Paqui tiene 55 años. Vive en Sevilla con su pareja y sus dos hijos y trabaja como empleada de hogar desde los 14 años, pero sólo ha cotizado tres años y ocho meses. Sus empleadores le decían muchas veces que estaba dada de alta en la Seguridad Social, pero o era mentira o cotizaba dos horas de las 10 que realmente trabajaba. "Con un salario tan bajo, o pagas o comes". Es sólo uno de los ejemplos documentados por Oxfam Intermón y el Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y que pone rostro, nombre y apellidos a una realidad que afecta a las más de 630.000 personas que se dedican al trabajo del hogar. Son casi el 4% de la población activa, un porcentaje que sufre las consecuencias de la informalidad y precariedad de su trabajo. Son, además, casi todas mujeres y migrantes –el 57%–, y el 34% de ellas están condenadas a vivir en condiciones de pobreza.
"Nosotras cuidamos, pero nadie nos cuida a nosotras". Son las palabras de Rafaela Pimentel, dominicana, activista y empleada del hogar, que participó este martes junto a Liliana Marcos, especialista en política laboral de Oxfam Intermón, y Luis Gómez, representante de la UC3M, en la presentación de los datos relativos al estudio que la ONG y la institución han llevado a cabo para arrojar luz a un sector precarizado, invisible y, sobre todo, feminizado. "Nosotras hemos dejado de vivir nuestra vida para dedicarnos a cuidar", denunció. Y ellas, dijo, no pueden "vivir en condiciones de semiesclavitud en esta Europa".
Emplea sin dudar ese término porque los datos le avalan: más de un tercio de las trabajadoras de hogar viven en condiciones de pobreza, no cotizan todas las horas que trabajan, no tienen derecho a percibir el subsidio por desempleo, y pueden ser despedidas de forma unilateral sin ninguna explicación y en cualquier momento. Su situación de desamparo es total, y no han dejado de denunciarlo. De hecho, a comienzos de verano decidieron sacar su hartazgo a las calles de toda España, aunque pocos avances se han conseguido en estos meses.
Y esto ocurre aunque, desde 2012, es obligatorio que estén dadas de alta en la Seguridad Social. Una reforma llevada a cabo en 2011 las incluyó en el Régimen General y obligó a los empleadores a pagar las cotizaciones desde la primera hora trabajada. Pero no resolvieron las cuestiones mencionadas por Pimentel. Esas serían resueltas, se dijo entonces, en 2019. Pero la enmienda 6777 introducida por el Grupo Parlamentario Popular cuando el Gobierno conservador aprobó los Presupuestos de 2018 aplazó la fecha pactada hasta enero de 2024 para, dijeron, evitar "una serie de efectos negativos" como "la generación de nuevas obligaciones para los empleadores".
Sector precario, informal y feminizado
Las trabajadoras, además, tienen otro problema. España todavía no forma parte de la lista de 25 países que ratificaron el Convenio 189, el nombre con el que fue bautizado el acuerdo impulsado por la OIT en el año 2011 y cuya entrada en vigor se produjo dos años después. Su principal finalidad consiste en equiparar los derechos de las empleadas del hogar al del resto de trabajadores.
Las diferencias entre unos empleados y otras son patentes. En primer lugar, porque el trabajo doméstico tiene una tasa muy elevada de informalidad. Aunque desde 2012 es obligatorio que estén dadas de alta en la Seguridad Social, muchas continúan sin estarlo, por lo que no cotizan por su trabajo, limitando sus derechos "a presente y a futuro", según se explica en el estudio. Y ya son 163.925 mujeres las que se encuentran en esta situación.
Pero la informalidad va más allá. Al igual que Paqui, las afortunadas que sí cotizan lo hacen, en muchas ocasiones, por menos horas de las que en realidad trabajan. En este sentido, de las 205 empleadas del hogar a las que preguntaron Oxfam Intermón y la UC3M, sólo 18 respondieron cotizar todo su trabajo. Otras 89, el 43,4%, respondieron que no cotizaban ninguna hora.
Y esto ocurre en un sector en el que, como recuerda el estudio, el porcentaje de mujeres es muy superior al de los hombres. Y como ocurre en los empleos en el que el perfil del empleado es mayoritariamente femenino, el trabajo del hogar se caracteriza por bajos salarios y una gran temporalidad o parcialidad. En este sentido, mientras que para el conjunto de la población asalariada uno de cada cuatro trabajos son temporales, en las empleadas del hogar no internas se llega al uno de cada tres. "Además, sufren una rotación mayor que la del resto de la población, lo que les impide acumular antigüedad: mientras que el contrato temporal medio dura 128 meses, en el caso de estas trabajadoras apenas se llega a los 70 meses", añade el estudio.
