El PSOE propone que el Gobierno central negocie con la Generalitat de Catalunya los 46 puntos planteados por el president Carles Puigdemont a Mariano Rajoy en abril de 2016 como vía para desatascar la situación con Cataluña. Esas demandas, a su vez, tienen origen en otro documento de 23 reivindicaciones que el anterior jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, hizo llegar a Rajoy en 2014. De momento no han tenido respuesta, y los socialistas creen que se pueden explorar acuerdos en todos los apartados salvo en uno: el referéndum, que "no tiene cabida ni en el orden constitucional ni en el derecho internacional" y no serviría tampoco para resolver el actual conflicto.
Esta propuesta forma parte de la ponencia política elaborada de cara al 39º Congreso Federal socialista, un texto que ha coordinado el diputado vasco Eduardo Madina, que se presentará en un foro en Madrid este próximo sábado y a cuyo adelanto ha tenido acceso infoLibre [ver en PDF]. Este primer documento de 19 páginas —la versión final rondará las 120— se ratifica en lo que respecta a Cataluña en el contenido de la Declaración de Granada, aprobada por el PSOE en 2013, y apuesta por el diálogo y la reforma constitucional.
Los socialistas siguen por tanto rechazando el referéndum de independencia porque ni es legal ni solucionaría nada. "Sí se lograría encauzar el conflicto —contraponen— mediante la celebración de un nuevo pacto de convivencia", por lo que "la reforma constitucional resulta mucho más útil y constructiva". La ponencia celebra los "atisbos" de diálogo que se aprecian en "sectores del PP y del Gobierno" y "los gestos" de "determinados ámbitos independentistas", y propone "abonar el espacio de encuentro" ante la "fatiga" del procés.
El documento elaborado por encargo de la gestora propone por tanto dialogar sobre 45 de las 46 demandas de la Generalitat de Catalunya al Estado, que versan sobre política social, fiscal y financiera, el modelo de financiación, posibles invasiones competenciales del Estado y traspasos pendientes a la administración catalana. Igualmente plantea "restaurar los elementos de autogobierno dañados desde la sentencia del Estatut", que data de 2010, aprobar una Ley de Lenguas e iniciar el camino a la reforma constitucional con una subcomisión en el Congreso.
Reforma de la Carta Magna
Esos cambios en la Constitución, en lo relativo al conflicto territorial, pasarían —como ya planteó la citada Declaración de Granada [ver en PDF]—, por incluir el nombre de las comunidades autónomas y el régimen de cooficialidad de las distintas lenguas, reformar el Senado para que sea una "auténtica Cámara de representación territorial", "clarificar y mejorar" el reparto competencial, reconocer "las singularidades de nacionalidades y regiones", y reflejar en la Carta Magna "los elementos esenciales" de un nuevo sistema de financiación, donde se cuidaría el respeto al principio de ordinalidad.
Habría más novedades. El PSOE quiere, por ejemplo, que el derecho a la salud, la seguridad social y la protección de los servicios socialista tengan carácter de derechos fundamentales, así como "garantizar mejor el derecho a la vivienda", aunque no se precisa cómo. También consolidar la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar la preferencia del varón en el orden sucesorio a la Jefatura del Estado, así como "actualidad" el principio de neutralidad religiosa —nuevamente no se concreta la fórmula— y "contemplar expresamente" el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
La ponencia política pide igualmente facilitar la iniciativa legislativa popular y modificar el proceso de investidura para que "no puedan repetirse nunca más situaciones de bloqueo" como las ocurridas tras las elecciones del 20D y el 26J, y que finalmente acabaron con la abstención socialista para dejar gobernar al PP. Por último, el texto se abre a "ampliar" el artículo 135 de la Constitución, cuya reforma fue muy polémica en la recta final del mandato de Zapatero. El PSOE quiere ahora "incorporar un principio de estabilidad social complementario del principio de estabilidad presupuestaria" para garantizar que, "incluso en situaciones de crisis", los servicios y prestaciones sociales tengan una financiación "suficiente y adecuada".
Derecho a desconectar del trabajo
Además de los capítulos sobre Cataluña y la reforma constitucional, el avance de la ponencia política del PSOE desgrana propuestas sobre la sociedad digital, la Unión Europea y los refugiados. Y, en el primero de esos capítulos, señala que los socialistas están dispuestos a "abrir camino al reconocimiento de un derecho necesario" en la actualidad, como el "reconocimiento a vivir desconectado del trabajo".
El documento aboga además por hacer una "apuesta decidida" por herramientas que permitan a los ciudadanos un papel más activo en la elaboración de leyes y en los procesos deliberativos, como presupuestos participativos y consultas populares, así como por elaborar una Constitución de Ciudadanía Digital que amplíe los derechos que regula la actual Ley de Transparencia y contemple también cuestiones como el derecho al olvido o la neutralidad de la red.
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Sobre política europea, destaca que las inversiones no deberían computar en el déficit de los estados, reclama un aumento de la inversión pública y privada y de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, y plantea la necesidad de fortalecer la unión bancaria. Además, pide que se apruebe una legislación europea sobre el salario mínimo, de modo que el SMI se acerque en cada Estado miembro al 60% del sueldo medio local. La ponencia socialista señala igualmente, en material laboral, que el partido defiende "la completa derogación de la reforma laboral del PP".
El texto, por último, incluye un capítulo dedicado a los refugiados. Exige al Gobierno que cumpla las cuotas de acogida ya comprometidas y señala que, en el futuro, los compromisos de acogida del Estado español deberían ser "acordes con su peso real" en la Unión Europea. "La convivencia en Europa se juega contra el populismo antimigratorio. Somos conscientes de que la inmigración se ha convertido en un arma electoral poderosa de la ultraderecha y de que ese voto antimigratorio procede también de espacios sociales de la izquierda política, pero los socialistas no podemos incurrir en un cálculo electoral cuando se juegan principios de nuestro ideario", avisa el documento.
Por todo ello, se reclama "una nueva política internacional de inmigración" basada en la "cooperación con los países de origen" y en el "control de fronteras exteriores" y la "ordenación de la emigración", siempre respetando el cumplimiento de "los derechos recogidos en las convenciones internacionales".
El PSOE propone que el Gobierno central negocie con la Generalitat de Catalunya los 46 puntos planteados por el president Carles Puigdemont a Mariano Rajoy en abril de 2016 como vía para desatascar la situación con Cataluña. Esas demandas, a su vez, tienen origen en otro documento de 23 reivindicaciones que el anterior jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, hizo llegar a Rajoy en 2014. De momento no han tenido respuesta, y los socialistas creen que se pueden explorar acuerdos en todos los apartados salvo en uno: el referéndum, que "no tiene cabida ni en el orden constitucional ni en el derecho internacional" y no serviría tampoco para resolver el actual conflicto.