Presupuestos, financiación autonómica y derechos sociales: los retos para el nuevo curso parlamentario

El Congreso de los Diputados celebra esta semana el primer pleno del nuevo periodo de sesiones tras el parón por las vacaciones de Navidad. Junto a la sesión plenaria, que arranca el martes, el miércoles se producirá la primera sesión de control al Gobierno del año. Más allá de las cuestiones concretas con las que se inaugura este nuevo tramo parlamentario de la XII Legislatura –el real decreto por el que actualizan los valores catastrales para 2018 o la convalidación de un real decreto que adecua el Derecho español a la legislación europea en materia de mercados financieros, entre otras–, los partidos tienen puesto el foco en una serie de iniciativas de las que pretenden hacer el eje de sus respectivas acciones políticas.

Estas medidas, muchas de ellas en fase de enmiendas o ponencia, intentarán hacerse un hueco en un debate que se espera dominado, al menos en las próximas semanas, por la situación en Cataluña después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, dejase en suspenso el pleno con el que la Cámara catalana pretendía investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. La evolución de lo que ocurra en Cataluña, y así lo reconocen el grueso de los partidos políticos, es clave para que se desatasquen otras cuestiones relevantes. Es el caso de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 –en la actualidad están prorrogados los de 2017– y de un nuevo modelo de financiación autonómica.

A continuación, infoLibre repasa las prioridades legislativas que se ha marcado los cuatro principales partidos para los próximos meses.

  Partido Popular

El partido del Gobierno llega este martes el Congreso con la crisis con Cataluña sin resolver, con la asignatura pendiente de los Presupuestos Generales del Estado y sin avances significativos en la negociación de la reforma del nuevo sistema de financiación autonómica. También con el temor de que esta compleja agenda política se vea afectada por otra agenda: la de los tribunales. Los conservadores no ocultan que los próximos meses van a ser complicados en lo que a los avances judiciales de los escándalos de corrupción que afectan al partido se refiere. 

En público, Rajoy ventila cada noticia relacionada con la corrupción, como ha hecho con las revelaciones de los cabecillas de la Gürtel en Valencia, señalando que desconocía lo narrado por los implicados y circunscribiéndolo, en todo caso, a sus respectivas estrategias de defensa. Pero esto no es óbice para que los partidos de la oposición exijan cuentas al Gobierno y a su máximo responsable en sede parlamentaria, como vino ocurriendo en el último periodo de sesiones.

No pasa inadvertido que el Congreso, contra el criterio del Grupo Parlamentario Popular, que ha llevado el asunto al  Tribunal Constitucional, mantiene abierta una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de los conservadores y que el plato fuerte será, al menos así está planteado, la comparecencia del propio presidente del Gobierno.

En este contexto, el PP dará prioridad en el primer tramo del periodo de sesiones a buscar apoyos para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La idea de Rajoy es que puedan salir del Consejo de Ministros en el mes de marzo y que a finales de junio, concluido el trámite parlamentario, puedan entrar en vigor. Son prácticamente los mismo plazos que se cumplieron para las cuentas de 2107, ahora prorrogadas. 

Pero con Rajoy pretendiendo que los Presupuestos de 2018 salgan adelante con los mismos apoyos que los de 2017 (el PP y sus alianzas, Cs, PNV, CC y NC) el escenario se complica. Ciudadanos pide la cabeza de la senadora Pilar Barreiro para mantener el apoyo. Y el PNV, con el 155 de la Constitución aplicado a Cataluña en vigor, no ve motivos ni siquiera para sentarse a hablar.

Paralelamente, las fuentes consultadas ven difícil que vaya a ser 2018 el año en que salga adelante el nuevo modelo de financiación autonómica. La situación es de bloqueo. El PP se niega a presentar el modelo que exige el PSOE para empezar a debatir con el argumento de que una iniciativa de tanto calado requiere, al menos, que el modelo sobre el que se comience a hablar ya esté previamente pactado con el principal partido de la oposición.

Lo anterior se contradice con el que, según las fuentes consultadas en el PP, va a ser uno de los principios ejes del nuevo periodo de sesiones: "hacer más política" y presentar leyes sin miedo a perder en los debates. En lo que va de XII Legislatura, el Gobierno ha presentado 15 proyectos de ley. Siete de ellos están ya tramitados y 8 en tramitación. 

El Gobierno, según anunció Soraya Sáenz de Santamaría a finales de año, pretende incrementar estas cifras. Se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto. De estas iniciativas, según informó el Gobierno, 44 propuestas normativas derivan de la transposición de Directivas europeas: 4 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos.

Entre otras normas, se pretende dar luz verde a una reforma de la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género, una ley de menores sin alcohol, modificaciones en la regulación del mercado de valores y en la ley del Impuesto de Sociedades o un nuevo esquema de resolución extrajudicial de conflictos financieros. El Grupo Parlamentario Popular dará cobertura y apoyo al Gobierno en este tipo de iniciativas.

