¿Qué querían silenciar al colarle droga en la furgoneta al ecologista Juan Clavero?

No encajaba. ¿Juan Clavero, en líos de drogas? Desde el principio sonó raro. Lo primero que se supo del caso fue lo que comunicó Ecologistas en Acción en Cádiz, que denunció públicamente una "burda trampa" contra el histórico activista, al que la Guardia Civil había encontrado más de 40 gramos de cocaína en la furgoneta, lo suficiente para una condena penal. Estaba detenido por un supuesto delito contra la salud pública. Pasó la noche del sábado 26 de agosto en el calabozo antes de declarar ante el juez en Ubrique. ¿Juan, en líos de drogas? No podía ser. De inmediato se desencadenó un aluvión de reacciones políticas (salidas del ámbito de la izquierda) de apoyo a Clavero. Hasta alcaldes con los que Clavero ha tenido sus más y sus menos por sus reivindicaciones ecologistas le mostraron su apoyo. No, imposible. No podía ser. Y no era. Alguien colocó deliberadamente la droga en la furgoneta de Juan cuando éste había concluido una ruta, a su vez preparatoria de una marcha mayor, por la Sierra de Grazalema, donde Clavero lleva más de diez años denunciando obstinadamente la ocupación de vías pecuarias y caminos públicos por parte de propietarios de fincas privadas. Ahí es donde ha terminado residiendo el quid del caso, no en la droga aparecida.

¿Quién tendió la trampa? ¿Por qué? A la primera pregunta aún no hay respuesta oficial. Es obvio, eso sí, que le salió el tiro por la culata. La figura de Clavero se ha agigantado, su activismo en defensa de los caminos públicos ha cosechado una renovada repercusión. Ha salido a relucir su trayectoria: licenciado en Geografía e Historia, catedrático de Biología, Premio Andalucía de Medio Ambiente en el año 2002, ex director del Parque Natural de Grazalema. Clavero, curtido en el trato con los medios, aprovecha el altavoz que le brinda la situación para señalar las múltiples interrupciones al libre tránsito en los caminos de la Sierra de Grazalema, con especial énfasis en uno entre Prado del Rey y El Bosque, "usurpado y cerrado" por una finca privada, sin que el Ayuntamiento de El Bosque –asegura– sea capaz de revertir la situación. Con el impulso de la atención despertada, diversos colectivos preparan una marcha para el día 8 de octubre calcando la que realizaron en agosto. Su objetivo es, una vez puesto en el foco el problema, atravesar sin una sola molestia cañadas, coladas, vías pecuarias y cuanta zona de tránsito público se les ponga por delante. ¿Habrá ese día vallas y candados? Clavero llevará una sentencia del TSJA de 2014 que ratifica la inscripción en el registro de Grazalema de un camino de Benamahoma a Zahara.

En paralelo, un juzgado de Ubrique investiga el caso, que ya no es el caso de la droga sino el caso de la trampa. "Podría haber un delito de falsa denuncia y otro de tráfico de drogas, eso para empezar", señala Clavero, que apostilla: "Hace falta dinero para comprar 47 gramos de cocaína. Son 6.000 euros de droga". La mañana del día en que Clavero fue detenido, un desconocido pidió subirse a la furgoneta al término de la marcha. Según el ecologista, puso la droga en su vehículo con el objetivo de incriminarlo. No le cabe en la cabeza otra posibilidad. "Al término de la marcha, nos dijo: '¿Puedo ir con vosotros y me dejáis en un bar de El Bosque, que allí me van a recoger? Soy amigo de los ecologistas de Jerez'. Muy parco, no habló demasiado", cuenta Clavero. En cierto momento, antes de llegar al bar, pidió que le dejaran bajar: "Párame aquí, me bajo". Sin más. Poco más adelante la Guardia Civil dio el alto al vehículo. Clavero asegura que tiene constancia de una grabación desde la cámara de una sucursal bancaria que captó lo que pudo ser la llamada del falso aviso a la Guardia Civil.

