El PP naufraga en Bruselas: sin influir en la Comisión, desdibujado en la Cámara y sin aliados contra Sánchez

El Partido Popular lleva años situando tratando de situar su batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Bruselas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Alberto Núñez Feijóo, que no está dando los frutos deseados. Tras el resultado de las elecciones europeas del pasado junio, los conservadores confiaban en ejercer mayor influencia a nivel comunitario al ser la segunda delegación —después de la alemana— que más eurodiputados aporta a la familia del PP europeo y continuar su estrategia de desgaste contra el Gobierno central también desde una tercera Cámara, la del Parlamento Europeo.

Sin embargo, y aunque la familia de los socialistas europeos perdió poder— con 18 eurodiputados menos respecto a la legislatura pasada— en las recientes elecciones, el Gobierno español ganó peso en la actual Comisión Europea tras el nombramiento de su hasta ahora vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La que fue candidata del PSOE en esos comicios se convertirá, si nadie lo impide, en la 'número dos' de facto de la actual presidenta, la conservadora Ursula Von der Leyen, dotándola de un poder que ningún comisario español ha tenido antes y pese al malestar del PP. La formación de Feijóo trató de dificultar su nombramiento y, una vez confirmado, anunció que se opondrá a su elección en la comisión parlamentaria correspondiente, ya que en el pleno se vota a todos los comisarios en bloque —también a los de su familia política— .

Una decisión que contrasta con la que el PP de Casado tomó en 2019, cuando aceptó a Josep Borell como Alto Representante para política exterior de la Unión Europea. Los conservadores se excusan en que el PSOE hizo lo mismo en 2014 al votar en contra de la designación del popular Miguel Arias Cañete como comisario europeo, después de destaparse sus relaciones familiares con empresas petrolíferas. Aún con su voto negativo en el hearing —el 'examen' individual que debe pasar cada comisario—, las fuentes consultadas por infoLibre en Génova confiesan que "no van a poder boicotear" su nombramiento, ya que, si una mayoría de miembros de su grupo la rechazaran, los socialistas podrían hacer lo propio con otros comisarios del PP europeo.

Aunque, en privado, el PP reconoce que es "lógico" que le corresponda un comisario a Sánchez —se reparte uno por país—trata de minimizar que el logro Ribera sea para tanto e insiste en que no va a tener "competencias legislativas" pese a que tendrá la última palabra política sobre fusiones y adquisiciones de empresas y vigilará la libre competencia en el mercado interior. En un hilo publicado en su cuenta de X, el hombre fuerte de Feijóo en Bruselas, Esteban González Pons, aseguraba que el nombramiento de la ministra de Transición Ecológica no se producía "por Sánchez ni por el prestigio de Ribera" —como destacan los corresponsales extranjeros y españoles— sino por ser el PSOE una de las delegaciones más potentes junto con la alemana. Además, también destaca que Ribera "solo" tiene a su cargo la dirección general de Competencia y que la española no va a tener "margen de maniobra" ni en Agricultura y Pesca ni en Medio Ambiente.

Sin su 'comisión estrella' en el Parlamento Europeo y con la extrema derecha como socio de sus iniciativas

Sin poder influir en la composición de la Comisión Europea, el PP español ha tenido que conformarse con lograr —al igual que el PSOE— una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo, adjudicada González Pons, y con tres presidencias de comisiones en la Eurocámara. Concretamente, la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), presidida por Javier Zarzalejos, la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) que ostenta Lina Gálvez y la de Pesca (PECH) que dirige Carmen Crespo. Sin embargo, no han logrado retener la que, la pasada legislatura, fue su 'comisión estrella', la de peticiones, que durante los últimos años ha estado en manos de su candidata a las europeas, Dolors Montserrat.

