El PP dice que es solidario pero exige a Sánchez que financie al 100% la acogida de menores migrantes

Solidaridad sí, pero que la paguen otros. Concretamente, el Gobierno de la nación. Ese es el mensaje que el Partido Popular le ha transmitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez mediante una carta firmada por el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, y dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que reclama un "fondo de contingencia plurianual" que se encargue "de la financiación de los menores desde su acogida hasta su emancipación". Es decir, que el Ejecutivo central financie al 100% la acogida de menores migrantes.

Es solo una de las exigencias que el PP reclama a cambio de sopesar si da su visto bueno a la reforma de la ley de extranjería que el PSOE y Sumar han registrado este lunes en el Congreso. Se trata de una norma que quiere obligar a las comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes que lleguen a España y evitar, así, lo que está sucediendo en Canarias, que sufre desde hace tiempo un colapso por la llegada de migrantes a sus costas—su sistema puede sostener a 2.000 personas, pero actualmente lo hace con 6.000—al que no se pondrá fin si el PP no quiere.

La formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo también solicita la declaración de la emergencia migratoria en toda España para que todas las comunidades puedan "licitar recursos de forma urgente para las necesidades de la acogida" y que, en el caso de que un territorio exceda la capacidad de sus recursos para atender a los menores, el Gobierno central "habilite los medios y su gestión directa". Es decir, que Sánchez se encargue de todo si ellos dicen que no pueden más.

Los conservadores exigen además al Gobierno una política específica de fronteras "que incluya medios técnicos, humanos y políticas de cooperación" con los países de los que salen los migrantes, que se "refuercen los controles en las fronteras marítimas" y se establezcan "pasaportes de tránsito para los países con viajeros con alta incidencia de inmigración irregular en los aeropuertos españoles". Todas estas medidas, sin embargo, no solucionarían a corto plazo la situación de Canarias ni de Ceuta, otro de los territorios más saturados.

"Sin un plan económico potente para invertir en el control de frontera, que incluya medios técnicos, tecnológicos y humanos, ayudas a las comunidades, políticas de cooperación con los países emisores y de repatriación de las personas en situación de irregularidad que tengan expedientes de expulsión, el Partido Popular no apoyará lo que no es más que un parche", concluye Tellado en su misiva. ¿Pero y qué sucede si el Gobierno acepta todas las exigencias de los conservadores? Ni siquiera en ese supuesto el PP aclara cuál sería el sentido del voto.

El PP no renuncia al discurso anti inmigración

La reforma necesita el voto de los de Feijóo después de que Junts haya cerrado la puerta a aceptarla. En los últimos días tanto desde Ferraz como desde el Gobierno demandaban "altura de miras" al PP, sin embargo ya se mostraban escépticos después del giro ultra de la formación, que, a través de Tellado, llegó incluso a reclamar que la Armada bloqueara a los cayucos en origen, al igual que pide Vox y el propio Feijóo aseguró recientemente que la inmigración "está descontrolada" y que "en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después por la noche o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español".

La decisión de la formación ultra de romper en todas las autonomías en las que compartían alianza el pasado jueves —y la amenaza de hacerlo en el más de centenar de ayuntamientos compartidos— no parece haber hecho mella en el PP, que demanda que se utilicen todos los "mecanismos existentes para luchar contra la entrada ilegal" de migrantes y advierte de un supuesto "efecto llamada", repitiendo así los mismos mantras que la ultraderecha.

Así lo señaló la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y lo suscribió el portavoz del partido, Borja Sémper. "El efecto llamada no ayuda ni a los inmigrantes ni a los ciudadanos que viven en sus respectivas pueblos y ciudades", dijo la primera, que reclamó la necesidad de "protegerse". "La ausencia de política migratoria genera problemas humanitarios y puede generar efecto llamada", añadió el segundo. "Una mala política migratoria genera desastres", concluyó.

El PP bloquea el reparto por ley de los menores migrantes y solo acepta reubicar a 400 ya pactados

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Los conservadores buscan mostrarse firmes contra la migración ya que son conscientes de que la formación de Santiago Abascal lo utilizará para tratar de erosionarles. El propio líder de Vox ya advirtió la pasada semana de que estar fuera de los gobiernos regionales les permitirá recuperar "el discurso auténtico" y hacer "planteamientos totales" que no podían realizar al formar parte del gobierno. La inmigración formará parte de ese "discurso auténtico" y Vox ya ha comenzado acusar al PP de ser "cómplice" del Gobierno de Sánchez.

En 2022 y 2023 el PP no cumplió con todo el acuerdo de reparto voluntario

El año pasado el Gobierno y las autonomías acordaron que estas últimas tendrían que acoger a 373 menores migrantes procedentes de Canarias y de Ceuta. Sin embargo, sólo tres aceptaron los traslados: Andalucía, Aragón y Asturias, que, no obstante, no cumplieron con los cupos a los que se comprometieron: tan sólo aceptaron reubicar a 62 niños y niñas. Si la primera tenía que recibir a 36, sólo acogió a 30; si la segunda debía acoger a 24, lo hizo con 16; si la tercera se comprometió a dar asilo a 32, también lo hizo sólo con 16. Navarra, por su parte, se comprometió a acoger a cinco a finales de este mes, con la que la cifra, de cumplirse, ascendería a 67 de esos 373. El reparto estaba asociado, además, a una partida de 20 millones de euros.

Un año antes la situación dejó mejores datos, pero tampoco un cumplimiento completo de los compromisos adoptados. El acuerdo para 2022, según los mismos datos del Gobierno, contemplaba la reubicación de 378 niños y niñas, pero las comunidades sólo acogieron a 228. En esta ocasión, sin embargo, hubo cuatro que sí hicieron efectivo el acuerdo. Fueron Andalucía (que acogió a 38), Asturias (31), Comunitat Valenciana (18) y Extremadura (22).