"Nosotros no nos hemos marchado nunca del Estado federal. Algunos ahora hablan algo del Estado federal, bienvenidos sean". La expeditiva afirmación, de Cayo Lara, resume el sentir que cunde en Izquierda Unida respecto a la propuesta de España federal del PSOE. No se fía, no gusta, no se la cree. La formación de izquierdas sostiene que su propio planteamiento es más ambicioso y auténticamente "federal", "con mayúsculas", como subrayó ayer viernes el coordinador.
Y, sin embargo, el texto aprobado por el Consejo Territorial de los socialistas el pasado 6 de julio en Granada y el documento que este sábado validará IU en su Conferencia sobre el Modelo de Estado llevan el mismo apellido, federal. Bajo un mismo adjetivo se amparan dos concepciones de la izquierda de una España mucho más descentralizada, con competencias más delimitadas, con elementos comunes –la defensa de la igualdad de derechos, por ejemplo–, pero también con evidentes y profundas diferencias: el derecho a decidir (que IU defiende y el PSOE no), la derogación del nuevo artículo 135 de la Constitución (que IU ansía y el PSOE quiere complementar) o el recambio de la monarquía por la república (que IU persigue y el PSOE no se plantea).
Lo primero que cabe preguntarse es el porqué. Qué razones llevan a una formación y a otra a plantear una revisión del modelo actual. "Ha llegado el momento de llenar los vacíos, precisar lo que quedó impreciso, actualizar lo que ha quedado obsoleto y corregir lo que ha demostrado ser disfuncional o simplemente no ha cumplido adecuadamente su papel", elevar una alternativa a la "tentación centralista" (del PP) y la "tentación secesionista" de los soberanistas catalanes, argumentó el PSOE en su Declaración de Granada.
IU, como ayer indicaba Lara en rueda de prensa, también quiere ofrecer un documento que emerja como solución frente a las posiciones "recentralizadoras" del Ejecutivo y las pretensiones "independentistas". Pero también considera que la "mayoría social" debe alzar su voz contra las "políticas neoliberales" y el "secuestro de la democracia". Ello conduce al combate a medidas como la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada por PSOE y PP en el verano de 2011, y que impone un techo al déficit y a la deuda. O a iniciativas de profundización democrática. Con estos mimbres arranca una conferencia monográfica hoy, con 1.200 enmiendas al texto base, de las que se prevén aceptar "un 85%", según uno de los ponentes, Joan Josep Nuet, coordinador de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA, la marca catalana de IU) porque "enriquecen, mejoran y amplían" el borrador original, aunque sin variarlo sustancialmente. De las 180 restantes, la dirección quiere transaccionar "unas 60" y rechazar las demás.
Una propuesta que enlaza con 1996
El PSOE enhebró su Declaración de Granada después de que los soberanistas redoblaran su apuesta y en paralelo a la acogida que el PSC hizo del derecho a decidir. A partir de septiembre de 2012, comenzó un proceso de diálogo con las federaciones que culminó en la cumbre de julio del año pasado. Un giro estratégico, la defensa del federalismo, que hasta entonces el partido no había desarrollado, como tampoco había planteado una reforma constitucional de alcance.
IU, en cambio, reivindica sus credenciales. En 1996, IU aprobó su documento de modelo de Estado federal –cuyo borrador redactó el andaluz Luis Carlos Rejón–, en los tiempos de Julio Anguita, que se actualizó someramente bajo el mandato de Gaspar Llamazares. Ese texto de 1996 es el que ha servido como base de la ponencia que este sábado se discutirá en el hotel Convención de Madrid.
Por eso Lara presumió de la historia de la federación, como hacen otros destacados dirigentes, de cómo ya alertó hace años del "agotamiento" del sistema nacido de la Transición, de su "crisis de legitimidad". "No tiene credibilidad la propuesta del PSOE, que de congreso en congreso saque a relucir la palabra federal. Su propuesta no tiene credibilidad en los labios de Alfredo Pérez Rubalcaba", resaltaba a infoLibre Ramón Luque, secretario ejecutivo de Acción Política y Electoral de IU.
La definición acabada que de España hacen PSOE e IU es, de entrada, divergente. La federación de Lara, al apellido federal, suma estos otros adjetivos: Estado republicano, plurinacional, solidario, democrático y participativo y laicorepublicanoplurinacionalsolidariodemocrático y participativolaico. Los dos primeros calificativos no son compartidos por los socialistas.
