PP, PSOE, la antigua CDC y el PNV se repartieron 5,8 millones en dinero público a través de sus fundaciones en 2014 y 2015

Las fundaciones y asociaciones dependientes de los partidos se han convertido en un mecanismo de financiación con el que las formaciones políticas se saltan los límites que la ley les impone, tanto a la hora de recibir dinero público como privado. Los últimos informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas revelan que sólo PP, PSOE la antigua Convergència Democrática de Catalunya (hoy transformada en el PDeCAT) y el PNV se repartieron 5.820.627,24 euros de dinero de los contribuyentes entre los años 2014 y 2015.

El partido que más dinero público recibió en esos años a través de sus fundaciones fue el PP (2.804.279,21 euros). Casi todo fue a parar a manos de la fundación FAES de José María Aznar (1.437.478,54 en 2014 y en 1.229.755,49 2015). Los recursos entregados a esta entidad representan por sí solos el 39% de los 7.195.510 euros que las administraciones públicas dedicaron al conjunto de organizaciones de este tipo que se mueven en la órbita de los partidos políticos. Entre ellas la Generalitat que presidía Artur Mas. La fundación de Aznar no tuvo inconveniente en recibir 67.703,99 euros de manos del Govern el mismo año en el que tuvo lugar la consulta independentista del 9N.  

La legislación establece que dependen de los partidos aquellas fundaciones y asociaciones que hayan sido constituidas con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una formación política; que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por el partido o cuando la mayoría de su patronato esté integrado por miembros de los órganos directivos del partido.

A estos efectos, el Tribunal de Cuentas presume la existencia de un vínculo cuando, directa o indirectamente, existan operaciones económicas o financieras “de importancia relativa” entre las entidades y los partidos.

Siguiendo este criterio, el organismo fiscalizador exigió la presentación de sus cuentas a 43 fundaciones y siete entidades vinculadas o dependientes de los partidos (cuatro asociaciones y tres sociedades mercantiles), la mayor parte de ellas sin actividad en los años 2014 y 2015. Del total de fundaciones fiscalizadas, siete disponían de patrimonio negativo, dos de ellas de forma destacada: la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso (por importes de 1.526.495,29 y 326.279,67 euros), ambas dependientes del PSOE.

Educación y Exteriores, a la cabeza

Las subvenciones públicas recibidas por el conjunto de las fundaciones vinculadas o dependientes de los partidos políticos en los ejercicios 2014 y 2015 supusieron un total de 7.195.510 euros (3.782.977,78 y 3.412.532,29, respectivamente). Las principales subvenciones concedidas salieron de las arcas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La mayor parte del dinero fue a parar a manos de entidades dependientes de cuatro partidos. A la cabeza está el PP con 2.804.279 euros entre los dos ejercicios fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, casi todos para la FAES de Aznar. En segundo lugar están las fundaciones del PSOE, que a pesar de su situación patrimonial negativa de las dos más importantes —Pablo Iglesias e Ideas— recibieron en conjunto 1.806.623 euros en el mismo período. En tercer lugar está la Fundación Sabino Arana del PNV, que en esos años se nutrió con 754.448 euros, en este caso procedentes, en su mayor parte, de la Diputación Foral de Bizkaia (231.792 euros) y del Gobierno vasco (459.226 euros).

Cierra la tabla de los más beneficiados por el flujo de dinero público hacia las fundaciones y asociaciones de los partidos la antigua Convergència Democrática de Catalunya, hoy refundida bajo las siglas PDeCAT. Esta formación recibió 401.276 euros entre 2014 y 2015, con especial protagonismo del dinero procedente de la Generalitat (166.563 euros).

Las fundaciones y asociaciones dependientes de Podemos (Asociación por la Participación Social y Cultural y Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia) y Ciudadanos (Asociación Cataluña Constitucional, Asociación Movimiento Ciudadano por la Regeneración y Fundación Tribuna Cívica) declararon al Tribunal de Cuentas no haber recibido ni un solo euro público en los dos últimos años fiscalizados, en los que ambas formaciones todavía no habían alcanzado la dimensión que les otorgaron las elecciones generales de 2015.

La Fundación Josep Irla, de Esquerra Republicana de Catalunya, sumó 224.978 euros en aportaciones públicas, la inmensa mayoría (159.730) gracias a la Generalitat. Una cantidad muy parecida a la que ingresó en el mismo periodo la Fundación por la Europa de los Ciudadanos de Izquierda Unida (IU), aunque en este caso la mayor parte llegó a través de los presupuestos del Ministerio de Educación (176.423 euros).

Los más generosos

Los administradores públicos más generosos con las fundaciones de los partidos fueron el Ministerio de Educación (aportó 2.709.839 euros entre 2014 y 2015) y el de Asuntos Exteriores (1.896.896 euros), según los datos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. También destacan, por su tamaño, las aportaciones con origen en el dinero que manejan el Gobierno vasco (526.271 euros), la Generalitat de Cataluña (394.008) y la Diputación Foral de Bizkaia (301.792). La suma del dinero dedicado por estas cinco administraciones a subvencionar las entidades que los partidos utilizan para saltarse los límites de financiación marcados por la ley alcanza los 5.828.807 euros.

Las fundaciones facilitan a los partidos obtener recursos públicos que de otro modo tendrían vedados, pero también saltarse algunas de las limitaciones que tienen impuestas para hacerse con dinero privado. Y no es poco dinero: las aportaciones y donaciones privadas informadas por las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos en los ejercicios 2014 y 2015 supusieron en total 10.128.496 euros (5.256.946,92 y 4.871.549,19, respectivamente) Es el 58,4% de todo su presupuesto en esos años.

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La capacidad de estas entidades de atraer dinero privado es especialmente llamativa en el caso de Convergència y Esquerra. Las fundaciones de lo que hoy es el PDeCAT ingresaron entre 2014 y 2015 un total de 1.786.761 euros, cuatro veces más que lo que recibieron de fondos públicos. Una proporción semejante consiguió ERC: 951.479 euros entre aportaciones y donaciones privadas.

En su último informe, el Tribunal de Cuentas ha aprovechado para hacer algunas recomendaciones, como una petición a los partidos para acuerden la disolución y extinción de las numerosas fundaciones y asociaciones que tienen a su cargo y aue llevan años sin actividad de forma continuada, o que las que presentan una situación patrimonial negativa ajusten sus actividades económicas y elaboren un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial.

El organismo fiscalizador pone el dedo en la llaga del verdadero problema que representan estas entidades al proponer al Congreso que, en aras de la transparencia en la financiación de los partidos políticos y la eficacia de su control, se modifique la ley para “aplicar a las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos los mismos requisitos y limitaciones exigidos a estos en relación con las donaciones”. Y que adecúen su actuación a la realización de los fines fundacionales que les son propios, en vez de limitar su actividad a la mera tenencia de bienes inmuebles que se ponen a disposición de los partidos políticos o, en general, a “la obtención o gestión de recursos para financiarlos”.