Por su parte, los pocos hombres que realizan estos trabajos disfrutan de condiciones bastante más dignas: su temporalidad es del 6% y la duración de sus contratos es, de media, de 121 meses. ¿Por qué? Porque los trabajos de ellas tienen más que ver con los cuidados –del hogar o de personas–, mientras que los de ellos tienen más que ver con el mantenimiento. "La infravaloración del trabajo del cuidado conlleva que tareas que pueden ser más penosas se protejan peor o paguen menos que otras que, objetivamente, no son más complicadas, pero tienden a desempeñarlas hombres", explican los analistas de los datos.
Las condiciones de parcialidad, además, son soportadas de forma involuntaria por estas mujeres. Así, seis de cada 10 de los contratos de las empleadas domésticas responden a una temporalidad no deseada, sobre todo porque implica menores salarios.
Por otro lado, en cuanto al número de horas trabajadas por las empleadas internas, la media semanal se encuentra en las 60,92 horas, aunque hay un 16,5% que trabaja más de 70 horas y un 4,5% que supera las 90 a la semana. Dicho de otro modo, hay alrededor de 3.000 mujeres con las que se incumple la legalidad recogida en el Estatuto de los Trabajadores, que establece un descanso obligatorio de 12 horas entre jornada y jornada.
Mujeres excluidas y hogares más pobres
¿Cuál es la consecuencia de estas condiciones de trabajo? El riesgo de caer en la pobreza y la dificultad de revertir la situación. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017, el 16,3% de las personas que trabajaba por cuenta ajena vivía en riesgo de exclusión. Sin embargo, el porcentaje aumentaba hasta el 34,3% en el caso de las empleadas domésticas.
Estas cifras son la tónica general que soportan las trabajadoras del hogar. Una de cada tres declara, según la UC3M y Oxfam Intermón, que llega a fin de mes con dificultad, el 5,4% dice haber sufrido algún retraso en el pago del alquiler o la hipoteca, más de uno de cada dos de los hogares en los que viven no pueden enfrentarse a gastos imprevistos y el 15,7% no puede permitirse mantener la casa a una temperatura adecuada en invierno.
Pero lo peor es que, además, estas condiciones de vida no les afectan sólo a ellas. Según el estudio, en el 44% de los hogares en los que un adulto ingresa dinero proveniente del trabajo del hogar hay niños o niñas. Además, el 4,5% de esos hogares son soportados por un sólo progenitor. Y casi siempre es la madre, condenada por tanto al trabajo doméstico dentro y fuera del horario laboral. Este último, sin ni siquiera remuneración.
La tasa de temporalidad en el empleo de la población joven no se recupera tras la crisis: se sitúa ya en el 58%
Con este escenario, que no se resuelve por una "falta de voluntad política", a juicio de Marcos, las exigencias están claras. El Gobierno debe, a juicio de los autores del estudio, aumentar la inversión pública en los servicios de cuidado, avanzando hacia la universalización de la educación de 0 a 3 años y hacia la plena financiación del sistema de atención a la dependencia hasta la eliminación de las listas de espera.
Por otro lado, exigen la ratificación del Convenio 189 y apostar por la integración del sistema especial de las trabajadoras de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social en un plazo máximo de dos años, y no esperar hasta 2024 como está estipulado hasta este momento.
Del mismo modo, a juicio de Oxfam y la UC3M también es necesario poner en marcha campañas públicas para dignificar y revalorar los trabajos de hogar y de cuidado, al tiempo que se conciencia a los empleadores y trabajadoras sobre sus derechos y responsabilidades. Así, al mismo tiempo se podrá luchar contra la informalidad que impregna el empleo doméstico. Porque sin ellas, según se quejó Pimentel, "la sociedad no funcionaría".
Paqui tiene 55 años. Vive en Sevilla con su pareja y sus dos hijos y trabaja como empleada de hogar desde los 14 años, pero sólo ha cotizado tres años y ocho meses. Sus empleadores le decían muchas veces que estaba dada de alta en la Seguridad Social, pero o era mentira o cotizaba dos horas de las 10 que realmente trabajaba. "Con un salario tan bajo, o pagas o comes". Es sólo uno de los ejemplos documentados por Oxfam Intermón y el Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y que pone rostro, nombre y apellidos a una realidad que afecta a las más de 630.000 personas que se dedican al trabajo del hogar. Son casi el 4% de la población activa, un porcentaje que sufre las consecuencias de la informalidad y precariedad de su trabajo. Son, además, casi todas mujeres y migrantes –el 57%–, y el 34% de ellas están condenadas a vivir en condiciones de pobreza.