El PP mantiene la militancia a acusados de corrupción pero tacha de insuficiente que el PSOE eche a los suyos

El PP está dando credibilidad a todas las acusaciones que Antonio Navarro, la estrella mediática del caso Mediador, está haciendo contra el PSOE. A pesar de que su amplio historial delictivo, desde robo con violencia e intimidación a estafa, pasando por abandono de familia o falsificación en documento oficial, le hace un mal candidato a fuente fiable. Eso sí, cuando el ventilador puesto en marcha por Navarro para minimizar su papel nuclear en la trama salpica a su presidente en Canarias, Manuel Domínguez, al que el mediador ha vinculado a la trama señalándole como conocedor de los tejemanejes corruptos desde hace “año y medio”, el PP guarda silencio y no anuncia ninguna de las medidas que exige a los socialistas.

De hecho, esa es la norma en el partido de Alberto Núñez Feijóo: no hacer nada a menos que el caso entre en fase de juicio oral. No hay “suspensión provisional de afiliación” hasta que el afectado “esté incurso en un proceso penal en el que se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”. Ni siquiera cuando haya condena: sólo en el caso de que haya sentencia firme. Así lo establece el Reglamento de Régimen Disciplinario y de Garantías que aprobó el PP en enero de 2018. Únicamente en los casos de delitos flagrantes de corrupción está prevista la posibilidad de “determinar la suspensión de funciones o de afiliación”, nunca la expulsión.

Eso significa que si Bernardo Fuentes, que se ha hecho famoso con el sobrenombre de Tito Berni, fuese diputado del PP, hoy seguiría siendo militante del Partido Popular y sólo habría sido objeto de una apertura de expediente. Tampoco hubiese sido obligado a renunciar a su acta de diputado.

El mismo PP al que no le parece suficiente que el PSOE haya expulsado en apenas unas horas a su ya exdiputado en el Congreso y da verosimilitud a las declaraciones del mediador de la trama cuando señala sin dar nombres a un número indeterminado de parlamentarios de las dos Cámaras, mantiene como afiliado al exministro del interior, Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía acaba de pedir 15 años de prisión y más de 33 de inhabilitación como presunto cabecilla de la Operación Kitchen, el operativo policial ilegal montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y privar a los jueces de cualquier prueba que pudiera incriminar al PP por corrupción. A día de hoy, Génova se ha limitado a abrirle un expediente informativo y el exministro sigue siendo miembro del partido en nombre de la “presunción de inocencia”.

En la relación de Feijóo con la corrupción hay una pauta que se repite: primero, negar los hechos o minimizarlos; después, racanear información y, en alguna ocasión, mantener contra viento y marea la honorabilidad de cargos públicos incluso después de haber sido condenados. Así es como está actuando el PP ante los casos que le afectan, exactamente al revés de lo que exige al PSOE. 

El caso de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, es un buen ejemplo. Su marido y su hijastro están implicados en un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de sociedades pantalla y operaciones inmobiliarias por cuentas millonarias. Al mismo tiempo, el patrimonio de Muñoz se ha disparado de forma no aclarada, pasando a controlar la totalidad de tres sociedades y de una vivienda en Suecia, lo que ha dado pie a la apertura de una investigación en el Senado. 

Confirmación electoral

Lejos de cuestionar su comportamiento o de suspender al menos su militancia a la espera de que todo se aclare, el PP ha respaldado a Muñoz de la manera más contundente posible: confirmándola como candidata a la alcaldía de Marbella en las elecciones del 28 de mayo. “La señora Muñoz no tiene ningún tipo de investigación, ni por parte de la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía, ni ninguna autoridad judicial. Y ella ha planteado de manera reiterada desde hace algún tiempo que ella y el Ayuntamiento de Marbella son ajenos a cualquier acusación que haya podido haber en torno a su marido y a su hijastro”, se justificó en diciembre el presidente andaluz y líder del PP en esta comunidad, Juanma Moreno. 