Prisión permanente revisable

Este mismo domingo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley que aumentará los delitos a los que se les puede aplicar la pena de "prisión permanente revisable". El PP ha decidido hacer de este debate una de las banderas de este tramo de legislatura.

Prioritario también para los conservadores es el Pacto Educativo. En esta materia, la semana pasada el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, propuso el impulso de un programa de formación práctica tutorizada para acceder y "prestigiar" la labor docente, "un MIR educativo de dos años" de duración en el que se trabajen "todas y cada una de las funciones asociadas" a la labor del profesorado.

  PSOE

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, confía en que este periodo de sesiones vaya a ser "más productivo que los anteriores en términos de legislación". "Entre la sequía de proyectos que produce por sí mismo y los vetos que plantea respecto a las proposiciones de ley de la oposición, el Gobierno ha impedido que el poder legislativo cumpliera con su función de legislar", señala a infoLibre.

"Vamos a intentar que esa tendencia se corrija", manifiesta al tiempo que hace un recuento del contexto en el que llegan esta semana los diputados al pleno. Recuerda que ahora mismo hay 55 leyes abiertas en el Parlamento y que ya son 47 las iniciativas vetadas por el Gobierno haciendo, a ojos de los socialistas, un "uso abusivo" del artículo 134.6 de la Constitución, el que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

En este momento, solo hay 15 normas en situación de ponencia. "Es decir, que ya han pasado todos los filtros y vetos". El resto se encuentran en plazo de presentación de enmiendas, una situación que en muchas de las iniciativas se prolonga demasiado en el tiempo. Simancas asegura que el Grupo Parlamentario Socialista va a centrarse en priorizar, dentro de las iniciativas cuya fase parlamentaria está más avanzada, "la política para las personas". 

Una de las prioridades de los socialistas para este nuevo tramo de legislatura tiene que ver con las proposición de ley que intenta derogar "una parte sustancial de la reforma laboral", con la pretensión de igualar las condiciones de trabajo y salario de los trabajadores subcontratados en la empresa matriz. Y la de recuperar la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa.

También en fase de ponencia, la intención de los socialistas es que vean pronto la luz la iniciativa relacionada con el ingreso mínimo vital y la que fija una pensión de orfandad para las víctimas de la violencia de género.

Este mismo martes, el pleno debate, a propuesta de los socialistas, una proposición no de ley para llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio en España, en cumplimiento de las recomendaciones de la Carta Social Europea.

Registro obligatorio de la jornada laboral

Respecto a las iniciativas que están en fase de enmiendas, Simancas destaca la que fija un fondo nacional para las víctimas del amianto. Y la que establece la gratuidad de las costas procesales para personas con dificultades económicas.

“Tenemos mucho interés también en la proposición para la obligatoriedad de que las empresas registren las jornadas laborales”, subraya. En este sentido, recuerda que en la actualidad sólo hay obligación de que se registren las horas extraordinarias. “Hay contratos a tiempo parcial que esconden jornadas completas”, destaca.

Respecto a aquellas iniciativas que los socialistas tienen en cartera, Simancas destaca la proposición de ley para combatir la brecha salarialbrecha salarialanunciada la semana pasada por la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.

Calvo anunció que, entre las medidas que el PSOE va a proponer se encuentran auditorías en empresas a partir de 50 trabajadores; la participación mayor y por cuota de las mujeres en todos los centros de decisión; la creación de alguna agencia que pueda observar e intervenir ante las desigualdades que se produzcan, o reforzar la tutela judicial efectiva de las mujeres ante estas situaciones que son ilegales e inconstitucionales.

La letra pequeña de los contratos

Simancas recuerda también que este mes registrarán una proposición de ley para proteger a los consumidores de los abusos de la letra pequeña en los contratos. “Se intenta derivar la carga de la prueba no sobre el consumidor, sino sobre la empresa”, añade.

También en cartera, los socialistas plantearán medidas para reforzar la negociación colectiva y en materia de muerte digna y memoria histórica.

Paralelamente, cuenta Simancas, el partido dará prioridad a su trabajo en el Pacto de Toledo, intentando derogar la reforma de 2013 para recuperar la indexación, la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, y acabar con el factor de sostenibilidad.

Clave para el PSOE es también la Comisión sobre el Pacto educativo y vigilar que el Gobierno dote de fondos a las medidas adoptadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

También será el momento, destaca, de avanzar en la Comisión Territorial, una iniciativa de los socialistas a la que Rajoy dio su visto bueno en las negociaciones que mantuvo con Pedro Sánchez para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Cuando se cumplan seis meses de trabajo de esta comisión, en junio, la idea de los socialistas es abrir en el Congreso el debate sobre la reforma de la Constitución. Un escenario que los conservadores han enfriado en los últimos meses.

  Unidos Podemos

"Nuestra prioridad son las personas". Así describe Txema Guijarro, secretario general del grupo de Unidos Podemos en el Congreso el principio inspirador de sus prioridades para este periodo de sesiones.

