El presidente del Constitucional no contempla la dimisión de Valdés y prevé recuperar la normalidad a la vuelta de vacaciones

El Tribunal Constitucional (TC) prevé recuperar la total normalidad a la vuelta de vacaciones, ya que considera que la detención de su magistrado Fernando Valdés por una denuncia por violencia de género no afectará en gran medida al funcionamiento de la institución. Tal es así, que el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, no contempla por el momento la dimisión del magistrado.

Fuentes del tribunal de garantías consultadas por Europa Press defienden rotundamente la presunción de inocencia del magistrado y apuntan que los hechos denunciados tienen aún que aclararse. Así subrayan que por el momento Valdés tan sólo ha estado unas horas detenido y ha pasado a disposición judicial después de que unos vecinos de Majadahonda (Madrid) –municipio en el que reside el magistrado– llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de su vivienda.

Presunción de inocencia

El Tribunal Constitucional ya ha salido de manera oficial en defensa del magistrado y ha apelado a respetar este derecho fundamental "mientras continúe el procedimiento judicial en curso". Así lo expresó este martes en un comunicado emitido tras conocerse la noticia de la detención de Valdés y comparecencia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, que acordó su puesta en libertad sin fianza.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la titular de dicho juzgado tomó esta decisión tras valorar el estado de salud y la edad del magistrado (75 años), y teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, según fuentes jurídicas. Además, debido a su condición de magistrado en el tribunal de garantías, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que sólo puede ser investigado por este órgano judicial.

Conversación entre el presidente del TC y el denunciado

Las fuentes consultadas han apuntado que tras tener conocimiento de la detención de Valdés, el presidente del TC interrumpió "rápidamente" sus vacaciones y se trasladó a Madrid para obtener "información de primera mano" e "interesarse" por el estado de Valdés, con quién mantuvo una conversación para que le explicara lo sucedido.

Asimismo, aseguran que, ante la preocupación que puede generar este hecho, no se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que el magistrado dimita del cargo al que accedió en 2012 al Tribunal Constitucional, a propuesta del PSOE, y que tendría que haberse renovado hace un año.

Así las cosas, González Rivas prevé recuperar en septiembre la normal actividad del tribunal sin que este hecho afecte al funcionamiento del órgano, que tiene pendiente el estudio de diversos recursos, como los presentados por los condenados por el procés contra la sentencia del Supremo o contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, impulsada por el Partido Popular en 2015, cuya ponencia se encargó a Valdés.

A la espera de lo que haga el Supremo

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En este sentido, las mismas fuentes destacan que si los magistrados del Supremo consideran oportuno abrir una causa para investigar los hechos denunciados, entonces "podría verse" la posibilidad de cesar del cargo.

Hasta el momento, el único precedente que existe de un magistrado que haya presentado su dimisión por un ilícito es el de Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en 2014 dio positivo en un control de alcoholemia al que la Policía le sometió después de ser interceptado por ir circulando con su moto sin casco.

Algunos sectores de la política, como el PP, han pedido ya que Valdés dé "un paso atrás", si bien las cuatro asociaciones judiciales –Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI)– comparten la postura del TC y entienden que, además de ser una decisión personal, es prematuro pedir su cese antes de que se esclarezcan los hechos denunciados.