La primera prueba de fuego para el Gobierno de Sánchez: tener Presupuestos antes del verano

Superada la prueba de fuego de la investidura, el próximo –y fundamental– escollo del Gobierno que forme Pedro Sánchez serán los Presupuestos Generales del Estado. “No forma parte del acuerdo aprobarlos”, se desayunaba el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, en Catalunya Ràdio apenas 24 horas después de que sus 13 diputados se abstuvieran y permitieran gobernar a PSOE y Unidas Podemos. El también vicepresidente del Govern advirtió de que deberá abrirse una negociación paralela a la que se desarrolle sobre el conflicto catalán. Y adelantó que ERC será “exigente” con las Cuentas del Estado. No obstante, cabe recordar que este mismo mes el Ejecutivo catalán quiere presentar sus propios Presupuestos, que está negociando a su vez con Catalunya en Comú Podem, ahora socios del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid.

La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, le respondió enseguida: “Un acuerdo para que ellos [ERC] se abstuvieran implicaba poder gobernar, y gobernar implica llegar a acuerdos en los Presupuestos”, les recordó en Los Desayunos de TVE. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, reiteró casi al mismo tiempo en Telecinco que su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez se traducirá en respaldo cuando haya que aprobar las Cuentas de 2020, siempre que el Gobierno cumpla en ellas lo pactado en beneficio de la España vaciada. Finalmente, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha expresado su deseo de que los Presupuestos del Estado estén listos ya “en este trimestre” y que incluyan un 10% de inversiones para la comunidad autónoma. Además, reclama una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica en un plazo de ocho meses.

A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Hacienda no quiere precisar ninguna fecha para la presentación del proyecto de Presupuestos. “Lo antes posible”, resume. Previamente deberá aprobar el techo de gasto, el límite de gasto presupuestario que se puede permitir el Estado, calculado tras estimar los ingresos, para cumplir con el objetivo de déficit. Es un mecanismo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y diseñado para impedir que se dispare el gasto de las Administraciones públicas. Hacienda tampoco adelanta ningún plazo para su aprobación por el Consejo de Ministros, pero debería ser en pocas semanas.

De hecho, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró este martes en TVE que su departamento lleva meses trabajando en el “armazón” del proyecto de Presupuestos, “una tarea fundamentalmente técnica de elaboración de las previsiones de recaudación”, a la que posteriormente se añadirá “la labor del nuevo equipo de Hacienda respecto a las prioridades” recogidas en el acuerdo de gobierno firmado con Unidas Podemos y con el resto de las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

Es decir, los trabajos están avanzados, pero incompletos, sobre todo en el capítulo de gastos.

La tramitación de los últimos Presupuestos de Montoro

Si se repiten más o menos los plazos de los últimos Presupuestos aprobados, los elaborados por Cristóbal Montoro en 2018, la tramitación parlamentaria se prolongaría durante unos tres meses y las Cuentas de 2020 entrarían en vigor antes del verano... siempre que Sánchez logre una mayoría suficiente en el Congreso. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros su proyecto de Presupuestos el 27 de marzo de 2018, ya con seis meses de retraso por culpa del 1-O en Cataluña y la retirada del respaldo de Ciudadanos y PNV. Es de esperar que el Ejecutivo de Sánchez no llegue hasta el mes de marzo para presentar sus propias Cuentas.

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El proyecto de Montoro comenzó su tramitación parlamentaria el 3 de abril. La presentación de enmiendas por parte de los grupos se extendió hasta el 27 de abril, mientras que hasta el 20 de ese mes los miembros del Gobierno comparecieron en el Congreso para explicar el detalle de sus respectivos ministerios. El debate de totalidad, cuando se votan las enmiendas, se celebró los días 25 y 26 de abril. Después el proyecto de ley pasó a la Comisión de Presupuestos, cuyo dictamen fue aprobado por el Senado el 18 de mayo. La ratificación definitiva en el Congreso se produjo el 28 de junio. Para entonces, la moción de censura ya había sacado de La Moncloa a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez había hecho suyas las Cuentas de Montoro. En la moción, el candidato del PSOE recibió el apoyo del PNV, que no mucho antes había respaldado el proyecto de Presupuestos del PP a cambio, entre otras medidas, de una subida del 1,6% de las pensiones.

Cuando el Ejecutivo de Sánchez quiso sacar adelante su techo de gasto para el ejercicio siguiente, el de 2019, se encontró con el rechazo de PP y Ciudadanos, que se oponían a que ese límite se ampliara en 6.000 millones de euros respecto del anterior. La mayoría absoluta de que gozaba entonces el PP en el Senado impidió en diciembre de 2018 su aprobación. El PSOE había intentado cambiar por vía de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto del Senado al límite de gasto, pero la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, lo rechazó. Así que el PSOE presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) que se resolvió un año después, el pasado mes de octubre. El TC lo desestimó, por lo que el Senado sigue teniendo veto sobre el techo de gasto.

Aunque el PP ya no posee mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PSOE también perdió en noviembre la que había obtenido en las generales de abril. Ahora dispone de 113 senadores, de un total de 265. La mayoría absoluta está, por tanto, en 133 y el PSOE necesitará sumar 20 apoyos. El PNV tiene 10, diversos partidos de izquierda cuentan con 6 y otras formaciones que facilitaron la investidura de Sánchez también tienen representación (2 EH Bildu, 2 Teruel Existe, 1 Agrupación Socialista de Gomera). La derecha y la extrema suma en total 110 senadores y los independentistas catalanes 18 (13 ERC y Junts 5), de forma que una hipotética coalición negativa entre esos dos bloques no alcanzaría la mayoría absoluta. En otras palabras: en el Senado, el Gobierno no depende de los independentistas catalanes.