La "espina dorsal" de estas iniciativas por lo transversal de la misma, señala el parlamentario, será el proyecto de ley de cambio climático. "Es absolutamente fundamental", describe Guijarro pese a que no oculta su temor a que el Gobierno, como viene siendo frecuente, responda planteando un veto apelando a cuestiones de no disponibilidad de presupuesto. "No renunciamos a trabajar con mucho énfasis", insiste.

De un lado, esta iniciativa es una herramienta clave para el plan económico y laboral de la formación morada. Pero también, señala Guijarro, les permite abordar las reivindicaciones de las mujeres. Y, además, es "un ejemplo del trabajo colegiado con el resto de confluencias". "En este proyecto estamos involucradas las cinco", destaca.

Fue el pasado diciembre cuando Pablo Iglesias clausuró el 'Foro Social por una ley eficaz contra el Cambio Climático', organizado por Unidos Podemos. En esta cita participaron diferentes actores relacionados con el sector del medio ambiente. El foro tendrá continuación, avanza Guijarro, en el mes de marzo. Se pretende que sea en este momento cuando se presente el borrador a las organizaciones.

También fundamental para Unidos Podemos es la reforma de la Ley Electoral. "Llevamos tiempo trabajando en ello, estudiando escenarios", precisa Guijarro. En Unidos Podemos confían en poder llevar la solicitud de trámite al Congreso en este periodo de sesiones. Y destacan que, para que salga adelante, es "fundamental" el concurso del Partido Socialista. 

Prioritario también para este grupo es la proposición de ley con la que quieren derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones y ajustar la revalorización anual de las pensiones contributivas a la inflación prevista en cada ejercicio. Y que avance la iniciativa para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Unidos Podemos plantea este nuevo periodo de sesiones como "un ensayo" para su programa de Gobierno y como una oportunidad para "obligar al resto de grupos a retratarse", con el foco muy puesto en el Gobierno.

En este sentido, no cesarán sus demandas para que Rajoy rinda cuentas y exponga sus prioridades en el debate sobre el estado de la nación. Una cita que los conservadores creen que debe celebrarse en primavera para distanciarla lo máximo posible de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

  Ciudadanos

"Nuestro objetivo es seguir dando estabilidad a España a cambio de reformas, desarrollando el pacto de investidura que en estos momentos Rajoy está congelando porque prefiere proteger a la senadora Barreiro, imputada por corrupción", señalan fuentes del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Cámara BajaCiudadanos. 

En la formación naranja condicionan ahora su apoyo a las cuentas públicas a que Pilar Barreiro presente la renuncia a su escaño en el Senado. La parlamentaria está imputada en el marco de la Operación Púnica. En las últimas semanas, a cuenta de este episodio, los conservadores han incrementado sus ataques hacia la formación que permitió que Rajoy fuese investido presidente. Insisten en que Albert Rivera y los suyos son unos "desleales" y "oportunistas" y que pueden permitirse esta actitud porque "se dedican a dar lecciones, no a gobernar". En este contexto, demandan que Inés Arrimadas dé un paso al frente para "desbloquear la situación en Cataluña".

"Ciudadanos cumplió con su parte al alcanzar un preacuerdo que forzaba al Gobierno a bajar los impuestos a las clases medias y trabajadoras, ampliar una semana el permiso de paternidad, impulsar la equiparación salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o aumentar las ayudas a familias con niños de 0 a 3 años escolarizados. Pero el PSOE del ‘no es no’ se niega a negociar su abstención y Rajoy ahora también lo bloquea al negarse a cumplir con lo firmado en el pacto de investidura y no apartar a su senadora Barreiro, imputada en el Supremo por cinco delitos de corrupción", insisten las mismas fuentes en relación con los Presupuestos.

En Cs creen "prioritarias la lucha contra la precariedad laboral, la reforma del sistema electoral o la aprobación definitiva" de su ley anticorrupción. Y citan también la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica.

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"Hay que hablar también de reforma electoral y de financiación autonómica. Una reforma electoral que aumente la proporcionalidad del sistema es una demanda de la sociedad desde hace años, que los viejos partidos han preferido desoír", mantienen en Ciudadanos. La aparente sintonía del partido naranja y Podemos en este campo ha despertado los recelos del PP y del Gobierno.

Así, este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, animó a Ciudadanos a negociar con Unidos Podemos para desbloquear la investidura en Cataluña del mismo modo que habían empezado a hablar para la reforma de la ley electoral.

"Respecto a la financiación autonómica, vamos con mucho retraso. Hace más de cuatro años que debió aprobarse un nuevo sistema de financiación, pero Rajoy, con la ayuda del PSOE y Podemos, optó por el inmovilismo y por dar privilegios al País Vasco aprobando un cálculo del Cupo Vasco injusto y contrario a lo que dijeron los técnicos del propio Gobierno. Queremos un sistema transparente que garantice los servicios sociales a los ciudadanos y no privilegios a ningún territorio", destacan en Ciudadanos.