Un promotor acusado de corrupción en Marbella gana a la Junta una batalla judicial de 165 millones

Tomás Olivo es un empresario de éxito. Las cosas suelen salirle redondas. Posee grandes centros comerciales en Mataró, Almería, Roquetas de Mar, Sanlúcar de Barrameda, Marbella... Su sociedad General de Galerías Comerciales es un gigante del sector. En noviembre sumó a su nómina de grandes superficies el Nevada Shopping, en Armilla, a las afueras de Granada. Fue una fiesta. Miles de personas acudieron a la inauguración. Cantaron Estrella Morente y Merche. Posaron las misses Paulina Vega y Mireia Laguna. El propio Olivo y el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), estuvieron en el corte de la cinta –con la bandera de España– y apretaron el botón que encendió la luz de un pino navideño de 55 metros de alturo. El Nevada Shopping, con una superficie construida de 280.000 metros cuadrados, abrió con nada menos que 185 tiendas: Adidas, Samsung, Fnac, Tous, Zara, Juguettos, H&M, Tommy Hilfiger, Primark... Así hace las cosas Tomás Olivo: a lo grande.

La Junta de Andalucía lo ha comprobado en primera persona. El Gobierno andaluz ha perdido un pleito contra Olivo de 165,64 millones de euros por la paralización de las obras del Nevada durante siete años y cuatro meses. A la espera de posibles recursos ante el Tribunal Supremo, Olivo ha saldado con éxito un frente judicial. Pero tiene otro abierto: un juicio por un supuesto caso de corrupción en Marbella que lo llevará al banquillo de los acusados junto a Juan Antonio Roca, principal condenado del caso Malaya, y el ex alcalde Julián Muñoz.

Olivo conoce a Roca desde los años 70. Ambos de origen murciano, hacían negocios juntos antes de que empezaran las aventuras marbellíes. Roca trabajaba al principio a las órdenes de Olivo, que ha sido siempre hombre de negocios importantes. Ya antes de desembarcar en Marbella cargado de proyectos, había levantado refinerías en Cartagena y Tarragona, había participado en las obras del trasvase Tajo-Segura y construido carreteras y autovías, así como más de 40 centros Pryca, tal y como detalla la sentencia del Tribunal Supremo del caso Malaya, de 2015. Los proyectos empresariales de Olivo en Marbella, ya con Roca como factótum del urbanismo local, lo llevaron al banquillo en el caso Malaya, en el que resultó absuelto del delito de cohecho del que se le acusaba. No quedó acreditado que Olivo pagara a Roca por un cambio de uso de suelo ni para el archivo de un expediente. No obstante, Marbella no es todavía capítulo cerrado. Olivo tiene aún pendiente otro juicio en el que se expone a 18 años de prisión. En el banquillo de los acusados también estará Roca.

Olivo, Roca y Jesús Gil

El juzgado de instrucción 1 de Marbella dictó en diciembre un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso infoLibre, contra Olivo, Roca, Julián Muñoz y otros once acusados. La Fiscalía acusa a Olivo de asociación ilícita, cohecho, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación urbanística. El Ministerio Público solicita para él un total de 18 años de prisión. De la base del caso forma parte la supuesta entrega por parte de Roca de bienes inmuebles municipales como pago de deudas "presuntas o infladas", según el escrito de acusación de la Fiscalía, que considera a Olivo "imprescindible para las maniobras defraudatorias".

Según el relato de la Fiscalía, Olivo conocía de antiguo a Jesús Gil y Juan Antonio Roca. Antes de que el partido del que fuera presidente del Atlético de Madrid arrancase su meteórica carrera política, Olivo había realizado obras para él en Madrid. A Roca lo conocía desde los 70. "Fruto de esas relaciones de confianza y mercantiles", señala el fiscal en su escrito, Roca y Olivo "se conciertan" para "cometer ilícitos durante aproximadamente una década, y cada uno desde su respectiva posición enriquecerse a costa del patrimonio público". Las operaciones urbanísticas analizadas por la Fiscalía arrancan en 1994. Olivo, según el escrito de la Fiscalía, "compra la voluntad de los mandatarios y dirigentes municipales a cambio de grandes beneficios para todos", y firma "numerosos convenios y contratos con el Ayuntamiento de Marbella". El Ministerio Público pone en cuestión, entre otros, el convenio que dio origen a La Cañada, el centro comercial de Olivo en Marbella, que actualmente es uno de los grandes referentes comerciales de la Costa del Sol.

