Rajoy liquida a las ‘familias’ del PP y entrega la política a los tecnócratas

A lo largo de la historia del Partido Popular han existido diferentes familias políticas: unas mismas siglas, unos mismos principios. Pero varias corrientes, por lo general en torno a una persona. Con Mariano Rajoy en la presidencia han ido reduciéndose de forma significativa. El gallardonismo se eclipsó hace una semana con el abandono de la política de su protagonista, el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El aznarismo apenas tiene exponentes: los fieles al expresidente no tienen poder, se han retirado o se han convertido al marianismo. Algo de peso mantiene todavía el aguirrismo, que vivirá su prueba de fuego las próximas municipales y autonómicas en Madrid. Es, a día de hoy, el principal contrapoder a la línea oficial. Este sido un proceso lento, que cobró fuerza a partir de junio de 2008, cuando Rajoy fue reelegido presidente del PP en el XVI Congreso Nacional que se celebró en Valencia en junio de 2008. Paralelo a este proceso, el líder de la derecha se ha ido rodeando de perfiles técnicos, gran parte de ellos funcionarios de carrera

El ahora presidente del Gobierno llegaba al cónclave de Valencia fuertemente debilitado y con una derrota electoral a sus espaldas en las generales de marzo que nadie en las filas conservadoras se esperaba. Fueron muchos los dirigentes que aprovecharon la ocasión para dejarse ver, para amagar con candidaturas alternativas a la oficial. Pero nadie se atrevió a dar el paso al comprobar que, pese a debilitado, no contaban con más apoyos que su jefe.

Por el camino, se bajaron del proyecto María San Gil, expresidenta del PP vasco y referentes del partido como José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones y víctima de ETA. Aunque San Gil tenía corriente propia entre los conservadores de Euskadi –los sangilistas, entre los que se contaba a Santiago Abascal, Carmelo Barrio, Regina Otaola o Nerea Alzola– la exlíder de la formación que hoy lidera Arantza Quiroga había sido uno de los referentes del aznarismo. Todavía hoy ambos mantienen una buena relación.

Aznar, en su calidad de presidente de honor del PP, tuvo un espacio reservado en el XVI Congreso Nacional del PP. Todavía hoy resuena en las cabezas de muchos dirigentes conservadores su discurso, extremadamente duro, contra Mariano Rajoy. "Nosotros tenemos que ser el partido en el que confíe la mayoría de los españoles. No el partido que gustaría a nuestros adversarios", llegó a decir. El enfado de los marianistas fue mayúsculo. A su entender esta no era la forma de aterrizar en un acto de partido en el que el único candidato a seguir presidiéndolo había tenido una etapa precongresual tan dura. La derecha mediática también había contribuido lo suyo. Sobran ejemplos de ello estos años en la hemeroteca del diario El Mundo, con Pedro J. Ramírez a la cabeza y en los archivos sonoros de la cadena Cope en la época del locutor Federico Jiménez Losantos.

El efecto contrario

Paradójicamente, todo ello contribuyó a que algunos sectores del partido cerraran filas en torno al presidente reelecto. "Será una cuestión típica de los expresidentes, pero cuando tu partido ha sufrido un golpe como el que sufrimos nosotros en marzo de 2008 y sólo una persona llega como candidata a un congreso, no se puede llegar a leer la cartilla a todo el mundo erigiéndote en defensor de los principios y valores como si hubiera dos PP: el bueno y el malo", reflexiona un diputado sobre la actitud del ahora presidente de FAES.

El aznarismo ya venía tocado. Tras las generales de 2008 tocó reestructuración del Grupo Parlamentario y el líder del PP decidió rodearse de gente más joven, algunos de ellos fontaneros de partido, gente con la que había trabajado los años anteriores en la sede de la madrileña calle de Génova. Su máximo exponente era la hoy vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Por el camino quedaron Ángel Acebes, Eduardo Zaplana o el diputado Ignacio Astarloa, hombres muy vinculados a Aznar. Este último renunció a ocupar un puesto en la dirección nacional del PP en pleno congreso del partido y, hasta hace unos meses, ha sido diputado. Dejó su escaño para presidir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Se da la circunstancia de que es el órgano al que ha ido a parar Alberto Ruiz-Gallardón tras su marcha de Justicia.

Jaime Mayor Oreja, también muy vinculado al expresidente y uno de los máximos exponentes del denominado sector duro del partido –los más conservadores– optó por mantenerse del lado de Mariano Rajoy como portavoz del partido en el Parlamento Europeo. Aguantó hasta el pasado enero, cuando pactó con Mariano Rajoy emitir un comunicado en el que anunciaba su intención de no volver a concurrir a unas europeas como cabeza de lista. Su jefe de filas no se lo había pedido. Pero, por si acaso, le despejaba el camino en un momento en el que el partido se debatía entre darle una nueva oportunidad o apostar por otro candidato más identificado con la nueva etapa que arrancó a partir del XVI Congreso. Al final, el elegido fue Miguel Arias Cañete, un hombre que, como Rajoy, también estuvo en los gobiernos de Aznar, un "pata negra" del PP –como se conoce a los que tienen su origen en Alianza Popular (AP)– pero que es bien visto por el grueso de la militancia. "Se ha sabido adaptar a los cambios", considera uno de sus compañeros.

