En Aragón no, en Castilla y León sí: el PP se queda sin discurso único sobre sus leyes de "concordia"

En menos de dos semanas tres comunidades en las que el Partido Popular gobierna—Baleares, Cantabria y Castilla y León— han tomado medidas opuestas sobre una misma materia: la memoria histórica. Hace diez días el PP balear anunció que su partido votaría a favor de la derogación de la ley autonómica presentada por la formación de Santiago Abascal tiempo atrás. Es lo que también hizo este lunes el PP cántabro, que unió sus votos a los Vox a para eliminar la ley regional. Dos días después, sin embargo, el PP de Castilla y León votó en contra de la ley de "concordia" que ellos mismos habían registrado junto a la ultraderecha siete metes antes.

La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido para la derecha un objetivo a batir. Lo fue hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy derogó de facto la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero dejándola sin fondos. Y lo ha seguido siendo tras el cambio de ciclo que trajeron consigo las elecciones autonómicas del pasado año, en la memoria se convirtió–de nuevo– en la pieza de caza mayor de eso que llamaron guerra cultural.

Tras el 28M las autonomías en las que el PP pactó con Vox para llegar a la presidencia se comprometieron a eliminar de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura. Una medida que conservadores y extrema derecha enmarcaron en los distintos acuerdos en la búsqueda de una supuesta "reconciliación" y "concordia real" para evitar cualquier "manipulación histórica" que pretenda "imponer una memoria parcial y sesgada".

Ese compromiso rápidamente se convirtió en una de las prioridades políticas de la legislatura, especialmente en las autonomías en las que la extrema derecha entró a gobernar. No tardaron en ponerse manos a la obra. El primer paso lo dieron en Aragón, aprobando una derogación de la normativa memorialista regional que fue presentada en las Cortes el 20 de noviembre del pasado año, efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco. Tras esto, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal comenzaron a moverse en Comunitat Valenciana, Castilla y León y Baleares. La decisión de Vox de romper con el PP el pasado julio ha provocado, sin embargo, que algunas comunidades sigan adelante con esa prerrogativa y otras no.

Aragón y Comunitat Valenciana, 'pioneras' en la derogación de las leyes autonómicas

Tanto en Aragón como en la Comunitat Valenciana derecha y ultraderecha primero registraron sus llamadas leyes de concordia, con las que buscaban reemplazar las normas autonómicas de memoria con textos que ampliaban el periodo de cobertura hasta 1931, con la llegada de la Segunda República, y después derogaron las leyes autonómicas existentes. En el caso de Aragón, el borrado se llevó a cabo por el procedimiento de urgencia, que permite una tramitación parlamentaria más ágil, y con el rechazo frontal de todo el tejido memorialista. Eso no impidió al Gobierno de Jorge Azcón aprobar, en junio de este año, el Plan para la Preservación de la Concordia, que evita referirse al franquismo o la Guerra Civil y solo hace una referencia general a las víctimas de la violencia “ejercida por regímenes totalitarios o dictaduras".

En el caso valenciano, el president Carlos Mazón decidió derogar la ley junto a Vox el mismo día en el que estaba previsto —como así sucedió— que Vox rompiera los Ejecutivos autonómicos con el PP. La ley valenciana asegura que "todas las víctimas son iguales" y equipara a las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las del terrorismo etarra, sin condenar el franquismo ni distinguir a las miles de personas asesinadas que acabaron en fosas comunes.

El Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional la derogación del Ejecutivo aragonés y el tribunal de garantías aceptó el recurso, paralizando así la norma. En su demanda, el Ejecutivo de Pedro Sánchez alegó que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, "por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas" y también que podría ser contraria a competencias estatales con relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 de la Constitución. En el caso valenciano, el Gobierno central ha propuesto esta misma semana a la Generalitat negociar para evitar otro recurso ante el Constitucional.

Baleares y Cantabria se comprometen a derogar sus normas en el Parlamento

En Baleares, donde la popular Marga Prohens gobierna —desde sus inicios— en solitario gracias a un acuerdo programático con Vox que, pese a la ruptura del pasado julio, parece que sigue vigente. La portavoz parlamentaria del PP balear, Marga Durán, fue la encargada de anunciar que su partido votaría a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica. En Cantabria también hay un gobierno monocolor del PP con María José Sáenz de Buruaga a la cabeza, pero el lunes también se sirvieron de los votos de Vox para aprobar la supresión de la anterior legislación, aprobada por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria en 2021.

