El PSOE andaluz espera la próxima imputación de Viera

"Verde y con asas". O lo que es lo mismo: que el PSOE andaluz siente cada vez más cerca la imputación del exconsejero de Empleo (2000-2004) y hoy diputado en el Congreso José Antonio Viera. 

Esa expresión, "verde y con asas", es lo que responde una dirigente socialista muy próxima a José Antonio Griñán cuando se le pregunta si la caída de Viera es cuestión de tiempo. Y la sensación de que así será, antes o después, es bastante compartida, según pudo constatar infoLibre. Pero más allá de la expectativa de un nuevo hachazo judicial –y si la jueza Mercedes Alaya lo da, perdería el caso a favor del Tribunal Supremo, porque Viera es aforado–, más significativo es aún el giro emprendido por el partido frente al caso de los ERE. Más "a la ofensiva", como se define desde dentro, dispuesto a exigir que la investigación llegue "hasta el final" y "caiga quien caiga". "Que se limpie todo lo que haya que limpiarse, porque no va a pagar por esto Griñán, que no tiene nada que ver", aseguran desde el aparato del PSOE-A.

El hoy diputado en el Congreso se ha situado, desde el estallido del caso de los ERE, bajo la sospecha judicial. Fue él quien, como consejero de Empleo, firmó con su entonces viceconsejero, Antonio Fernández (presidente a su vez del Instituto de Fomento de Andalucía), un convenio en 2001 por el que se creó el fondo para empresas en crisis que la Junta dotó de 721 millones de euros para una década. Un procedimiento administrativo que introducía una mayor agilidad en la concesión de las ayudas para los ERE, pero también mucha mayor opacidad y discrecionalidad, al carecer de controles previos. Un camino más corto para dar dinero que, según ha revelado la instrucción de Alaya, se convirtió en un vivero de corrupción durante diez años. La Intervención de la Junta incluso calificó de "legal", aunque "inadecuado", el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales. El sucesor de Viera en el cargo de 2004 a 2010, Antonio Fernández, sí está imputado y estuvo en prisión desde abril hasta agosto de 2012. Viera, además, fue señalado con rotundidad por la Guardia Civil, quien subrayó su "papel esencial" en algunas subvenciones investigadas.

Comparecencia de Griñán mañana miércoles

La ola de detenciones ordenada por Alaya el pasado 19 de marzo, en la llamada operación Heracles, no ha puesto en entredicho la posición de Griñán, según interpretan sus compañeros de partido. Porque "por fin" se ha tirado del hilo, dicen, que apuntaba la Junta, el del "rastro del dinero". Esto es, la jueza se ha dirigido contra los intermediarios de los presuntos ERE fraudulentos (sindicatos, bufetes de abogados y consultoras) para indagar en las voluminosas sobrecomisiones que pudieron cobrarse –en torno a unos 50 millones de euros, según la Guardia Civil–. Además, la magistrada volvió a encarcelar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los supuestos cerebros de la trama junto con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas y el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín. 

No hay datos estrictamente nuevos que circunden, pues, a Viera, pero los últimos arrestos y la vuelta del caso ERE a la agenda política regional y nacional han hecho cambiar el chip al PSOE andaluz, según estiman varios dirigentes consultados. Para empezar, Griñán intentó devolver el golpe al líder del PP regional, Juan Ignacio Zoido, que en un sorprendente viraje pidió ver al jefe de la Junta desfilando en el Congreso. El presidente autonómico se ofreció a ir a la Cámara baja si lo permitiera el Reglamento, pero anunció que comparecería de forma urgente en la Cámara andaluza. Comparecencia que será mañana miércoles por la tarde. 

Pero Griñán en su rueda de prensa ante los medios dejó caer una reflexión que no pasó desapercibida. Se le preguntó si el Grupo Socialista cometió un error negándose a aceptar las conclusiones de la comisión de investigación que presentó Izquierda Unida, su socio de gobierno, y que apuntaban a Viera y Fernández como máximos responsables políticos. "No sé si lo cometió o no lo cometió, eso ya se hizo, yo en cualquier caso lo que si digo es que mirando al futuro las responsabilidades políticas quedarán muy claras", respondió. El PSOE se acababa en ese momento de autoenmendar, porque en el proceso de negociación del dictamen siempre impuso un tope: las responsabilidades políticas finalizaban en Guerrero. Hasta tal punto se enrocaron los socialistas que al final el pleno no aprobó ningún dictamen, hecho insólito que el propio jefe del Ejecutivo tachó de "fiasco". Así que lo que estaba haciendo Griñán hace una semana era abrir una fisura en ese muro de contención. 