Feijóo, como es habitual en él, guarda silencio sobre este asunto. Pero sus colaboradores han dejado claro el respaldo de Génova a la alcaldesa. Elías Bendodo, su coordinador general, salió en su defensa el pasado noviembre: “Ni el Ayuntamiento [de Marbella] ni la alcaldesa tienen nada que ver” con la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales por la que están imputados su marido y su hijastro, aseguró. “Ella me dice que todo está muy claro y los jueces hablarán”, explicó antes de añadir que Muñoz está en condiciones de demostrar que todo su patrimonio tiene un origen legal.

El PP se fía de las explicaciones de la alcaldesa de Marbella, como también de las que les ha dado la alcaldesa de Arroyomolinos (Madrid), Ana Millán, imputada por un delito de prevaricación vinculado al caso Púnica, la trama de corrupción que que supuestamente adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de comisiones ilegales.

Para entender la causa hay que remontarse a las elecciones municipales de 2015. Aunque los conservadores lograron imponerse, Ciudadanos se hizo con el control del consistorio. A los pocos meses, el alcalde naranja de la localidad, que luego dimitiría tras su imputación en el caso Enredadera, interpuso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que se centraba, fundamentalmente, en la sombra de Púnica sobre el municipio. Sin embargo, aquel escrito también puso el foco sobre una compañía llamada Neverland, propiedad del empresario Francisco Vicente Roselló, y la actual regidora de Arroyomolinos. "Cuando tomó posesión el nuevo equipo de gobierno, el primer día se estaba destruyendo documentación de la Concejalía de la concejala delegada de Juventud Ana Millán", rezaba la denuncia.

Se aportaron entonces diferentes papeles que habrían sido localizados tras "paralizar la destrucción de documentación que estaba en tres bolsas de basura". Uno de ellos, clave: un correo electrónico enviado por Millán a Roselló con el asunto "Ático" en el que le reclamaba el abono de determinadas cantidades. Además, se pusieron sobre la mesa un extracto de la cuenta bancaria de la conservadora y documentos sobre la contratación del consistorio con sociedades del empresario. Aquel fue el comienzo de un caso que la Audiencia Nacional remitiría al juzgado de Navalcarnero y que terminaría derivando en la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, una nave y la sede social de varias firmas ligadas al empresario.

Ascenso en el partido

A pesar de su situación judicial, el PP nunca puso distancia con la alcaldesa imputada. Es más, la presidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la premió en el congreso de esta organización aupándola al número tres y haciéndola responsable de Organización, un puesto clave de la maquinaria interna del partido. Ana Millán volverá a ser la candidata del PP en las elecciones municipales de mayo.

En el PP tampoco tienen nada que objetar en el caso de Vicent Marí, el presidente del Consell d’Eivissa al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por utilizar la vía de emergencia para adjudicar un contrasto a la empresa de una compañera de lista electoral.

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A pesar de las graves acusaciones que pesan contra él, el PP no sólo no le ha expulsado de sus filas sino que, como ocurre en los casos de Marbella y Arroyomolinos, ha confirmado su candidatura a la presidencia del Consell d’Eivissa. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tuvo inconveniente en compartir públicamente mesa y mantel con Vicent Marí este fin de semana durante un acto electoral organizado en las islas por su partido.

Aquí el PP no ve nada reprochable. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, lo confirmó en rueda de prensa cuando fue preguntada por esa cita: “Me parece muy bien que [Feijóo] comiera con él”, afirmó sin rodeos.

Feijóo calla e invoca la presunción de inocencia cuando las sospechas afectan al PP, pero en el caso protagonizado por Bernardo Fuentes desprecia la drástica medida adoptada por el PSOE de expulsarle mientras alienta los rumores que, de momento sin prueba alguna, está sembrando el mediador de la trama. “Esto afecta a un gobierno autonómico, afecta probablemente a uno o más ministerios y afecta a una buena parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y parece ser también al Grupo Parlamentario Socialista en el Senado”, aseguró el martes desde Barcelona. “Es un caso de corrupción cutre”, añadió enfatizando lo zafio y chapucero de la trama y poniendo paso bajo sospecha a los socialistas, a los que relaciona con “prácticas” que van “desde la prostitución a la droga”.