En el caso balear se trataba de de un compromiso que formaba parte del acuerdo de 110 medidas que Prohens suscribió con los ultraderechistas el pasado año para garantizar su investidura, pero que no formaba parte de su programa electoral. La pasada semana el PP justificó el apoyo de su formación a la iniciativa alegando que la normativa estatal sobre memoria histórica y la ley de fosas de Baleares hacen innecesaria la norma autonómica.

Un argumento similar al del PP cántabro. El portavoz del partido, Iñigo Fernández, cargó tintas contra la norma de 2021 y la calificó como un "atropello" y una "imposición" que no "respeta sensibilidades" y que se llevó a cabo "sin disposición a aceptar un diálogo sincero": "Derogando esta ley damos un paso en defensa de la convivencia y las libertades frente al atropello de aprobar esta norma a las bravas", señaló tras la votación, que se aprobó con 19 votos a favor y 16 en contra. Aunque todavía no ha entrado en vigor, lo hará en los próximos meses.

El PP de Castilla y León entierra la norma que Mañueco registró con Vox

Más llamativo es el caso de Castilla y León. Este miércoles el PP votó en contra de tramitar la ley de concordia que negoció con Vox cuando ambos partidos gobernaban en coalición. Una norma que omitía el término dictadura e imponía una suerte de silencio sobre las víctimas y, sobre todo, sus verdugos al prohibir la difusión de datos sobre las exhumaciones llevadas a cabo en la región. Asimismo prohibía difundir públicamente la identidad de las víctimas rescatadas del olvido e incluía a las víctimas del terrorismo.

La negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que hasta hace solo unos meses defendía que la norma "ampliaba derechos" no responde, sin embargo, a motivos ideológicos. En concreto, lo que argumentó el PP es que antes de aprobar la norma debería ser revisada por el Consejo Consultivo. Un informe, que sin embargo, la Mesa vio innecesario en el mes de abril. "Ese informe parece resultar imprescindible para continuar la tramitación de esa Proposición de Ley. El Grupo Popular consideró no prioritaria su tramitación y de no disponer de este informe, la prudencia aconseja esperar", señaló el procurador del PP, Óscar Reguera.

En esa línea, Reguera también advirtió de que la derogación en Aragón había sido "objeto de recurso de inconstitucionalidad" y que la Comunitat Valenciana podría ser la siguiente. Eso no evitó los reproches de Vox que anticipó a Mañueco que iba a pagar "muy cara" esa decisión en las urnas. El presidente de la Junta no intervino en el debate y, aunque su portavoz evitó el cuerpo a cuerpo con los ultras, aseguró que por motivos de "prudencia" había que esperar.

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La posición del líder del PP ha virado desde que llegó a Génova hace más de dos años, pese a que cuando lideraba la oposición en el Parlamento gallego, en 2008, decidió por sorpresa votar a favor en el Parlamento autonómico de una resolución impulsada por socialistas y nacionalistas en la que se condenaba con rotundidad el franquismo. Aquel movimiento de quien fuera su delfín enfureció a Manuel Fragaf, quien había crecido políticamente al calor del régimen franquista como ministro de Información y Turismo.

En el verano de 2016, ya con mayoría absoluta y Feijóo en la Xunta, el PP también votó a favor de una declaración institucional en la que se condenaba "el golpe de Estado perpetrado por Franco el 18 de julio de 1936, el régimen dictatorial consecuencia de ese golpe de Estado y los crímenes y represiones ejercidos sobre las personas vencidas".

Pero esa imagen de conservador moderado, que siempre ha tratado de explotar a nivel mediático, se vino abajo con su llegada a Madrid. Su aterrizaje en Génova le llevó a adoptar la clásica postura del PP en todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo. Tres meses tardó en asegurar que derogaría la Ley de Memoria Democrática desde que cogió las riendas del partido por aclamación, lo mismo que llevaba prometiendo Pablo Casado desde sus inicios. Feijóo cogió el testigo de su sucesor y continuó en la misma línea. Para lo que Casado era "la guerra del abuelo", para el gallego es ahora una simple pelea de antepasados.