La pugna por la presidencia de las dos salas clave del TS amenaza con bloquear de nuevo el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya tiene sobre la mesa la lista de candidatos a coger las riendas de dos de las salas clave del Tribunal Supremo: la Segunda –la de lo Penal– y la Tercera –la de lo Contencioso-Administrativo–. En cada una de ellas, dos aspirantes. Uno, hombre. El otro, mujer. Y en el horizonte, la amenaza del bloqueo. La mayoría de esos nombres ya fueron puestos sobre la mesa al inicio del nuevo mandato para dirigir el órgano de gobierno de los jueces y el Alto Tribunal. Pero todos decayeron por el veto cruzado entre progresistas y conservadores. Dos bloques que deben ponerse de acuerdo, sí o sí, para que prosperen este tipo de nombramientos discrecionales de la cúpula judicial.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la que más interés ha despertado siempre a nivel político. Al fin y al cabo, es la encargada de instruir y enjuiciar causas de alto voltaje político que afectan a aforados –desde el presidente del Gobierno a altos cargos de la cúpula judicial y fiscal– y quien tiene la última palabra en el sistema de recursos. Prueba de la importancia que se le concede es aquel whatsapp que en 2018 hizo saltar por los aires la renovación del CGPJ y en el que el exsenador del PP Ignacio Cosidó presumía de que el acuerdo alcanzado les iba a permitir controlar "desde detrás" una Sala Segunda que lleva funcionando con una mayoría conservadora desde hace más de dos décadas.
Quien ha llevado las riendas de la Sala de lo Penal durante la última década ha sido el magistrado Manuel Marchena. Accedió a la Presidencia en 2014. Por aquel entonces, era el más joven de la terna de aspirantes, pero eso no impidió que la mayoría conservadora del Poder Judicial le aupase hasta lo más alto. Ahora, tras dos mandatos –el máximo permitido por ley–, deberá dejar la jefatura de la Sala Segunda, que actualmente tiene entre manos investigaciones tan delicadas como la que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un puesto para el que han presentado su candidatura Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer.
El primero, fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), es el más veterano de los magistrados –ocupa, de hecho, el primer puesto del escalafón judicial–. Su edad, sin embargo, le impedirá, en caso de ser finalmente elegido, completar el mandato legal de cinco años al frente de la Sala –deberá jubilarse antes–. Ferrer, por su parte, ocupa el puesto vigésimo quinto en el escalafón y lleva ya una década ejerciendo en el Alto Tribunal –más experiencia que la que tenía Manuel Marchena cuando se convirtió en jefe–. En caso de resultar elegida, sería la primera mujer que se pone al frente de la Sala Segunda del Supremo.
La magistrada, que se descolgó de sus compañeros en la amnistía o en el caso ERE, parte como favorita del bloque progresista. El problema es que es un nombre que no gusta a los conservadores. Este sector, de hecho, ya la rechazó como presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial al considerar que tenía un perfil ideológico muy marcado –forma parte de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia–. Y sin un acuerdo entre ambos bloques del órgano de gobierno de los jueces, no hay nombramiento posible. Al fin y al cabo, estas designaciones tienen que contar con el respaldo de tres quintos del Pleno, trece vocales de los que no dispone ninguno de los dos sectores.
Algo parecido ocurre con la Tercera, de gran relevancia en tanto en cuanto se encarga de resolver los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, del CGPJ o de los órganos competentes del Congreso. Esta sala fue, por ejemplo, la que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado o la que anuló el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Y a presidirla aspiran, durante los próximos años, Pablo Lucas y Pilar Teso. El primero ocupaba en primavera la cuarta posición dentro del escalafón judicial. La segunda, el puesto número once.
Igual que Ferrer, ambos aspiraron a dirigir el nuevo órgano de gobierno de los jueces. Teso era la candidata favorita de los progresistas. Y Lucas, que lleva quince años ejerciendo de manera ininterrumpida el cargo de magistrado de enlace con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el nombre al que se agarraron los conservadores. Este sector defendía que el magistrado era un candidato "de consenso", pero en algunos círculos progresistas su nombre no terminaba de convencer al considerar que había entrado en una deriva contra el Gobierno tras dos intentos frustrados de acceder al Tribunal Constitucional. Una batalla que ahora volverá a revivirse con la Presidencia de la Sala Tercera.
Fuentes consultadas dentro del órgano de gobierno de los jueces aseguran que aún no se ha empezado a hablar "sobre las presidencias". Comenzarán, vaticinan, en las próximas semanas, una vez se hayan abordado otros dos nombramientos internos de relevancia: el del Promotor de la Acción Disciplinaria –encargado de investigar las faltas de los miembros de la judicatura y proponer a la Comisión Disciplinaria o al Pleno las sanciones a imponer– y el del jefe del Servicio de Inspección. Para ocupar el puesto de juez de jueces, se han presentado seis aspirantes: Ricardo Conde (se presenta a la reelección), Raimundo Prado, Alfonso Pérez, Pascual Fabiá, Begoña Fernández y Javier Ballesteros.
Las voces consultadas reconocen que la elección de las Presidencias de Sala del Tribunal Supremo será difícil. "Son candidatos potentes", reconoce una voz dentro del bloque conservador. No obstante, sobre la pugna por la Sala Segunda recuerda que Arrieta cuenta con "mayor antigüedad" que su rival. "En el caso de Teso y Ferrer, va a ser complicado que salgan las dos", asegura.
La paridad
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A todo esto hay que añadir, además, el debate en torno a la paridad. La Comisión de Igualdad del Poder Judicial ha puesto sobre la mesa de la Comisión de Calificación, encargada de informar sobre los nombramientos de altos cargos judiciales, un informe en el que se sostiene que para cumplir con la ley de paridad al menos dos de las cuatro presidencias del Supremo pendientes de renovación deberían ser adjudicadas a una magistrada. "[La presencia equilibrada] no es una mera recomendación, sino un imperativo legal", recoge el documento, que salió adelante con los votos de los vocales progresistas Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado.
El informe no indica en ningún momento qué Presidencias de las que están en proceso de renovación deben ser ocupadas con mujeres, pero plantea un escenario que podría beneficiar a Teso y Ferrer. Además de en la Segunda y la Tercera, también una magistrada aspira a convertirse en jefa de la Cuarta: la progresista Concepción Ureste, que se enfrenta en el proceso de selección a Juan Molins, vinculado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Sin embargo, donde esta regla no podrá ser aplicada es en la Primera, para la que solo se ha presentado Ignacio Sancho. Todos los aspirantes serán convocados próximamente para comparecer ante la Comisión de Calificación.
Dentro del sector conservador, sin embargo, sostienen que dicho documento "no vincula de ninguna manera". "No está elaborado por órganos técnicos", apuntan las fuentes consultadas, que recuerdan que la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, les informó a finales de octubre de que había encargado precisamente al Gabinete Técnico del órgano de gobierno de los jueces un informe sobre cómo se debe cumplir con la regla de paridad en los nombramientos de la cúpula judicial.