El cambio que propone IU, mucho más rupturista que el del PSOE, parte de un proceso constituyente completo, una construcción casi de cero del Estado aunque, transitoriamente, quepa una "reforma constitucional" en un primer momento, toda vez que ese proceso constituyente "no se puede hacer de la noche a la mañana", como reconoce Nuet. Los socialistas sugieren, sin embargo, una modificación de la Carta Magna de 1978. Una reforma profunda, que toca varios palos, pero reforma.
Una diferencia radical es la asunción del derecho a decidir. IU lo abrazó definitiva y públicamente en mayo pasado, en un acto conjunto con EUiA y sus socios de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), y ahora lo traslada a su documento. Ese punto, según Nuet, no ha suscitado controversia interna. De entre las 1.200 enmiendas presentadas al texto que se debatirá hoy, "no las hay en relación con que se elimine el derecho a decidir, como tampoco las hay que apuesten por la independencia directa".
Mayorías cualificadas
Pero además la federación tiene una concepción más amplia del citado derecho a decidir, que alcance "además de a los ciudadanos en cuanto habitantes de un territorio [el derecho de autodeterminación puro], a los ciudadanos en cuanto poseedores de derechos democráticos y sociales". IU quiere, pues, un "Estado de alta intensidad democrática", en el que "más que preguntar a los ciudadanos", se trata de entregarles "la capacidad de decidir mediante consultas populares", en el que se construyan los presupuestos "de manera participada" o en el que más que "defender los derechos de los ataques del marcado", se erijan los "diques de resistencia juntos, en igualdad de condiciones".
IU, por descontado, defiende la consulta catalana –EUiA, junto con ICV, es una de las fuerzas promotoras del referéndum previsto para el 9 de noviembre–, porque "el derecho a convivir es algo que no se puede imponer por la fuerza", en palabras de Lara. Pero también entiende que la secesión no puede producirse con una mayoría absoluta del 51%. Se necesitarían "mayorías cualificadas", como adelantó ayer Lara, porque no se entendería que votase a favor de la independencia un 51%, con una abstención, por ejemplo, del 50%, puesto que cifras tan ajustadas sólo alimentan la confrontación y las fracturas. Nuet no cree que hoy, en el debate, salgan porcentajes exactos, umbrales a partir de los cuales se debería proceder a la segregación, pero sí unas "reglas del juego mínimas", la necesidad de "mayorías reforzadas" y de "un marco de estabilidad", ya que no tiene sentido que "haya referéndum de autodeterminación todos los años, porque eso sería una salvajada".
El reconocimiento del derecho a decidir por parte de IU impone otra distinción radical: esa nueva España con la que sueña IU contempla dos escalones de poder básicos. Uno, el Estado federal, Dos, los Estados miembros o unidades federadas, con soberanía, una atribución que el PSOE no recoge, puesto que no plantea una modificación del artículo 2 de la Constitución, que especifica que la soberanía emana del conjunto del pueblo español. Los socialistas no incorporan el rótulo de "Estado plurinacional" que quiere IU. Tan sólo dice que la nueva Constitución reflejará la denominación que de cada comunidad hagan sus respectivos estatutos. La formación de Lara, por añadidura, cree en un Estado federal asimétrico.
Senado y descentralización de la Justicia
El PSOE, como IU, sí recogen en sus textos la necesidad de recoger las "singularidades" de los territorios, los hechos diferenciales. La federación, no obstante, sí profundiza en la necesidad de "enraizar" el "plurilingüismo" en todo el Estado, como un patrimonio clave del país.
La federación de Lara dedica un capítulo amplio a la descripción del "Estado democrático y participativo". Una república que contemple, entre otros, la introducción de los referendos vinculantes –también los que sirvan para derogar leyes–, la exigencia de plebiscito para "cualquier reforma constitucional a petición de un cierto número de electores", la rebaja de firmas necesaria para presentar una iniciativa legislativa popular, una reforma electoral proporcional, la opción de revocar a los cargos públicos o la "transparencia absoluta" de todas las instituciones públicas. En el caso del PSOE, para hallar los aspectos de profundización democrática, por los que también aboga (no los mismos que IU), hay que acudir al documento de la Conferencia Política, celebrada el pasado noviembre. Esto es así porque Ferraz disoció las cuestiones puramente territoriales (que llevó a Granada) del resto de propuestas (que se aprobaron en la Conferencia).
