Podemos propone que el Congreso inste a la CNMC a investigar las "irregularidades" de las eléctricas

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que el Congreso inste a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a iniciar una "exhaustiva" investigación sobre las supuestas irregularidades detectadas en la facturación de energía eléctrica. La iniciativa parte de En Comú Podem, cuyo diputado Josep Vendrell registrará este martes una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de "esclarecer la presunta vulneración por parte de alguna empresas comercializadoras de energía eléctrica de la legislación en materia de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica". 

El mismo parlamentario registró la semana pasada en la Cámara baja una batería de preguntas en las que pedía al Gobierno que explicara si había tenido conocimiento de esas "irregularidades" y preguntaba si pensaba llevar a cabo algún tipo de actuación para averiguarlo. Además, Unidos Podemos y sus confluencias sopesan solicitar la comparecencia en sede parlamentaria del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, para que explique estas cuestiones. 

infoLibre publica este martes que la Dirección General de la Energía de la Generalitat de Cataluña ha exigido a las comercializadoras Endesa e Iberdrola que devuelvan a varios clientes que habían contratado un tipo de tarifa para empresas el dinero cobrado en exceso de forma ilegal en varias facturas de suministro eléctrico. En varias resoluciones de este organismo se constata que las compañías vulneraron la normativa vigente al cobrar más potencia eléctrica de la demandada.

A preguntas de este diario, un portavoz de Endesa admitió que hay "entre 20 y 30" resoluciones de este tipo dictadas en contra de la comercializadora por parte de la Generalitat. No obstante, insistió en que la CNMC avaló la posición de la compañía "pese al criterio" de la administración catalana. Iberdrola, por su parte, no respondió a las preguntas planteadas. En cualquier caso, la competencia sobre reclamaciones por facturas del sistema eléctrico la tienen las comunidades autónomas. 

Unidos Podemos y las confluencias aseguran en su proposición que "numerosos clientes y organizaciones de consumidores" han detectado que existen empresas comercializadoras de electricidad que "habrían estado facturando errónamente varios conceptos de la factura". Entre ellos, las citadas deficiencias en la facturación de la potencia demandada que ha acreditado la Generalitat de Cataluña. 

Pero hay más. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quieren que se investiguen también otras supuestas deficiencias encontradas en la facturación de los peajes de acceso del término de la potencia contratada. El peaje de acceso es el coste que se abona por usar la red de transporte y distribución de energía eléctrica. Se trata de un precio establecido por el Gobierno y que cobran todas las comercializadoras.

Pues bien, según la proposición, en algunos casos, las comercializadoras "estarían gravando por encima" de los máximos fijados anualmente por el Gobierno e "incurriendo en una ilegalidad". Aseguran que "según informaciones publicadas por diversos especialistas estas irregularidades se habrían estado produciendo desde 2001 hasta la actualidad".

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Informe de Facua 

Asimismo, la proposición también aporta documentación sobre un informe reciente de Facua-Consumidores en Acción en el que la ONG compara las tarifas de algunas de las empresas más importantes comercializadoras de energía eléctrica con las de la tarifa semiregulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Según Podemos y sus confluencias, en ese análisis Facua ha descubierto que las ofertas de las compañías "pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 26,2% y que si el usuario tiene derecho al bono social, el incremento de la tarifa puede dispararse hasta el 68,2%".

Supuestamente, la ONG ha destapado las posibles "trampas" que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos. La asociación advierte, además, de que "la inmensa mayoría de usuarios que abandonan el PVPC lo hacen engañados por las campañas publicitarias de las empresas comercializadoras y los supuestos engaños de sus agentes comerciales".