El caso se ha complicado, pero no para Clavero. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado las "calumnias" vertidas contra el cuerpo policial, en referencia al relato de Clavero sobre lo ocurrido. El ecologista expresa sus suspicacias sobre la actuación de la Guardia Civil, a la que frecuentemente acusa de ponerse del lado de los propietarios de las fincas en sus encontronazos con éstos cuando reclama el paso por las vías públicas. Asegura que los agentes le dijeron que lo habían parado en un control rutinario, aunque el atestado recoge que hubo una llamada anónima. De entre los diversos propietarios de fincas que ocupan caminos públicos en la zona, Clavero desconfía especialmente de uno, pero no dispone de pruebas que lo vinculen con la trampa. Insistirá.

Sobre la segunda pregunta acerca de la trampa –¿por qué?– da una pista contundente el juez de Ubrique (Cádiz) que sobreseyó el caso el 15 de septiembre. En su auto el juez aludía a las continuas denuncias de Clavero "contra diversos propietarios de tierras que [...] ocupan coladas y demás vías pecuarias que son de uso público". "Estas constantes actividades son puestas en conocimiento de la opinión pública mediante marchas y otros actos multitudinarios que, como cabe esperar, generan la lógica molestia de los titulares de las fincas afectadas", apunta el juez. "El hecho de ser tan conocido su activismo, unido al hecho de que las actuaciones se inician por ser una denuncia anónima, ya conducen a pensar que estamos ante un posible modo de tratar de menoscabar el nombre, la reputación y las actividades del denunciado", añadía el auto.

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Amenazas e insultos

Ya tenemos un porqué, según el auto. Situar fuera de juego a un activista molesto, el principal referente del ecologismo andaluz en la denuncia de la ocupación irregular de vías pecuarias –de competencia autonómica– y caminos públicos –de competencia local–. A primera vista, no tiene las trazas de una causa épica. Pero no es un tema menor. Ni fácil. "Muchas veces nos amenazan, nos insultan, nos impiden el paso. Y nos encontramos con la desidia de las administraciones", explica Gaspar Corbacho, de la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, que ve ahora la oportunidad de aportar mayor relieve al problema. "Con esto se ve que son una mafia pura y dura", añade. Normalmente los ecologistas trabajan este tema lejos de los focos, en zonas solitarias donde los propietarios tienen la sartén por el mango: las verjas, los candados, los guardias... Asociaciones como Ecologistas en Acción apenas tienen el recurso de una nota de prensa de denuncia cuando se produce algún enfrentamiento. No es inusual. Vías pecuarias y caminos públicos han sido utilizados desde antaño por la población de la Sierra de Grazalema, con usos originales que se anclaban en la trashumancia y que hoy se han diversificado. Una valla con candado es un contratiempo y, si aparece un guardia que no accede a abrir, puede haber roces. En El Bosque y Benamahoma ha habido diversos altercados con guardas de las fincas que intentan impedir el paso.

En Andalucía hay 24.105 kilómetros de vías pecuarias, de los que están deslindados 9.500, algo más de un tercio, explica Juan Gervilla, secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz. En dicha provincia hay 3.442 kilómetros de vías pecuarias, que en superficie suman 17.000 hectáreas, por encima del 2% de la superficie de Cádiz. La Junta trabaja estableciendo prioridades de deslinde. Su próximo objetivo es llegar a deslindar 1.500 kilómetros en Cádiz, al tiempo que se afana en atender denuncias, abrir expedientes y adecentar vías. Sólo hay cien agentes de Medio Ambiente en la provincia; insuficientes, según el propio Cervilla, para las dimensiones de su tarea, que abarcan mucho más que el cuidado de las vías pecuarias. Menos recursos aún tienen los ayuntamientos para detectar, inscribir y mantener expeditos sus caminos públicos. Clavero es de los que se los conoce al dedillo. Y cree que precisamente eso, una población local informada, sería el principal problema de quienes pretenden restringir el paso.