28A | Elecciones generales
El programa electoral del PSOE propone resolver el conflicto territorial con una reforma de la Constitución
La propuesta territorial que el PSOE presenta a las elecciones del 28 de abril incluye una reforma de la Constitución para, entre otras, cosas, incluir en la Carta Magna los principios que deben regir la financiación autonómica.
El programa de los socialistas, hecho público este lunes después de varios días de incertidumbre sobre la fecha en la que se iba a conocer su contenido, evita cualquier referencia a la España plurinacional, aunque si afirma que que “la España de las Autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”.
El documento que contiene los compromisos de Pedro Sánchez para la próxima legislatura afirma la necesidad de que exista una “previsión constitucional de los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios”. En la actualidad la Constitución no contiene ninguna regla “mínimamente precisa que permita predecir cómo deben financiarse las comunidades” y la consecuencia ha sido “la inestabilidad y la insatisfacción con el sistema de financiación”.
La Constitución, defiende el PSOE, “debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto”. Para conseguirlo, los socialistas plantean “incluir en la Constitución las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos” así como “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial”.
Los socialistas proponen también reconocer “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos” en busca de “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”. Eso sí, añade: teniendo en cuenta que “el límite a ese reconocimiento es la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y libertades y la igualdad en cualquier parte del territorio”.
El PSOE recuerda en el documento que “impulsó, durante la última legislatura, la creación de una Comisión Parlamentaria para la evaluación y movilización del Estado Autonómico, como hito previo a una reflexión de mayor alcance sobre una futura reforma de la Constitución, que sólo cabe abordar desde el mayor consenso social y político posible”.
Los socialistas dejan claro en su programa que no aceptarán ni el derecho de autodeterminación ni un “Estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155”. “Aspiramos a un funcionamiento más integrado del modelo, de forma que la mayoría de la población de todos los territorios se sienta partícipe”. Y recuerda que el PSOE lleva desde 2003 “comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno, luego concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017. Si nuestras propuestas hubieran sido aplicadas no nos encontraríamos en la situación actual pero, en cualquier caso, el modelo territorial del PSOE continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis, subrayan.
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La participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España, afirma el PSOE, es “lo que favorece una auténtica integración”. En concreto, “la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial o por ser de interés general pero que inciden en el territorio de una determinada comunidad; la participación en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y/o reguladores pues su actuación tiene incidencia sobre las comunidades; la participación en los asuntos europeos en cuanto las decisiones comunitarias afectan al ejercicio de las facultades competenciales de las comunidades, o la participación en la elaboración de planes y estrategias nacionales, para que todos aporten su visión del Estado”.
Hace falta, además, según los socialistas, una “clarificación del reparto competencial. El modelo de reparto derivado de la Constitución, con referencias genéricas y remisión a los Estatutos, ha generado diversos problemas que deben abordarse: falta de claridad en el reparto, con duplicidades o ausencia de ente competente en otros casos; excesiva conflictividad al no estar bien definido el marco del reparto y, en consecuencia, excesiva intervención del Tribunal Constitucional”.
Lograr una “mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas” es también un objetivo del programa socialista, que propone “recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica”.