Ambas formaciones de izquierda apuestan por la fórmula de Parlamento bicameral. Y, a la hora de dibujar el nuevo Senado, fortalecido con más competencias propias, también dejan cabos sueltos. Ni el PSOE ni IU optan por el modelo de senadores elegidos por los gobiernos –al estilo Bundesrat alemán– o por los parlamentos regionales.
Asimismo, tampoco cierran ni PSOE ni IU la descentralización de la Justicia. Los dos la quieren, y los dos afirman que puede contemplarse la creación de Consejos de Justicia autonómicos –creados a imagen y semejanza del Consejo General del Poder Judicial–, pero no lo pintan como condición indispensable.
El Tribunal Constitucional juega el papel, para IU, de "salvaguarda del pluralismo", encargado de los recursos de amparo, del control de constitucionalidad de las leyes y de la resolución de los conflictos de competencias. Lara ayer se mostró de acuerdo en recuperar, como quieren PSOE y PP, el recurso previo de inconstitucionalidad, para evitar que se repita la situación del Estatut, que tras ser incluso refrendado por los catalanes en 2006, fue mutilado por el TC cuatro años más tarde. "Nos ahorraríamos muchos problemas, no me parece que sería una mala medida", aseguró.
Los dos documentos apuntan algunas claves de la financiación autonómica y local, siempre en un marco de mayor equidad y eficiencia, y garantizando la cohesión y el bienestar social. Ninguno despliega un sistema de financiación completo, como es obvio. La Declaración de Granada recoge, a petición del PSC, el principio de ordinalidad, que persigue que las comunidades no pierdan posiciones en el ranking tras aportar a la caja común. Lara, por cierto, apoyó la publicación de las balanzas fiscales, pero más importante es conocer las "balanzas sociales". "Hay un incremento de la pobreza, el paro, las empresas que están despidiendo con beneficios, las privatizaciones en educación o sanidad. Esas son las balanzas sociales que hay que publicar para descubrir el daño que han hecho las políticas neoliberales del PP y PSOE en alianza con CiU", rubricó.
El apoyo básico en la "igualdad" de derechos
Aní echa raíces un punto clave en el texto de IU: la defensa de la "igualdad" de derechos. Que cualquier ciudadano en cualquier territorio tenga los "mismos derechos básicos fundamentales", como glosó Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y otro de los ponentes de la conferencia, que ayer compareció con Lara. La "igualdad" es otro de los aspectos nucleares en la propuesta socialista. El coordinador, no obstante, volvió a reprobar a Rubalcaba: no se puede "aplaudir la Constitución cada 365 días y violarla los otros 364", pues en la Carta Magna actual hay derechos que no se cumplen, a juicio de la federación.
Uno de los elementos que vendrían a reforzar la "igualdad" para los socialistas sería la aprobación de un 135 bis. O sea, que aparte de preservar el equilibrio presupuestario, se garantice la "estabilidad social", de forma que se asegure un nivel de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales y pensiones) y sea un mandato "imperativo" en la distribución de los recursos del país. Y para apuntalar la convergencia territorial, para que se reduzcan las diferencias de desarrollo entre CCAA, el PSOE sugirió la creación de un Fondo de Solidaridad.
IU, en cambio, es partidaria de derogar directamente el nuevo 135, "que permita volver a colocar los intereses de la gente antes que los intereses de los mercados".
Cayo Lara asegura que el conflicto territorial es en realidad lucha de clases
En definitiva, según la lectura de IU, el del PSOE es una "propuesta federal hecha desde Madrid, como una carta otorgada, mientras que la de la federación está construida desde abajo, con la que se que quiere cautivar a los pueblos de España ofreciéndoles un proyecto avanzado donde las identidades se expresen de forma libre pero donde predomine ese proyecto federal conjunto", opina Nuet. El dirigente catalán cree que los socialistas, con su Declaración de Granada, simplemente "gesticulan" para no quedarse "atrapados", cuando lo que debe hacer, a su juicio, es "mirar a la izquierda".
"Nosotros no nos hemos marchado nunca del Estado federal. Algunos ahora hablan algo del Estado federal, bienvenidos sean". La expeditiva afirmación, de Cayo Lara, resume el sentir que cunde en Izquierda Unida respecto a la propuesta de España federal del PSOE. No se fía, no gusta, no se la cree. La formación de izquierdas sostiene que su propio planteamiento es más ambicioso y auténticamente "federal", "con mayúsculas", como subrayó ayer viernes el coordinador.