemia, no permitieron derivar a hospitales a residentes enfermos. "No es ético y posiblemente no sea legal", ha llegado a decir. 

En su intervención, Paloma García, de Unidas Podemos, grupo promotor de la iniciativa, calificó de "decisión política" la denegación de atención sanitaria a los mayores de las residencias. Crítica también fue la socialista Pilar Sánchez Acera, que acusó al Gobierno regional de "abandonar a las residencias". Y la representante de Más Madrid, Mónica García, que intentó desmontar el argumentario de la derecha que apunta a que las competencias en materia de centros de mayores durante el estado de alarma estaban en manos del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias (Unidas Podemos).

"Las competencias eran suyas, solo suyas y nada más que suyas", insistió Mónica García.

Desde Ciudadanos, Enrique Veloso dijo no compartir el "relato interesado" que hace la izquierda de lo ocurrido en las residencias y consideró que los mismos que piden la reprobación de Ruiz Escudero deben pedir también la de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas donde ellos gobiernan. Y citó "datos" que apuntan a que entre el 1 de marzo y el 5 de junio se realizaron más de 10.000 traslados de alojados en residencias a hospitales.

"Que yo sepa, todas las comunidades autónomas tienen protocolos para el tratamiento de pacientes", insistió el representante de Ciudadanos en una intervención sin autocrítica.

 Eduardo Raboso, diputado del Partido Popular, echó en cara a los socialistas y a Unidas Podemos que el Gobierno central todavía no ha facilitado el número exacto de fallecidos por la pandemia. "Están ustedes echándonos encima unos muertos que en realidad son suyos", dijo. Y defendió que los protocolos "son la esencia de la medicina" y que estos protocolos "no vienen del consejero [Ruiz Escudero]".

A juicio del representante de los conservadores, tanto el consejero de Sanidad como el de Políticas Sociales "se esforzaron innegablemente en el cumplimiento de su deber más allá de lo que resultaba exigible".

Por su parte, Gádor Joya (Vox) se sorprendió de que la izquierda pida que se aparte el consejero antes de que haya una investigación al respecto y mostró sus "sospechas" de que sólo se quiera "atacar a uno para salvar a muchos".

Los antecedentes

Tras las críticas de Reyero a los protocolos, en la parte del Gobierno madrileño integrada por el Partido Popular consideraron "insostenible" la continuidad de Reyero como integrante del Ejecutivo. Pero desde Ciudadanos salieron a recordar que, sobre la cuota del partido naranja en Consejo de Gobierno, es el vicepresidente Ignacio Aguado el que tiene la última palabra. En las horas previas a la votación de este jueves se alentó la posibilidad de que hubiera ruptura de la disciplina de voto dentro del grupo de Ciudadanos, unos rumores que el vicepresidente Ignacio Aguado se encargó de disipar.

El titular de Sanidad llegó a asegurar que uno de los seis "borradores" del protocolo –en realidad no eran borradores, porque todos los documentos llevaban firma– fue enviado por "error" y acusó a Reyero de haber filtrado unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los mayores de residencias a centros hospitalarios.

Pero Reyero le llevó la contraria. Defendió que se trataba de un protocolo y no un borrador. "Hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad", llegó a afirmar porque las órdenes para no derivar a residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales en los peores días de pandemia "no se sostenían".

Ayuso les llamó al orden pidiéndoles que se dedicaran a hablar de sus respectivos departamentos. Y anunció la apertura de una "investigación interna" dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores en plena pandemia. Es la segunda investigación interna que abre desde que estalló la crisis del covid-19. La primera fue la motivada por la polémica de su alojamiento en un apartamento perteneciente a la cadena de hoteles Room Mate hasta que la Comunidad de Madrid pasó a la fase 1. Y el contrato fantasma con esta empresa hotelerafantasma. Como consecuencia de este "error humano", cesó el secretario general técnico de esta consejería al ser considerado el responsable de que ese contrato apareciera y desapareciera después de la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid.

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