El presidente en funciones del CGPJ no convoca el Pleno para renovar el TC que ahora exigían los conservadores
El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frena el intento del bloque conservador de nombrar a los dos magistrados del Constitucional antes de la entrada en vigor de la reforma normativa impulsada para acabar con el bloqueo en el tribunal de garantías. Rafael Mozo, quien cogió las riendas del órgano de gobierno de los jueces tras la salida de Carlos Lesmes, ha rechazado este martes atender la petición de convocatoria de Pleno extraordinario para llevar a cabo la designación de forma urgente que solicitaron el pasado viernes los nueve vocales conservadores.
Este sector solicitó la convocatoria del cónclave con un único punto del día: "Nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional". "La petición así formulada no puede ser atendida", ha respondido este martes Mozo. Y no puede serlo, considera el presidente en funciones, porque el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ exige "la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del Pleno".
Pero no solo eso. Mozo también considera que no puede convocarlo en cumplimiento de las reglas que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se impuso para el procedimiento de designación el pasado 8 de septiembre. Por un lado, "la solicitud de convocatoria" debe incluir "los nombres de dos candidatos". Y, además, las propuestas deben acompañar el currículum de aquellos que opten a las plazas.
Los vocales conservadores, que con su mayoría de bloqueo llevan impidiendo desde hace meses la renovación del Tribunal Constitucional, exigieron la convocatoria del Pleno extraordinario el pasado viernes para que la renovación se pudiera llevar a cabo antes de la entrada en vigor de la reforma normativa impulsada ahora por el Gobierno para facilitar el desbloqueo.
En concreto, los dos socios del Ejecutivo han aprovechado la reforma penal relativa a la sedición para, vía enmiendas, llevar a cabo una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimine la necesidad de una mayoría de tres quintos para el nombramiento de los dos magistrados que corresponden al órgano de gobierno de los jueces, una barrera que ha permitido al bloque conservador dilatar durante meses la renovación. Ahora, con la propuesta de socialistas y Unidas Podemos, serán elegidos los dos candidatos que obtengan un mayor número de votos.
Además, para salvar el escollo de la renovación por tercios –es decir, que CGPJ y Gobierno tengan que nombrar al mismo tiempo–, los socios han incluido retoques en la Ley del Constitucional para que una de las partes pueda renovar en solitario cuando la otra no realice su propuesta.