El grupo se habría fragmentado

Los colaboradores del presidente autonómico desbrozan esa enigmática sentencia. "Sí, claro, fue un error no apoyar las conclusiones de IU, porque Viera inventó el fondo y el procedimiento administrativo, y a Guerrero lo sostuvo Viera, y Fernández no hizo nada por evitarlo". Pero, ¿por qué no se hizo en su día, en noviembre de 2012, cuando tocaba? "Habría sido imposible, porque el grupo parlamentario se nos habría roto", explica una voz cualificada de la cúpula. Y habría sido así porque varios diputados, los más cercanos al expresidente Manuel Chaves, se hubieran negado a disparar más alto. 

Queda la duda de si Griñán oficializará mañana en el pleno ese pequeño acto de contrición. No cabe la posibilidad, en principio, de una resolución parlamentaria. Pero sí una declaración pública en el hemiciclo. El presidente tendrá la oportunidad servida en bandeja, ya que el portavoz de IU, José Antonio Castro, hará valer la posición de su fuerza política, su dictamen de conclusiones y la idea de que Alaya no ha hecho sino seguir el camino de migas de pan que había regado la federación durante la comisión de investigación. Castro, no obstante, niega que se haya "pactado" nada con el PSOE.

Fuentes socialistas indican que el partido está "muy tocado a nivel emocional" por el caso de los ERE, porque mancha 30 años de gobiernos socialistas –no en vano, es el mayor caso de corrupción descubierto– y porque empaña toda la acción de la Junta. De ahí que se haya impuesto la tesis de salir a la ofensiva y pedir que la investigación llegue "hasta el final", sin miedo ni cortapisas. Ayer lunes, el portavoz socialista en la Cámara, Francisco Álvarez de la Chica, refrendaba que su formación no quita "ni un ápice de gravedad" a la causa, enfatizando su confianza en que los responsables acaben "pagando por ello". Y si se probaran, agregó, "responsables políticos" en el ámbito judicial, el PSOE procedería a cortar cabezas. 

Por eso duele menos que se impute a Viera. También porque, aducen, él ya ha perdido todo peso orgánico. No es ya el secretario general de la todopoderosa agrupación sevillana, y ahora todo el mando en ella lo tiene una mujer de la máxima confianza de Griñán, Susana Díaz, quien ya en 2011 pidió "perdón" por el escándalo. Viera es hoy un simple diputado en el Congreso, que está casi "desaparecido", según reconocen en el PSOE provincial. 

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¿Y si imputan a Viera, qué pasa? No hay una opinión colegiada aún, pero dirigentes de peso en el aparato creen que en ese momento el partido debería pedirle su baja como parlamentario. "Claro que todo esto lo complica lo que ha pasado con Pepe Blanco". El exministro de Fomento, acosado por el caso Campeón, ya adelantó solemnemente que no dejaría su escaño en el Congreso hasta que el Supremo no abriera juicio oral contra él. Posición de fuerza validada por Ferraz. 

La acusación del exconsejero de Empleo depende, no obstante, de la propia Alaya. Y si no lo ha hecho ya, sostienen fuentes socialistas, es porque se resiste a perder el caso. Inhibirse a favor del Supremo significaría no poner el broche a una investigación que lleva desde 2009 dando vueltas por su juzgado. Por el momento, la jueza decidió ayer lunes prorrogar un mes más el secreto de sumario que pesa desde el pasado 6 de noviembre, informa Europa Press. Se lo había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para así poder investigar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos presuntamente desviados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. 

A la espera de los siguientes movimientos judiciales, la expectación se cernirá sobre las explicaciones que Griñán dé ante el pleno del Parlamento andaluz. Una comparecencia que, auguran en la cúpula regional, debería marcar "un punto y aparte" en el caso ERE.