El presidente de la comisión territorial del Congreso llama a buscar acuerdos sin pagar "peajes indebidos a nadie"

El presidente de la nueva Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico, el socialista José Enrique Serrano, se ha estrenado en el cargo invitando a incorporarse a este órgano a los partidos que han decidido quedarse al margen —Unidos Podemos, el PNV y los independentistas de ERC y el PDeCAT—, a la vez que ha hecho un llamamiento a trabajar para lograr acuerdos pero sin pagar "peajes indebidos a nadie".

Nada más ser elegido junto al resto de los miembros de la Mesa, el que fuera jefe de Gabinete de los presidentes socialistas Felipe Gonzáles y José Luis Rodríguez Zapatero, ha dirigido sus primeras palabras al resto de miembros de la comisión y ha convocado una primera reunión para empezar a organizar su tarea la próxima semana, el jueves 23 de noviembre.

Serrano ha hecho hincapié en que esta comisión, creada a instancias del PSOE, ha generado una "importante expectación social y política", lo que, a su juicio, no es "raro", porque su misión es debatir sobre cómo mejorar el Estado autonómico en un momento "en el que ha sido gravemente cuestionado por los poderes públicos de Cataluña".

Tras avisar a los comisionados de que muchos ciudadanos estarán pendientes de sus quehaceres porque esperan que sean capaces de dar respuestas a muchas de sus aspiraciones, Serrano ha marcado las líneas en las que, desde su punto de vista, se debe basar el trabajo de la nueva comisión.

Primero diagnóstico, luego propuestas

Así, ha destacado que su primera tarea será evaluar el funcionamiento y la regulación del Estado autonómico y habrá que hacerlo poniendo en valor sus "indudables éxitos", pero también identificando las "disfunciones" de las que adolece.

Una vez hecho el diagnóstico, la segunda fase de los trabajos consistirá en plantear propuestas para modernizar el sistema y, en el caso de que se llegue a acuerdos para ello, en exigir cambios "en la forma de gobernar, en los procedimientos de adopción de decisiones y en las leyes que regular el Estado autonómico, incluyendo, y con la atención excepcional que requieren, cambios en la propia Constitución.

En este punto, ha dejado claro que esos acuerdos se deben buscar sin pagar "peajes indebidos a nadie". "Tenemos la gran tarea y la gran responsabilidad de alcanzar un resultado que contribuya a proyectar hacia el futuro el éxito que encarna nuestra Constitución para la convivencia pacífica y ordenada", ha dicho.

Según su presidente, la comisión también tiene la responsabilidad de "reafirmar con los hechos" que el Congreso es un "espacio de diálogo abierto", por lo que ha mostrado su deseo de que al final todos los grupos participen en este foro.

En este contexto, ha pedido a todos que sean capaces de, pese a sus diferencias, demostrar que son capaces de "identificar los intereses generales" y de dar respuestas reales a los problemas de convivencia. "Debemos transmitir a todos los ciudadanos, especialmente a los de Cataluña, que la Constitución nos acoge a todos y nos contempla como seres libres e iguales", ha rematado.

Seis meses para hacer propuestas

La nueva Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico tendrá seis meses para hacer propuestas para la reforma del modelo territorial de España, como prólogo para una posterior reforma global de la Constitución de 1978.

La sesión constitutiva ha servido para elegir a la mesa de la nueva comisión, que estará compuesta por diputados del PP y del PSOE, ya que Ciudadanos renunció a ocupar escaños en la mesa presidencial y ni siquiera ha apoyado el reparto acordado por los dos grupos mayoritarios.

Y a los recelos de Ciudadanos, que en su día votó en contra de esta comisión y que teme que sólo sirva para frustrar la prometida reforma constitucional, se suma el boicot de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra (ERC), el PNV y el PDeCAT, que directamente se han negado a inscribir diputados por discrepancias en torno a la crisius con Cataluña.

De momento, cuatro grupos

Así las cosas, la nueva comisión se ha constituido con sólo 27 de los 37 miembros que tienen las demás: 14 del PP, con José Antonio Bermúdxez de Castro y Juan José Matarí como portavoz titular y adjunto; nueve del PSOE, encabezados por la número dos del partido, Adriana Lastra, y el exlehendakari Patxi López; tres de Ciudadanos, con Nacho Prendes como portavoz; y uno de UPN, Iñigo Alli, en representación del Grupo Mixto.

El PP y el PSOE se han repartido los cinco puestos de la Mesa de la Comisión, con mayoría para el Grupo Popular. Junto a Serrano se ha elegido como vicepresidentas a las diputadas del PP Alicia Sánchez Camacho y Susana López Ares, y como secretarios estarán el conservador Jaime de Olano y la socialista Sofía Hernanz.

El PSOE ha propuesto como temas de debate el balance del modelo autonómico, la ordenación de las competencias, el nombre de las Comunidades Autónomas, el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la financiación autonómica y la autonomía local.

También quiere que los primeros comparecientes en desfilar por la mencionada comisión sean los tres "padres" vivos de la Constitución de 1978: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència). Una cita que los socialistas esperan que se produzca este mismo mes o a principios de diciembre.

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El PSOE quiere que los tres "padres" de la Constitución hagan un diagnóstico del desarrollo del Estado autonómico en estos 40 años de democracia y pongan encima de la mesa posibles mejoras, habida cuenta de que la comisión territorial dará paso después a una subcomisión encargada de la reforma global de la Carta Magna para adaptarla al siglo XXI.

Esta Comisión, cuyos trabajos se prolongarán durante seis meses, es la gran apuesta de los socialistas para intentar desbloquear la crisis en Cataluña. Finalizados sus trabajos, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acordado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrir una subcomisión en la Comisión Constitucional para empezar a preparar una reforma constitucional.