Rajoy incumplió la legislación cuando fue registrador en Santa Pola

En los últimos 32 años, solo hubo dos en los que Mariano Rajoy no simultaneó su puesto de registrador titular de la propiedad con el desempeño de algún cargo público. Ese bienio comenzó el 29 de noviembre de 1987 y expiró el mismo día de 1989. Y fue justamente en esos dos años cuando el hoy presidente del Gobierno incumplió el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, que obliga a los registradores en ejercicio a vivir en la ciudad donde tengan su plaza. Esa ciudad es la alicantina Santa Pola, donde Rajoy mantiene bajo su mando desde 1987 el único registro que atiende a los casi 34.000 habitantes del municipio, más del doble de los que allí vivían hace 26 años.

Para Santa Pola, se creó un segundo registro en 2007. Pero el Ministerio de Justicia lo dejó en suspenso en febrero junto a otros 54 de todo el país, de forma que el de Rajoy vuelve a ser el único que hasta 2015 gestionará todas las escrituras, certificados, anotaciones de embargo y demás trámites registrales de la localidad.

El presidente difícilmente pudo residir en Santa Pola a tenor de su ajetreada agenda interna en la convulsa AP gallega de la época, defenestrada de la Xunta y rota tras la moción de censura que en septiembre de 1987 y con el apoyo de un sector de exdirigentes del partido había aupado al PSOE al Gobierno regional.

El 21 de noviembre de ese año, ocho días antes de que solicitase al Ministerio de Justicia su reincorporación al servicio activo como registrador, comenzó el congreso provincial de AP que devolvió a Rajoy la presidencia del partido en Pontevedra. Seis meses después, el 22 de mayo de 1988, se convertía en secretario general de AP en Galicia, es decir, en el número dos.

El cotejo de los textos legales con la intensa actividad política desarrollada por Rajoy entre 1987 y 1989 presenta como una hipótesis hercúlea la de que residió de forma permanente en Santa Pola, situada a 1.052 kilómetros de Pontevedra. El 29 de noviembre de 1989, y ya con un acta de diputado al Congreso que jamás volvió a perder –en 1986 obtuvo una pero la entregó a los pocos meses para ser vicepresidente de la Xunta-, Rajoy pidió de nuevo excedencia por servicios especiales con reserva de plaza.

Pese a que los hechos indican que Santa Pola fue solo estación de paso para Rajoy, su “sustituto” desde 1990 se ha esforzado por demostrar lo contrario. En una entrevista publicada por ABC el 14 de noviembre de 2011, Francisco Riquelme, quien en marzo de 1990 se convirtió en “sustituto accidental permanente” de Rajoy y así sigue 26 años después, explicó así por qué su amigo y líder del PP eligió Santa Pola: a Rajoy “le atraía mucho el Mediterráneo”.

Bajo el titular “De Santa Pola a La Moncloa”, el rotativo había elegido el siguiente subtítulo: “Durante su etapa como registrador de la propiedad, Rajoy conoció de primera mano la realidad de Alicante”. De los cinco inmuebles que, según su declaración de bienes, ha ido adquiriendo Rajoy justamente a partir de 1987, dos se localizan en Pontevedra, otros dos en Madrid y el quinto, en Canarias. El Atlántico está presente por partida doble. El litoral Mediterráneo ni aparece. 

El 17 de febrero de este año, y de nuevo en otra entrevista publicada por el mismo diario, Riquelme abundaba en la idea. “En Santa Pola, viviría mejor que en Moncloa”. El “sustituto accidental permanente” ofrecía esta vez detalles sobre el asentamiento de Rajoy en ese municipio, ubicado a 20 minutos de Alicante y donde su población se multiplicó por 2,5 entre 1987 y 2012, al pasar de 13.347 habitantes a 33.965. “En aquellos años, cuentan, se alojaba en el hotel Gran Sol de Alicante”.

Aquellos años eran el bienio 1987-1989. Y quien se alojaba en el hotel Gran Sol era Rajoy. No se sabe quién lo cuenta, aunque el episodio aparece precedido por el relato de Riquelme sobre cómo Rajoy y él se conocieron mientras preparaban las oposiciones a registrador.

