Procesado el exdirector de Anatomía II de la Complutense por la acumulación de restos cadavéricos

El Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha acordado el procesamiento del que fuera director del departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Ramón Mérida, al considerar que las condiciones laborales que permitía atentaron contra la salud de cinco empleados.

En un auto, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado decreta el sobreseimiento de las actuaciones contra el resto de denunciados por varios técnicos de este departamento al entender que no tenían conocimiento de los hechos, entre los que se encontraba el entonces decano de dicha facultad.

También da traslado de la resolución a la Fiscalía y las acusaciones particulares para que en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación contra el exresponsable del departamento de cara a la apertura de juicio oral.

El auto establece en su exposición que los técnicos de este departamento, situado en la planta baja y en el sótano de la Facultad de Medicina, actuaban bajo las directrices de José Ramón Mérida y consistía en la recepción y tratamiento de cadáveres provenientes de donaciones para prácticas para la docencia de alumnos, cursos externos y usos científicos.

En este sentido, desde el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2009 y el 20 de mayo de 2014; fecha ésta en que se procedió por la Inspección de Trabajo a la paralización de los trabajos, cinco técnicos desarrollaban su actividad laboral "sometidos y expuestos" a niveles de contaminación ambiental de formaldehidos y otros compuestos químicos "muy superiores a los valores límites máximos permitidos", así como a agentes biológicos infecciosos o parasitarios relacionados con la manipulación de cadáveres "con el riesgo para su salud derivado de ello".

Lo hicieron sin que contasen "con los equipos de protección individual necesarios, ni hubiesen sido dotados de medios de protección adecuados para la preparación y manipulación de cadáveres; ni para estar en contacto con los compuestos químicos de alta toxicidad que utilizaban, de modo que pudiesen desempeñar su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas".

"Además no existían protocolos ni procedimiento de trabajo alguno; los equipos de trabajo que tenían que utilizar tales como el horno crematorio carecían de libro de instrucciones, de manual de funcionamiento, y de requisitos de seguridad; situación que era conocida, consentida e impuesta por José Ramón Mérida, faltando a sus obligaciones como director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II", argumenta la exposición de los hechos de la magistrada para reprochar que el entonces director no adoptase "medida alguna tendente a evitar o reducir el nivel de concentración de formaldehido".

Añade que a partir de 2012 las condiciones en que realizaba su trabajo el personal técnico del Departamento de Anatomía y Embriología Humana "se hizo prácticamente insostenible, degradándose día a día por incumplimiento por parte de Mérida de las obligaciones preventivas específicas y por la intensidad de riesgos existentes para la salud de dichos trabajadores que desarrollaban su trabajo en condiciones penosas, insalubres e indignas con una ausencia absoluta de seguridad e higiene para su salud".

La resolución constata el ingente número de cadáveres procedentes de donaciones que se recibían en el Departamento, hasta el punto de que en el mes de mayo de 2014, había 534 cadáveres hacinados, se llegó a una situación en la que "no había sitio para almacenarlos; por lo que estaban apilados en la cámara frigorífica que no funcionaba correctamente, y amontonados en el suelo y en otras zonas del sótano; sin estar conservados adecuadamente".

Ello generó que los técnicos sufrieran un incremento "de las malas condiciones en las que venían realizando su trabajo y con grave peligro para su salud, con una ausencia absoluta de seguridad e higiene; en unas instalaciones sin extracción localizada, llenas de cadáveres, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición; en un ambiente totalmente insalubre, soportando continuos y fortísimos olores a putrefacción; y, a partir del año 2014 con presencia en el suelo del pasillo que separaba las distintas salas del sótano de fluidos y líquidos; y de larvas e insectos procedentes de las salas donde había restos cadavéricos en putrefacción".

Situación laboral "inhumana"

Por tanto, insiste en que estos trabajadores sufrieron "una situación laboral inhumana yendo incluso a trabajar, a sabiendas de lo perjudicial que era para su salud e integridad física y psíquica, siendo además responsabilizados por su superior jerárquico que les atribuía la culpa de las condiciones en que desarrollaban su actividad laboral achacándoles desidia o no utilización de los medios de los que afirmaba disponían".

Además, afea que los empleados recibieran como respuesta por parte del exdirector ante la acumulación de cadáveres frases como "que no había dinero para que los cadáveres fuesen incinerados por una empresa externa" o que, ante las condiciones "nocivas para la salud y denigrantes" que soportaban diariamente dijera "que no podía adquirir los medios que le solicitaban porque eran muy caros".

También lanzó ante las quejas de los técnicos expresiones como "que se fueran" y realizó además manifestaciones "intimidatorias" en reiteradas ocasiones y desde su posición de fuerza, diciéndoles "que si no se hacían las cosas como él decía, ya podían ir buscando otro trabajo".

Por tanto, cree que les sometió a un ataque "directo y mantenido" en el tiempo, apto para producir una "grave degradación de su dignidad como trabajadores, sin valorar el trabajo que realizaban en condiciones de seguridad y salud inaceptables que desembocaron en enfermedades, generando además en dichos trabajadores una situación de miedo que les impedía no sólo negarse a realizar los trabajos que les encomendaba, sino también quejarse, ante el temor de represalias que podían sufrir, provocándoles crisis de ansiedad".

Así, el auto aprecia que los cinco técnicos que trabajaron en este departamento "padecieron enfermedades derivadas de una exposición prolongada a agentes tóxicos en el medio laboral, y de las pésimas condiciones higiénico laborales a las que estuvieron expuestos".

En el caso de una de ellas, detalla que sufrió neumonía neucomocócica que requirió hospitalización durante tres meses; cefaleas; jaquecas, conjuntivitis irritativas, xerodermia, sinusitis de repetición, cuadro de astenia; carcinoma en mama derecha; lumbalgias y agravación de forma importante del trastorno ansioso-depresivo; derivados de la exposición laboral crónica durante muchos años a dosis de formol "muy por encima de las admitidas" y "a unas pésimas condiciones laborales desde el punto de visto higiénico laboral".

Respecto de otra empleada la magistrada dice que aunque sólo estuvo trabajando durante veinte días, sufrió un agravamiento de su patología broncorrespiratoria (crisis de broncoespasmo en ambientes cargados o tras infecciones de vías altas), e incluso de su psicopatología (trastorno ansioso-depresivo, con crisis de ansiedad ocasionales).

De otro técnico apunta que sufrió múltiples cuadros de catarros de vías altas, faringitis y algún episodio de gastroenteritis; esguinces de repetición; alopecia, candidiasis; lumbalgias de repetición (esfuerzos evitables mejorando las condiciones de manipulación, carga y movilización de los cadáveres), y episodios de migrañas.

Mérida renunció a su puesto cuando saltó la polémica por la acumulación de restos cadavéricos. Además, la Universidad Complutense procedió a reformar el centro de donación para garantizar que no se volvieran a repetir este tipo de irregularidades.