La pugna por la hegemonía del independentismo marca la Diada que prolongará la sentencia del 'procés'

Septiembre se adentra en territorio catalán y todas las miradas se vuelven hacia el independentismo, pendientes de que la Diada de este miércoles sirva de termómetro con el que medir la temperatura política dos años después del fracaso del intento de proclamación unilateral de la República de Cataluña.

La política catalana permanece paralizada desde que la justicia española abrió diligencias contra los protagonistas del procés, procésentre ellos sus dos máximos responsables en el Govern, Carles Puigdemont —que permanece huido en Bélgica, desde donde conserva el timón del espacio político neoconvergente— y Oriol Junqueras, en prisión preventiva a la espera del fallo de Tribunal Supremo o de que la justicia europea decida sobre su inmunidad como eurodiputado electo —la vista tendrá lugar el 14 de octubre—, lo que no le ha impedido conservar los mandos de Esquerra Republicana.

El Parlament sigue prácticamente detenido, incapaz de articular mayorías estables. El Govern da muestras cada vez más visibles de su división entre consellers de Junts per Catalunya y de Esquerra y el president, Quim Torra, está a punto de ser juzgado por un delito de desobediencia —desafió una orden de la Junta Electoral que le exigía retirar una pancarta a favor de los presos del balcón del Palau de la Generalitat—. Para colmo, todo indica que los esfuerzos para intentar armar unos presupuestos que pongan fin al limbo en el que están las cuentas públicas catalanas van a fracasar: nadie en la oposición parece dispuestos a llegar a un acuerdo, lo que condena a los catalanes a seguir rigiéndose por los presupuestos de 2017.

En este contexto, y sin que el Supremo haya dictado todavía sentencia contra los acusados del procés, el independentismo teme que el cansancio haga mella en los ciudadanos y se traduzca este miércoles en un mal dato de participación que confirme los últimos datos publicados del Centre d'Estudis d'Opinió —el CIS catalán—, según el cual los ciudadanos contrarios a la independencia han vuelto a superar a los partidarios por primera vez desde junio de 2017.

La Diada de este miércoles ha obligado a Junts per Catalunya y a Esquerra a pasar de puntillas estos días sobre las diferencias de enfoque con las que defienden responder a una sentencia condenatoria del Supremo que dan por descontada. Pero es una tregua circunstancial.

Carles Puigdemont quiere utilizar las movilizaciones del 11 de septiembre para recuperar la iniciativa después de dos años de parálisis. Y aprovechar la presión de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sobre Esquerra para forzar a los de Junqueras a convertir la respuesta social al fallo del Supremo en una movilización social —pacífica y basada en la desobediencia— en la estela del desafío a las autoridades chinas que protagonizan desde hace semanas los ciudadanos de Hong Kong.

Los republicanos, de momento, se resisten, aunque están de acuerdo en que ha llegado la hora de moverse. Respaldados por el buen resultado electoral de abril, mantienen su apuesta por el pragmatismo, hasta el punto de estar dispuestos a facilitar el desbloqueo de la legislatura y la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Están convencidos de que es el escenario más favorable para reanudar el diálogo sobre Cataluña, roto a comienzos de año cuando el Gobierno se negó a incluir en el temario de las conversaciones la organización de un referéndum pactado y reconocido internacionalmente.

Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, dio este lunes un nuevo paso en la apuesta por asumir la realidad del fracaso del 1 de octubre que claramente contradice la lectura que siguen haciendo Torra y Puigdemont. En una entrevista desde Ginebra (Suiza), donde permanece desde que hace año y medio tras huir de España para evitar la acción de la justicia, Rovira reconoció la falta de legitimidad del 1-O. “Si una cosa nos faltó el 1-O es que no tuvo legitimidad interna en Cataluña”. Por eso, defendió, “será necesario volver a pasar por las urnas con un concepto referendario” y ampliar previamente el número de personas que creen que la independencia es la única vía posible para asegurar el futuro de Cataluña.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, confirmó las palabras de Rovira al defender, tras la reunión de la ejecutiva republicana, la necesidad de celebrar un referéndum de independencia pactado con el Estado con el objetivo de “volver a encontrar la legitimidad en las urnas”.

La batalla electoral

Los republicanos se saben los preferidos del espacio político independentista y quieren elecciones. De hecho, esta es la principal discrepancia estratégica que mantienen con Junts, cuyos líderes, conscientes de esa situación, no quieren ni hablar de un anticipo electoral como respuesta a la sentencia del Supremo. Está en juego la Presidencia de la Generalitat, que por primera vez desde la aprobación de la Constitución puede quedar en manos de ERC, precisamente a las puertas de una legislatura en la que el diálogo sobre con el Gobierno central volverá a ser un asunto clave. El propio Junqueras, desde prisión, asumió la voz de ERC para contradecir públicamente a Puigdemont y afirmar, a través de una entrevista, que ninguna persona debería tener “miedo” al voto de los ciudadanos expresado en unas elecciones.

Esquerra aparcó —que no abandonó— la vía unilateral después de la intervención de la autonomía catalana y el encarcelamiento de su líder, hace ahora dos años. Desde entonces, sus dirigentes han evitado cuidadosamente traspasar la línea de la legalidad constitucional a pesar de los numerosos intentos de Junts por desafiarla, lo que no ha impedido a actual president, Quim Torra, exponerse a ser inhabilitado para el cargo, una posibilidad que, de confirmarse, provocará una nueva crisis en el seno del Govern.

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Ambas formaciones viven, además, un debate soterrado de liderazgos pensando en la posibilidad de nuevas elecciones, deseadas o no. En Junts, pendiente todavía del futuro del PDeCAT, la rehabilitación política del expresidente Artur Mas el próximo 20 de febrero —su retirada fue precisamente la que abrió la puerta a Puigdemont—, le pone en el disparadero. De momento se deja querer: ““Hay bastante gente, de manera creciente, que me pide que coja más responsabilidades de las que tengo actualmente, que tengo muy pocas, pero no es menos verdad que este no es mi deseo principal”, declaró este lunes a Rac1. En Esquerra también está pendiente quién asumirá la cabeza de cartel, aunque este caso todo apunta a que el elegido será el actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

Mientras tanto, todos miran de reojo a la ANC, que es, como en años anteriores, la principal responsable de la organización de la Diada y que lleva meses exigiendo a los partidos independentistas —sobre todo a Esquerra— que vuelvan al camino de la ruptura institucional y hagan realidad la república catalana. En esta ocasión la concentración estará presidida por el lema “Objetivo independencia”, comenzará a las 17.14 horas y tratará de llenar los 26 tramos en los que, como en ocasiones anteriores, ha dividido el centro de Barcelona con la intención de dibujar una estrella “de unidad estratégica para lograr el objetivo común de la independencia” visible desde el aire.

Unos y otros, también los partidos contrarios a la independencia, desde Ciudadanos al PSC, aguardan a la sentencia, sobre la que el Supremo sigue deliberando, si bien al presidente de la sala encargada, Manuel Marchena, le gustaría que pudiera notificarse antes del próximo 16 octubre, fecha en la que se cumplen dos años de ingreso en prisión preventiva de los dos primeros enjuiciados que entraron en la cárcel, el diputado suspendido de Junts per Cat Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.