El fin político de la mujer de Aznar

Hay en el PP quien cree que mucho de lo que ha ocurrido con Ana Botella, alcaldesa de Madrid, tiene que ver con esta batalla, más o menos soterrada, de familias en el PP. Hace casi un mes la heredera de la vacante que dejó Ruiz-Gallardón al marcharse a ocupar su escaño en el Congreso de los Diputados y el puesto de ministro de Justicia, anunció en rueda de prensa, tras pactarlo con Rajoy, que esta iba a ser su última legislatura en el Ayuntamiento de Madrid.

La regidora anunció su marcha cansada de los continuos rumores sobre la candidatura municipal para mayo de 2015, unos rumores que Génova ha sido incapaz de frenar, y también cansada del poco respaldo que ha encontrado en el partido en general y en el PP de Madrid en particular. En su entorno creen que en ocasiones, la formación a la que pertenece se ha cobrado en ella algunos "ajustes de cuentas" con su marido. No obstante, tampoco se siente muy cómoda en la primera línea de un partido que ha dado la espalda a Aznar. Muestra de ello fue la presentación de su último libro en el que la representación gubernamental se limitó a José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el seno del PP de Madrid, Botella ha comprobado la fuerza del aguirrismo. Una corriente, radicada en la capital, en torno la presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre. Una vez que la lideresa, como ella se definió a sí misma, se apartó dejando la presidencia de la Comunidad en manos de Ignacio González, la alcaldesa fue vista como el enemigo interno a batir. Los fieles a la expresidenta, y ella misma, creen que el broche de oro a su carrera política está en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. Y en este juego, la mujer de Aznar sobraba.

¿El fin del aguirrismo?

Ahora, con Botella fuera de la partida, el próximo en mover ficha ha de ser Mariano Rajoy. En sus manos está poner fin al aguirrismo o dar la batalla por el control de las listas del PP de Madrid y el de la formación regional.

Los aguirristas insisten en que siguen siendo una corriente muy fuerte que no se limita al Gobierno regional y al grueso del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, sino que va mucho más allá. "Gobernamos en gran parte de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Tenemos el respaldo de todos los alcaldes", advierten a Mariano Rajoy.

Hubo un día en el que la relación de Aguirre, Aznar y Botella fue excelente. Ha sido esta batalla por el control de Madrid la que hizo que todo se enfriase, según interpretan en la formación. Uno de los momentos más complicados llegó con la tragedia del Madrid Arena, que se llevó por delante la vida de cinco adolescentes. La presidenta del PP de Madrid llegó a criticar en una reunión interna de partido la actuación de la alcaldesa. Todo ocurría después de que la propia Botella firmase en contra del desmantelamiento del hospital de La Princesa, promovida por gnacio González, delfín de Aguirre.

Aguirrismo vs. gallardonismo

El aguirrismo no se entiende sin el gallardonismo.

aguirrismogallardonismo Durante los años en los que Aguirre y el exministro de Justicia coincidieron gobernando Comunidad y Ayuntamiento, respectivamente, ambos utilizaron estas instituciones como plataforma de lanzamiento de su futuro político. Eran otros tiempos. Mariano Rajoy no estaba tan fuerte. No había ganado unas elecciones por mayoría absoluta y el futuro de PP estaba tan abierto que expresidenta y exalcalde se veían con fuerzas para llevar a su formación al palacio de la Moncloa.

Tras una sonora bronca con Mariano Rajoy en los meses previos a la elaboración de las listas de las generales de 2008 –Aguirre y el exalcalde querían dar el salto a la política nacional– el ya exministro abrió un periodo de reflexión sobre su futuro. Un amago más con dejar la política que en esta ocasión no se consumó. Fue hace un par de semanas cuando dio el paso atrás definitivo al asegurarse de que su jefe, el hombre que puso en sus manos la reforma de la ley del aborto, había decidido enterrar el anteproyecto por miedo a la rebelión interna suscitada en el PP y por miedo a que sea un elemento más en su contra en las próximas citas electorales de 2015. 

La reforma de la ley del aborto ha supuesto una transformación en la percepción, no sólo social, sino también puertas adentro del PP de Gallardón. Durante su años en el ayuntamiento se forjó un perfil más moderado que la media de sus compañeros de formación. Era el "verso suelto", como se llegó a bautizar. Tenía tirón y sus compañeros recurrían a él como reclamo en las campañas electorales. Así ocurrió, por ejemplo en las autonómicas vascas y gallegas de 2009, cuando el PP empezaba a agitarse por los escándalos de corrupción. No pocos en el PP le veían muy bien ubicado en la parrilla de salida en el supuesto de que Rajoy no aguantara el tirón. Y así siguió viéndose en algunos sectores después de que ganaran las generales. "Si Rajoy caía por los pésimos datos económicos y por el escándalo de los papeles de Bárcenas, ahí seguía él", reflexiona un dirigente regional.

