La Sala Penal del Supremo, territorio hostil para los jueces progresistas desde hace más de dos décadas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se prepara para iniciar una nueva etapa. Esta vez, sin Manuel Marchena a los mandos. Tras dos intensos mandatos, soltará a comienzos de diciembre las riendas de la Segunda, como también se le llama, a la que accedió allá por 2007 y que lleva presidiendo los últimos diez años. Su salida –continuará como magistrado raso–, sin embargo, no alterará el juego de equilibrios dentro de una sala clave en el Alto Tribunal. La misma seguirá funcionando con una mayoría de corte conservador. Como lo lleva haciendo desde hace más de dos décadas. Porque la de lo Penal es desde comienzos de siglo territorio comanche para el sector progresista de la judicatura, que lleva desde 1999 sin tener mayoría en la misma.
La Sala Segunda tiene una importancia mayúscula dentro del organigrama judicial. Es la encargada de instruir y enjuiciar causas de alto voltaje político. En concreto, aquellas que afectan a personajes aforados: desde el presidente del Gobierno y los diputados o senadores hasta los altos cargos de la cúpula judicial y fiscal. Fue la que asumió, por ejemplo, la causa del procés. Y la que se acaba de hacer cargo de la investigación que persigue al jefe del Ministerio Público, Álvaro García-Ortiz, por revelación de secretos. Además, es el último eslabón penal, quien tiene la última palabra en causas de gran impacto resolviendo los recursos. Así ocurrió en Gürtel, Nóos o los ERE –si bien luego el Constitucional le corrigió–.
Es, por tanto, una sala a la que los partidos dan una enorme relevancia. Y prueba de ello es aquel whatsapp del exsenador del PP Ignacio Cosidó que en 2018 hizo saltar por los aires la renovación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que iba a presidir el propio Marchena: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [...]. Y además, controlando la Sala Segunda desde detrás". Los magistrados de la misma, como todos los del Alto Tribunal, no atienden a mandatos. Son puestos prácticamente vitalicios, en los que pueden permanecer hasta que se jubilen a los 70 o 72 años, en función de si prorrogan o no su etapa activa al máximo que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La Sala de lo Penal del Supremo hace mucho que no es un reflejo de las mayoría social. Y sólo hay que mirar hacia el pasado para darse cuenta de ello. Desde 1990, el PSOE ha gobernado 20 años y el PP 14. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces se ha tirado mucho más tiempo –en parte por los bloqueos de la derecha a la hora de proceder a la renovación– con una mayoría conservadora que progresista. Y lo mismo ha ocurrido con la Sala Segunda. De los últimos 35 años –de 1990 a 2024, ambos inclusive–, 25 ha estado dominada por la derecha de la judicatura y 10 por magistrados ubicados a la izquierda. Una reconstrucción que este diario ha hecho en base al escalafón de la carrera judicial, los acuerdos de composición de las salas o las memorias anuales del Supremo.
La 'progresista' década de los noventa
Tras unos años ochenta de aplastante dominio socialista en las urnas, la Sala de lo Penal comenzó los noventa con una ajustada mayoría progresista. De los quince magistrados que la integraban el último día de septiembre de 1990, ocho estaban a la izquierda –entre ellos su presidente, Enrique Ruiz Vadillo– y siete a la derecha. Y en esos márgenes se fue moviendo, más o menos, la composición de la Segunda. Si tomamos como referencia el escalafón de la carrera judicial publicado durante todos aquellos años, la mayor diferencia entre sectores la encontramos en el de 1996. A 31 de diciembre de aquel año, de los 14 integrantes de la sala jurisdiccional, nueve eran progresistas y cinco conservadores. Cuatro asientos más.
Pese a la distribución de fuerzas, lo cierto es que la Presidencia de la Segunda no siempre estuvo en manos progresistas en esos últimos compases de siglo XX. A Ruiz Vadillo le sustituyó el conservador Fernando Cotta Márquez de Prado. Y tras un breve periodo con los progresistas José Augusto de Vega y José Jiménez Villarejo al frente, quien cogió las riendas fue Luis Román Puerta, vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura. Fue aupado por el sector conservador del Poder Judicial frente al progresista José Antonio Martín Pallín. Y con él como jefe la Sala de lo Penal llegó al último día de 1999. Entonces, formaban parte de la misma 13 magistrados. Siete, considerados del ala izquierda de la judicatura. Y seis, de la derecha.
Una mayoría conservadora cada vez más aplastante
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Pero con el cambio de siglo varió el juego de equilibrios. Y desde entonces, la Segunda del Supremo ha estado controlada por el sector conservador. Veinticinco años de dominio absoluto que también ha tenido su reflejo en la Presidencia –desde Jiménez Villarejo no ha vuelto a pilotar la sala un magistrado de corte progresista–. Al principio, el reparto de asientos fue más o menos equilibrado. Seis a ocho a cierre del año 2000 o seis a siete a cierre del año 2001. Pero con el paso del tiempo la representación de magistrados ubicados a la izquierda fue menguando. Hasta el punto de que los conservadores llegaron a duplicar, triplicar y hasta quintuplicar a los progresistas en algunos momentos.
Al arranque de 2008, la sala contaba con diez magistrados del primer grupo y cuatro del segundo. Y una década después, a cierre de 2018, la brecha se había incrementado aún más: había cuatro progresistas por doce conservadores. Entre ambos periodos hubo un cambio de Ejecutivo y, después, de mayorías en el Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces se inclinó a la derecha. Una nueva distribución de fuerzas que el PP acompañó de una reforma legal que permitía al CGPJ acordar nombramientos discrecionales –como el de los magistrados del Supremo– por mayoría simple, y no los tres quintos que había puesto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que obligaban a alcanzar acuerdos.
La aplastante mayoría conservadora ha perdurado en la Sala de lo Penal hasta la actualidad. El doce a cuatro se ha mantenido en 2020, 2021 y 2022. Y desde 2023, tras la jubilación forzosa de Miguel Colmenero, el reparto de fuerzas se sitúa en once a cuatro. Esta será la primera vacante que tendrá que cubrir el renovado Consejo General del Poder Judicial, que desde 2018 ha vuelto a la mayoría reforzada de tres quintos para este tipo de nombramientos. Pero no la única. A lo largo de su mandato cumplirán la edad máxima –y deberán jubilarse forzosamente– otros cinco magistrados, todos ellos del considerado sector conservador. Habrá que ver si dicha renovación vuelve a cambiar el juego de mayorías en la Sala tras más de dos décadas.
