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El PP impulsa en Galicia una reforma de los medios públicos contraria al reglamento europeo
Mientras Alberto Núñez Feijóo defiende la aplicación directa y “el cumplimiento” del nuevo Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación, particularmente en lo que respecta al refuerzo de “la independencia de los medios públicos” —como señaló él mismo en el Congreso el pasado 17 de julio—, el PP trabaja para hacer exactamente lo contrario allí donde tiene control de la legislación, como es el caso de Galicia.
El PP gallego se dispone a derogar de la ley reguladora de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia aprobada hace casi trece años, una norma modélica que nunca llegó a aplicarse porque hubiese puesto fin al férreo control que el propio Feijóo impuso en la radio y la televisión públicas para ponerlas al servicio de sus intereses. Al frente de los medios públicos gallegos sigue desde entonces Alfonso Sánchez Izquierdo, en virtud de una modificación que el PP incluyó en una ley de presupuestos que ha convertido su mandato en ilimitado.
Cumplir esa ley, que exige una amplia mayoría parlamentaria para elegir al máximo responsable de los medios públicos y que ahora el PP se propone derogar, era precisamente el principal objetivo de los trabajadores de TVG y Radio Galega, quienes desde hace seis años denuncian cada viernes el sometimiento de su trabajo a la voluntad de la Xunta.
El objetivo del PP gallego, con Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, a la cabeza, es aplicar una fórmula para poder renovar al director general solo con sus votos. El pasado mayo, el Gobierno gallego dio el primer paso con una consulta pública previa para lanzar la nueva norma, que denominó provisionalmente ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para la sociedad digital, según informa Praza.gal. Este 29 de julio, como siguiente trámite, pasó por el Consello da Xunta en forma de anteproyecto y el presidente Rueda confirmó el cambio en el juego de mayorías para elegir la dirección general.
Cambio de mayorías
“Las mayorías necesarias” para elegir al director o directora general de lo que ya no se llamará Corporación Radio y Televisión de Galicia, sino Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia, “se mantienen como primeras opciones” las vigentes, es decir, dos tercios (50 escaños) o, de no ser alcanzados, tres quintos (45), explicó Rueda, lo que obligaría al PP a llegar a algún tipo de acuerdo con el BNG o el PSdeG-PSOE.
Pero es un requisito ficticio: si la oposición no acepta al candidato del PP, Rueda podrá imponer el nombre del director general “por mayoría absoluta”. Esta fórmula es prácticamente idéntica a la aplicada por el PP de Rajoy en RTVE en 2012, apenas seis meses después de lograr mayoría absoluta en el Congreso.
De este modo, y a la espera de la inminente publicación del anteproyecto íntegro y de los siguientes pasos de su tramitación, la nueva ley de los medios públicos sepultará definitivamente la ley de 2011 sin haberla cumplido nunca íntegramente.
La nueva norma, además, creará un “consejo asesor” para los medios públicos integrado por representantes del mundo “de la cultura, la ciencia, la tecnología, la educación”, así como de municipios o asociaciones de consumidores, entre otros, que según elDiario.es serán nombrados por organismos controlados por el PP. Y dará carpetazo definitivo a figuras clave para garantizar la independencia de los medios, como la creación de un Consejo de Informativos o la redacción de un Estatuto Profesional, previstos en la ley actual, pero que el PP nunca llevó a la práctica.
Violación flagrante
El plan del Partido Popular supone una violación flagrante del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que entró en vigor el pasado mes de mayo y que, como el propio Feijóo recordó en el Congreso, es de aplicación directa en España.
La normativa comunitaria sostiene que los medios de comunicación públicos “garantizan que los ciudadanos tengan acceso a una oferta de contenidos diversa, incluida información de calidad, y a una cobertura mediática imparcial y equilibrada”.
En particular, el reglamento destaca el papel de los medios públicos en la promoción de “los valores de la democracia, la diversidad cultural y la cohesión social”, así como a la hora de proporcionar “un foro para el debate público y para promover la participación democrática”.
El legislador europeo parte de la base de que los medios públicos “pueden estar particularmente expuestos al riesgo de injerencia, dada su proximidad institucional al Estado y la financiación pública que reciben. Dicho riesgo se ve agravado por unas salvaguardias desiguales en relación con la cobertura equilibrada y la gobernanza independiente”. Y se muestra especialmente preocupado por “las reformas legislativas” destinadas a aumentar “el control gubernamental” de los medios públicos, como la que se va a llevar a cabo en Galicia, “también en lo que respecta al nombramiento de las personas que ejerzan la dirección del consejo de administración, o de los miembros de este”.
Impedir la cobertura sesgada
La falta de una normativa adecuada puede “dar lugar a casos de información parcial o a una cobertura mediática sesgada” por parte de los medios públicos, así como a “situaciones de interferencia gubernamental en el nombramiento o destitución de sus gestores, o ajustes arbitrarios o financiación inestable”.
Los medios públicos “están especialmente expuestos” al “riesgo de captación” de intereses políticos, “dada su cercanía al Estado”. “Mientras las empresas de medios de comunicación independientes pueden invertir sus recursos en información de gran calidad que cumpla con normas deontológicas en materia periodística”, determinados medios públicos “que no respetan dichas normas podrían proporcionar información sesgada y además recibir financiación estatal”, lo que puede mermar la “ventaja competitiva que los medios de comunicación independientes pueden lograr gracias a la información independiente”.
De ahí que el reglamento, sobre la base de las normas internacionales desarrolladas por el Consejo de Europa a este respecto, ordene a los Estados miembros, incluida España (y a sus comunidades autónomas), aplicar “salvaguardias legales eficaces para el funcionamiento independiente” de los medios públicos, “sin injerencias gubernamentales, políticas o de intereses económicos o privados”.
Las “salvaguardias del funcionamiento independiente” de los medios públicos previstas en el reglamento figuran en su artículo 5. En virtud de ellas, España está obligada a garantizar que “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional, y ofrezcan de un modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias, de conformidad con su mandato de servicio público”.
Procedimiento de elección
Y debe asegurarse de que “los procedimientos para el nombramiento y la destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración tengan por objeto garantizar la independencia”, todo lo contrario de la reforma que ha puesto en marcha el PP en Galicia.
La norma europea obliga a la Xunta y al PP a garantizar que “el responsable de la gestión y los miembros del consejo de administración serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios y criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados, establecidos de antemano”. Y a que “la duración de su mandato” sea “suficiente para garantizar la independencia efectiva” de los medios públicos.
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España, en virtud del reglamento, está además obligada a designar “una o más autoridades u organismos independientes” o a establecer “mecanismos libres de la influencia política de los Gobiernos para efectuar un seguimiento de la aplicación de los apartados de todas estas normas cuyos resultados deberán hacerse públicos”.
Galicia es una de las comunidades que incumple desde hace años las normas legales europeas y españolas en materia audiovisual al no haber puesto en marcha un regulador independiente en el sector. Nunca creó el Consello Audiovisual previsto en la ley reguladora de sus medios públicos de 2011 —la que ahora va a derogar—.
En vez de contar con un organismo que, como ordena Bruselas, garantice “el respeto de los objetivos de pluralismo de los medios de comunicación, diversidad cultural, protección de los consumidores, correcto funcionamiento del mercado interior y fomento de una competencia leal”, es la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta, tan independiente que obedece directamente al presidente, Rueda, quien ejerce como “autoridad audiovisual competente” en la comunidad.