Ahora, son dos mujeres las mejor ubicadas para el proceso de sucesión de Mariano Rajoy: su mano derecha en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Los procesos de sucesión en las direcciones regionales de Andalucía y País Vasco han sido ya testigos de esta batalla. De momento, van empate. La vicepresidenta logró ubicar a su candidato, Juan Manuel Moreno, en Andalucía. Y en Euskadi, Quiroga logró prescindir de Iñaki Oyarzábal como número dos. Una operación que contaba con el visto bueno de la secretaria general.

Un Gobierno de funcionarios

Paralelo a este proceso del que se han ido cayendo perfiles muy políticos, Rajoy ha apostado por rodearse de perfiles muy técnicos. Es lo que algunos en el PP llaman "un Gobierno de funcionarios y de abogados del Estado". El propio Rajoy es registrador de la propiedad. Su mano derecha, abogada del Estado, como muchos de sus cargos de confianza. Y su último nombramiento, el del sustituto de Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá, va en esta línea. Un perfil técnico de un hombre vinculado a la Administración desde 1988. Bajo perfil político. Muy en la línea de lo que quiere Rajoy. Y del círculo de máxima confianza del presidente en tanto que procede del Ministerio de Fomento, en manos de Ana Pastor, una de las ministras a las que más escucha el jefe del Ejecutivo.

Nacido en Madrid  en 1961, Catalá es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985, un funcionario de carrera. 

En este tipo de nombramientos llueve sobre mojado en el PP. Dirigentes del partido llevan meses quejándose en privado de cómo el Gobierno está convirtiéndose en un coto privado sólo apto para funcionarios. Una de las razones que esgrimen como prueba, además de la del perfil de los fichajes, es la de la nueva regulación del alto cargo de la Administración General del Estado que pretende aprobar el Gobierno antes de enero de 2015.

Todavía en fase de enmiendas en el Congreso, refuerza a los trabajadores públicos limitando el fichaje de personal no funcionario. 

Esta crítica viene sustentada en el artículo 2.6 del mencionado proyecto de ley. Reza como sigue: "El nombramiento de los subsecretarios y secretarios generales técnicos que presten sus servicios en la Administración General del Estado deberá realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el subgrupo A1. Esta disposición es también de aplicación al nombramiento de los directores generales, salvo que el real decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional". Es decir que, a priori, el acceso a los puestos de director general están reservados para funcionarios de carrera.

La ley anterior que regulaba estas cuestiones, la ley 5/2006 de 10 de abril de 2006 no fijaba ningún tipo de restricción para el acceso a un puesto de director general.

Puerta giratoria más engrasada

Otro punto negro de esta ley tiene que ver con la forma en la que se concibe el paso de la actividad pública a la privada, y viceversa. Es el proceso denominado como puerta giratoria. Y que no pasó inadvertido para el Consejo de Estado.

En su dictamen, fechado el 6 de febrero de 2014, el Consejo de Estado observa que el artículo 15, referido a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, presenta una redacción bastante menos restrictiva que la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, cuando la ley anterior, en su artículo 8, sostenía que "durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado", la que el Gobierno pretende aprobar sostiene lo siguiente: "Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".

A juicio del Consejo de Estado, en la redacción del punto anterior "se aprecia cierta reducción del ámbito objetivo de aplicación de la limitación respecto de la prevista en el artículo 8 de la ley 5/2006, que dispone que tal limitación opera respecto de empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado, concepto que resulta materialmente más amplio que el proyectado". Es decir, que para los políticos, la vuelta a la actividad privada va a ser más fácil a partir de ahora si el texto que ha llegado al Congreso no recibe ninguna modificación al respecto en este punto.

"Gallardón tiene un minijob de 1 hora a la semana"

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Gestores, sí. Pero también políticos

Frente a este escenario, cada vez son más las voces en el PP que reclaman a Rajoy que emplee lo que resta de legislatura para "hacer política". Para dejar que lo social robe terreno a lo económico. 

"Hemos caído en la trampa de presentarnos como buenos gestores, como solucionadores de la crisis económica dejando a un más a un lado lo social. Hemos caído en la trampa de lo que llamamos la 'superioridad moral de a izquierda'. Es hora de hacer algo más de política, de reivindicar nuestro legado. De no permitir que nos digan que hemos arruinado lo público. De contar al ciudadano lo que hemos hecho alejado de las cifras. Plantando cara. No huyendo", reflexiona un miembro de la dirección nacional.