En esta ocasión, el subtítulo de la entrevista es un entrecomillado del sustituto accidental Riquelme: «Cuando fue elegido diputado, pidió que se lo arreglaran para que nunca pudieran sacarle los colores».

El sustituto de Rajoy se refiere a su elección para el Congreso en 1989, no a la de octubre de 1981, cuando obtuvo un escaño en el Parlamento gallego y pidió de inmediato acogerse al precepto que le permitía cobrar como cargo público y como registrador. A partir de su toma de posesión como diputado autonómico en 1981, el líder conservador continuó simultaneando retribuciones hasta que el 3 de diciembre de 1985 pasó, esta vez sí, a servicios especiales. Esa es la excedencia que posibilita a los funcionarios con cargo público mantener reserva de plaza pero que les impide percibir dos sueldos.

sin sanciones para el incumplimiento

El artículo que impone la residencia forzosa en el lugar donde se ubica el registro, el 548 del Reglamento Hipotecario, pertenece al mismo decreto que permitió a Rajoy cobrar como registrador a la vez que como cargo público al menos hasta finales de 1985. El artículo 548 resulta todo lo inequívoco que la enrevesada y confusa legislación hipotecaria puede ser: “Los Registradores residirán en la capital del registro, y sólo podrán ausentarse de ella en los días no feriados y durante las horas de oficina, cuando hubieren obtenido licencia de la Dirección, prórroga del Ministro de Justicia o nombramiento para desempeñar alguna comisión o agregación de las autorizadas por la Ley o por este Reglamento”.

Al utilizar el término “capital”, el precepto se refiere al municipio donde se encuentre el registro, sea o no capital de provincia. El vocablo aparece, por ejemplo, referido a la misma localidad de Santa Pola en el decreto de 2007 por el que se creó el segundo registro del municipio, el número 2. Su existencia ha sido más que efímera, sobre todo si se la compara con la longevidad del Reglamento Hipotecario, aprobado en 1947, en pleno franquismo, y solo modificado de manera parcial. El registro número 2 de Santa Pola se extinguió tras la orden dictada el pasado 9 de febrero por el Ministerio de Justicia, cuyo titular es Alberto Ruiz-Gallardón, y que hace desaparecer de un plumazo una cincuentena de registros de la propiedad. Las zonas urbanas y rústicas que, por su situación geográfica, correspondían al número 2 de Santa Pola quedan ahora bajo la batuta del Registro número 1. Es decir, aquel cuya titularidad sigue perteneciendo a Mariano Rajoy.

¿Entraña algún riesgo de sanción el incumplimiento del artículo que obliga al registrador a residir en la ciudad sede del registro y le prohíbe ausentarse salvo motivos tasados? Los expertos consultados por infoLibre no recuerdan ni un solo expediente disciplinario por ese motivo. “Muchos viven en otra ciudad y van dos o tres días para firmar”, explica una fuente. En la legislación hipotecaria no hay una sola línea que hable de sanciones por incumplimiento de la obligación de residir en la ciudad donde el registrador tiene plaza.

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La Ley Hipotecaria, norma de la que emana el Reglamento Hipotecario, enumera las razones por las que un registrador puede ausentarse de su plaza sin el riesgo de incumplir lo legislado. En el listado de motivos de ausencia justificada no consta el de atender las responsabilidades políticas contraídas por el registrador.

Lo que dice el artículo 288 de la ley es que se les autoriza a abandonar la plaza si deben entregar los fondos recaudados siempre que dejen al sustituto al cuidado del registro. También se les permite irse si obtienen licencia, susceptible de concesión “por el plazo máximo, en cada año, de dos meses”, siempre que el presidente de la Audiencia –o sea, un juez- correspondiente entienda que “media causa justa”.

Este incumplimiento legal por parte de Rajoy se suma a otros hechos desvelados por infoLibre: que tardó más de 15 meses en adaptarse a la Ley 30/1984 que modificó el régimen de la función pública; que según la documentación que figura en su expediente cobró de forma irregular durante esos 15 meses del Registro de Berga (Barcelona); que, al menos mientras la ley se lo permitió, decidió cobrar por partida doble como político y registrador, y que el expediente con su historial de registrador fue enviado a un "archivo de seguridad" secreto en 2001, por decisión del Gobierno de Aznar del que Rajoy formaba parte.