Puigdemont pide al juez Llarena que anule las órdenes de detención y se aparte por falta de "imparcialidad"

El abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado este jueves al instructor de la causa del procés independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que desactive las órdenes de detención que pesan contra él y se aparte de la causa "por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad". En el caso de que no lo haga, anuncia un incidente de recusación contra el magistrado, según informa Europa Press. En un escrito de 63 páginas presentado en respuesta a la petición del propio Llarena —tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que reconoció la inmunidad como europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras—, el letrado concreta que deben quedar sin efecto tanto la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión contra Puigdemont como las órdenes europea e internacional de detención emitidas, "por haber sido dictadas sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo".

Reclama igualmente que se anulen" cualesquiera otras medidas cautelares que subsistan" contra el expresident, que se encuentra huido en Bélgica, incluso las acordadas con anterioridad a la adquisición de su condición de diputado al Parlamento Europeo, "por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición".

También pide que se declare por el Supremo que no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad de movimientos del líder independentista huido y, finalmente, que se decrete el sobreseimiento libre de la causa, "por no resultar los hechos por los que viene perseguido mi defendido constitutivos de delito alguno".

Defiende su inmunidad como europarlamentario A lo largo del documento, el abogado Gonzalo Boye recuerda que en diferentes escritos ha venido sosteniendo que desde el momento de la proclamación de candidatos electos por la Junta Electoral Central, esto es, el 13 de junio de 2019, su cliente habría adquirido la condición de diputado al Parlamento Europeo, de modo que está protegido por las inmunidades reconocidas en el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea.

Se trata de la misma postura que ha reconocido el TJUE en el caso de Junqueras, por lo que según esta parte la posición adoptada en todo este tiempo tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como por el juez instructor del caso es "insostenible". Duda además el abogado de Puigdemont de la imparcialidad de Llarena por el hecho de que mantenga un contencioso civil con su cliente en Bélgica que aún está pendiente de resolverse.

A su juicio, tras la sentencia del TJUE, el mantenimiento de las órdenes de detención que aún pesan sobre Puigdemont "puedan obstaculizar la libertad de un miembro del Parlamento Europeo, sin la previa obtención de una autorización para ello" de la propia Eurocámara, y "ninguna duda puede caber al respecto".

Añade además que este tipo de suplicatorios, por la naturaleza de la medida que se pretende, "sólo se podrán conceder con carácter sumamente excepcional, pues la situación de prisión provisional de un parlamentario resulta, en la práctica, incompatible con el ejercicio del cargo electo representativo".

El escrito alude igualmente a la Constitución Española, cuyo artículo 71.2 dispone que durante el período de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, lo que según la defensa de Puigdemont no puede ser aplicado a su caso.

Los antecedentes del alcalde de HB y de Ruiz Mateos

Como antecedentes, el letrado cita dos casos: el del dirigente de HB Ángel Alcalde Linares, quien en 1989 quedó en libertad al obtener la inmunidad que le dio obtener escaño en el Congreso —si bien aprovechó esta circunstancia para huir—; y el del empresario, José María Ruiz Mateos.

En este caso, ya había tenido comienzo el juicio oral en el momento de la proclamación de Ruiz-Mateos como diputado al Parlamento Europeo, y los tribunales que hasta aquel momento venían conociendo la causa levantaron las medidas privativas de libertad "siguiendo, por cierto, el criterio del Ministerio Fiscal", apunta Boye en su escrito.

"Pues bien, estos precedentes ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, que procede el levantamiento de la medida cautelar de prisión provisional como consecuencia de la proclamación como diputado al Parlamento Europeo" de Puigdemont, subraya su defensa.

El mantenimiento de una orden europea de detención respecto de un parlamentario europeo, sin la previa autorización del Parlamento Europeo, abunda el abogado, "es absolutamente incompatible con el buen funcionamiento del Parlamento Europeo, lo que vulnera a su vez el principio de cooperación leal" que establece el Tratado de la Unión Europea.

Recuerda igualmente que el Parlamento Europeo celebra sesiones periódicas tanto en Bruselas como en Estrasburgo, "de modo que la vigencia de una orden europea de detención en esos dos Estados miembros, sin la previa autorización del Parlamento Europeo, resulta absolutamente incompatible con la buena marcha del trabajo parlamentario e, incluso, con el normal funcionamiento del sistema de orden europea de detención".

En otro momento de su informe, Boye recuerda que "ni las autoridades de ejecución de Bélgica, ni las de Alemania, ni tampoco las de Escocia", en los tres procesos de orden europea de detención a los que se han visto incursos tanto Puigdemont como otras personalidades políticas catalanas en esta misma causa, han entendido necesario ingresarle en prisión preventiva.

"Y ello incluso en momentos en que ni siquiera debían ponderar la condición de diputados al Parlamento Europeo que, en aquel momento, todavía no había adquirido", como sucede en estos momentos con la exconsejera huida en Escocia Clara Ponsatí.

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"Esto no es una guerra", dice a los fiscales

En alusión a los cuatro fiscales del caso, la defensa del expresident dice "entender las angustias existenciales que la actual situación genera en los representantes del Ministerio Fiscal", a los que recuerda que "pueden olvidar que esto no es una guerra sino una discusión jurídica ante un órgano jurisdiccional que ha de velar por la correcta aplicación del Derecho, incluido naturalmente el Derecho de la Unión".

"No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros", concluye el letrado.