Se trata de un órgano al que puede acudir cualquier ciudadano de la UE pero que ha sido utilizado como arma arrojadiza por parte del PP para tratar de desgastar a Sánchez. Es más, según datos de la Eurocámara, España es el país que presenta más quejas. En concreto, alrededor del 17% del total, tanto en 2021 como en 2022.  En la pasada legislatura la comisión abordó, entre otras cuestiones, el aterrizaje en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, la inmersión lingüística en Cataluña, una solicitud sobre los asesinatos sin resolver de ETA o los presuntos malos tratos a menores en el sistema de tutela infantil en Mallorca, además del caso que afectaba al marido de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

La función de Montserrat era filtrar qué cuestiones se discutían en el Parlamento Europeo y cuáles se descartaban y, aunque el PP siempre ha negado que se le diera prioridad a las cuestiones españolas, su actuación en la comisión se saldó con tres cartas de protesta a la presidencia de la Eurocámara de los grupos de los socialdemócratas, Los Verdes y La Izquierda por el "uso partidista" del PP. En los últimos cinco años el PP envió 'misiones' de eurodiputados para evaluar el sistema educativo en Cataluña —aunque la UE no tiene competencias en la materia— a Euskadi por la banda terrorista y a Baleares por el caso de los menores pero, una vez sobre el terreno, los eurodiputados españoles se dedicaban a criticar al Gobierno de turno. También lo intentó con la amnistía, pero no prosperó.

Esta semana la formación de Feijóo ha sido la principal impulsora de una resolución que partió a la Eurocámara y que salió adelante con sustancialmente menos apoyo que la que en 2021 pidió el reconocimiento de Juan Guaidó en una situación similar. Aquella votación dio la imagen de una Eurocámara unida, al contrario que la del pasado jueves, donde derechas y ultraderechas votaron a favor mientras el centro liberal, los socialistas, los ecologistas y la izquierda alternativa lo hicieron en contra. La inmensa mayoría de los liberales, y muchos socialistas y ecologistas del centro, el este y el norte de Europa votaron en contra porque no querían hacerlo de la mano de la extrema derecha.

El Partido Popular no buscó sólo los votos del grupo ECR —en el que se encuentra la formación de Giorgia Meloni y los polacos del PiS,— sino también el de los del italiano Matteo Salvini, el húngaro Viktor Orban o la francesa Marinne Le Pen. En el hemiciclo de Estrasburgo se vio, por tanto a las derechas y extremas derechas de un lado y al resto del otro. Los socialistas, así, tuvieron el respaldo de sus colegas europeos y se pudieron abrigar incluso con los liberales y ecologistas. No fue la victoria que el PP esperaba aunque los de Feijóo intentaron sacar todo el rédito posible, incidiendo en la negativa a apoyar la resolución de los socialistas.

El PP mantiene las graves acusaciones contra el Gobierno pese al comunicado de Edmundo González

El salto en el vacío del PP en la Eurocámara al sumar a la extrema derecha en su apoyo a Edmundo González

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En estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones europeas, pero no ha contado con aliados para lograr imponer ese relato. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco, por el momento, sobre la amnistía. La hoja de ruta diseñada por Génova pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo (PPE), pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP reclamaba.

Esta semana han presentado al Gobierno de Sánchez como cómplice de Venezuela. Fue González Pons el que prendió la mecha, al criticar el papel de Sánchez en la salida del país del dirigente opositor Edmundo González. "El Gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se está produciendo en Venezuela", afirmó ante los micrófonos de Esradio el jueves. Unas acusaciones respaldadas por el propio líder del PP, que exigió a su vez la dimisión de Albares por supuestamente participar en esa "coacción del régimen". Los conservadores, junto con Vox, sostienen que Sánchez actúa como aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro participando en una operación para dividir a la oposición, mientras el propio Maduro acusa al Gobierno español de intentar asesinarlo.

En la noche del jueves la tesis del PP fue desmontada tras un comunicado del propio Edmundo González: "No he sido coaccionado por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela", aseguró, respondiendo así a las acusaciones de los populares. Pese a esa contundente respuesta, los distintos portavoces del PP han continuado este viernes con el mismo discurso: exigiendo la dimisión del ministro Albares y el reemplazo del embajador en Caracas.