El PSPV-PSOE se enfrenta a su segundo escándalo en tres meses

El PSPV-PSOE se enfrenta a su segundo escándalo de presunta corrupción en apenas unos meses. Este miércoles, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvieron al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, junto a otras cinco personas vinculadas a los socialistas o a Compromís por la supuesta contratación irregular de varios altos cargos de esos dos partidos en la empresa pública Divalterra. El PSOE ha suspendido de sus cargos a Rodríguez e incluso el número tres del partido, José Luis Ábalos, ha pedido su dimisión. Pero llueve sobre mojado en la federación valenciana de los socialistas, que el pasado mes de marzo se vio sacudida al revelarse que la financiación de su campaña de 2007 –junto a la del Bloc Nacionalista Valencià, el partido mayoritario de Compromís– estaba siendo investigada por posible financiación ilegal.

El escándalo saltaba este miércoles por la mañana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informó del arresto de Rodríguez y otras cinco personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras las denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y por Ciudadanos. Rodríguez y su equipo estarían implicados en la contratación de siete altos cargos cuyos nombramientos no pasaron por el consejo de administración de Divalterra, sino que se habrían producido a dedo.

Las diligencias son secretas, por lo que se conocen pocos detalles de una operación que amenaza con llevarse por delante al presidente de la Diputación y que también salpica a Compromís. Pero la reacción más repetida en el PSPV-PSOE durante la mañana del miércoles era la de sorpresa. El vicesecretario general de la federación valenciana, Manuel Mata, apostó por esperar a que se conozcan más detalles de la investigación para actuar, pero también se mostró sorprendido de que la policía haya desplegado "un operativo así" solo por "unos contratos irregulares".

Y es que la actuación de la UDEF no se ha limitado a las detenciones. Durante todo el miércoles, los agentes han registrado tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Ontinyent –del que Rodríguez es alcalde–, así como la sede de Divalterra y los domicilios de los arrestados. "Deben estar buscando otra cosa, pero no lo sabemos", se planteó Mata, que afirmó que realizar un contrato para una empresa pública sin concurso "puede ser irregular, puede ser prevaricación, pero por eso la gente no va a la cárcel". "Entiendo que debe ser [un asunto] importante cuando se produce una detención con una puesta en escena así", lamentó por su parte Ábalos.

Lo que teme el PSPV-PSOE es que las irregularidades vayan más allá de los contratos a dedo para altos cargos. Durante el miércoles, varios medios han informado de que la justicia se encuentra investigando otras actividades de la Diputación de Valencia potencialmente delictivas. Según El Mundo, el juez que instruye el caso quiere saber si los detenidos desviaron a sus partidos dinero obtenido de contrataciones supuestamente ejecutadas por un sistema al margen de la legalidad, por lo que la trama podría alcanzar a la adjudicación de obras y servicios.

Así las cosas, el PSOE mantuvo al principio la cautela, aunque a lo largo del día evitó respaldar a Rodríguez y, al filo de las 21.30, anunció la suspensión del dirigente de todos sus cargos. Ábalos ha sido el más duro y ha tachado de hecho "lamentable" y "vergonzoso" la detención del presidente de la Diputación, del que ha dicho que no puede seguir en su puesto dada la "aparatosidad" de su arresto. Por su parte, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, había asegurado previamente que la formación aplicará su código ético, que establece únicamente que un cargo público debe dimitir cuando se le abra juicio oral.

La investigación sobre la financiación

Pero la investigación destapada este miércoles no es el único escándalo al que ha tenido que hacer frente el PSPV en los últimos meses. El pasado marzo, el Gobierno de la Generalitat Valenciana que comparten los socialistas y Compromís se vió sacudido por la revelación de que tanto el PSOE valenciano como el Bloc Nacionalista estaban siendo investigados por la presunta comisión de delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

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Entre otros asuntos, el foco está puesto sobre seis adjudicaciones públicas otorgadas, por un millón de euros, de manera supuestamente ilegal, al grupo de comunicación que se sitúa en el centro de las pesquisas, Crespo Gomar, y que, supuestamente, facturó servicios electorales a empresas privadas. Esa empresa aparece vinculada a un ex teniente de alcalde de Gandía que era dirigente local del PSPV.

Días después de desvelarse la información, el 18 de abril, el juzgado de instrucción número 21 de València decidió archivar las pesquisas sobre la eventual financiación irregular de las campañas del PSPV-PSOE y el Bloc de 2007. Pese a que consideró constatado que cuatro empresas pagaron 255.140 euros a la empresa Crespo Gomar SL, responsable de los actos electorales de ambos partidos durante las elecciones autonómicas y municipales de ese año, el juzgado señaló que el presunto delito estaría prescrito.

Pero que las pesquisas sobre la financiación de las campañas hayan sido archivadas no implica que la investigación haya finalizado. Actualmente, se encuentran imputadas más de una veintena de personas en el marco de la investigación judicial. Entre los investigados está toda la cúpula del Ministerio de Vivienda durante los años de mandato de la exministra Beatriz Corredor, responsable del departamento con José Luis Rodríguez Zapatero, ya que algunos de los cargos de ese Ministerio podrían haber cometido irregularidades en la adjudicación de un contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012, que pudo terminar sirviendo para financiar irregularmente al PSPV.