Fuentes judiciales conocedoras del procedimiento señalan que en el caso contra Olivo la Fiscalía "no lo tendrá fácil" por varios motivos: por el largo tiempo transcurrido desde el inicio de los supuestos ilícitos, por la complejidad administrativa de todas las operaciones y por el hecho de que Olivo "no ha dejado las cosas sin hacer". Es decir –según estas fuentes–, tras el trasiego de dinero ha habido en efecto unas obras, si bien la Fiscalía sostiene que amparadas en acuerdos urbanísticos fraudulentos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señala que el caso está a punto de ser enviado a la Audiencia de Málaga, que deberá poner fecha el juicio. Todavía faltan defensas por presentar sus escritos, según el TSJA. infoLibre intentó reiteradamente contactar con Tomás Olivo, a través de General de Galerías Comerciales, para conocer su punto de vista sobre este procedimiento, sin resultado.

Más de siete años de obras paradas por la Junta 

El frente judicial marbellí está abierto para Olivo. En cuanto al frente granadino –que no es penal, sino administrativo–, de momento la justicia le sonríe. Y la sonrisa es amplia. El hombre que previsiblemente deberá sentarse en el banquillo junto a Juan Antonio Roca ha ganado a la Junta en el TSJA una demanda multimillonaria: 165,4 millones de euros por las trabas puestas al centro comercial Nevada Shopping. El caso arranca cuando, el 21 de abril de 2006, la antigua Consejería de Obras Públicas, dirigida entonces por Concepción Gutiérrez, instó al Ayuntamiento de Armilla a revisar la licencia de obras concedida un año antes para la construcción del centro comercial. Un juzgado acordó la paralización de las obras. Entonces –aún no se sabía– el erario público había empezado a perder dinero. El promotor se vio obligado a demoler 1.457 metros cuadrados de lo construido. No obstante, el TSJA acabó considerando en abril de 2014 la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Armilla como ajustada a derecho, decisión ratificada por el Supremo.

Olivo presentó una demanda de indemnización por los daños causados a su negocio durante el tiempo de paralización de las obras, entre octubre de 2007 y enero de 2015. El juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Granada dio la razón a Olivo, estableciendo una indemnización de 157,4 millones por lucro cesante (lo que dejó de ganar) y daño emergente (lo que costó arreglarlo). La Junta de Andalucía y General de Galerías Comerciales presentaron sendos recursos. Olivo hizo público un escrito, firmado como consejero delegado de General de Galerías Comerciales, en el que afirmaba: "Los perjuicios que nos han ocasionado a lo largo de diez años de obra parada y más de veintidós años de tramitación nos han supuesto una pérdida de más de 500 millones de euros, con independencia de los perjuicios ocasionados a nuestra mercantil [...] y mi propia persona". Y añadía: "No podemos estar satisfechos con la resolución judicial, toda vez que la indemnización solicitada se encuentra muy por debajo de las pérdidas reales: como sabe solicitamos 277 millones de euros y nos han concedido sólo 157 [...]".

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El caso llegó a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, que ahora ha fijado la indemnización por la paralización de la obra en 165.644.282,41 euros. Más que en primera instancia. Un golpe a las arcas públicas que señala una responsabilidad de la Junta de Andalucía. El hecho de que la sociedad perdiera un juicio penal y tuviera que derribar parte de lo construido no justifica, a juicio del tribunal, la "total paralización de unas obras durante casi ocho años". La sentencia también subraya que la Junta pudo solicitar la finalización de la suspensión cautelar y no lo hizo, lo que la postre prolongó la paralización de las obras. Son errores que ahora pasan factura a los contribuyentes.

No ha habido asunción de responsabilidades políticas en la Junta, a pesar que el fallo del TSJA revela una falta de diligencia de los servicios jurídicos de la Administración. El tribunal sólo pudo valorar el dictamen pericial aportado por la empresa, al no admitir el presentado por la Junta por haber faltado a la vista pertinente. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en comisión parlamentaria que se produjo "un fallo" del gabinete jurídico, pero que no afectó a la sentencia. No ha habido mayores explicaciones.

Actualmente las competencias de ordenación del territorio se encuentran en la Consejería de Medio Ambiente, que remite a la Delegación del Gobierno andaluz en Granada para cualquier asunto relacionado con el Nevada Shopping. Allí indican que se está estudiando la sentencia para un probable recurso de casación ante el Tribunal Supremo, última carta de la Junta para evitar el pago o reducirlo. Montero afirmó que, en caso de perder definitivamente, el Gobierno andaluz establecerá un calendario de pagos para hacer frente a la ejecución de la sentencia. Si las cosas le vuelven a salir bien, Olivo recibirá el dinero. General de Galerías Comerciales rehusó también comentar este procedimiento, a pesar de la insistencia de este medio.